En los programas que los grandes partidos han presentado para concurrir a las elecciones generales del próximo 20 de diciembre hay unas líneas que se repiten: hay que reformar la financiación autonómica. Pero la ambigüedad y la falta de propuestas son la nota dominante en todos ellos.
Las comunidades autónomas no han conseguido nunca cerrar con un déficit inferior al tope fijado por Hacienda. Y, al menos según lo que dice la Airef, no lo harán tampoco ni en 2015 ni en 2016. Las previsiones del supervisor fiscal indican que las comunidades prácticamente duplicarán el 0,7% del PIB exigido para este año y podrían triplicar el 0,3% fijado como techo para el próximo ejercicio.
¿Qué le pasa a la Seguridad Social que no hace más que engordar su agujero presupuestario a pesar de la mejoría del empleo? Los últimos datos del Ministerio de Empleo son preocupantes: registró un déficit de 5.337 millones de euros hasta octubre, a pesar de la mejoría que ha experimentado el empleo en el último año y medio. Estos datos contrastan con las cifras del sistema al inicio de la legislatura: en octubre de 2011, justo antes de las elecciones generales de aquel año, la Seguridad Social registraba un superávit de 5.610 millones. ¿Qué ha ocurrido en estos cuatro años?
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cree que cumplir el objetivo de déficit de 2015, situado en el 4,2% del PIB, es alcanzable, aunque no ha dado por seguro su cumplimiento debido a las desviaciones de las comunidades autónomas y la Seguridad Social. En este contexto, algunos se extrañaron de la merma recaudatoria que podía suponer la última rebaja del IRPF pero el ministro parece más preocupado por las elecciones del 20-D que por las advertencias de Bruselas.
En estas semanas de precampaña electoral, uno de los mantras más repetidos por Mariano Rajoy, y por varios dirigentes del Gobierno y del Partido Popular, es "hemos sido el Gobierno más reformista de la democracia". El tiempo dirá si esto es así o no, pero lo que sí que parece cierto es que ha sido el que más fácil lo ha tenido: el acuerdo con Bruselas a cambio del rescate financiero incluía como condicionantes buena parte de las reformas que todos los expertos recomendaban a España. Pero, más allá de la del sistema de pensiones y de algunas instituciones laborales, Rajoy ha huido de todo ánimo reformista.
Para las empresas y familias españolas, contraer un crédito fue más que sencillo en los primeros años del siglo XXI, pero ahora parece que reducir la deuda es un reto complicado. Las primeras prácticamente triplicaron su deuda entre 2001 y 2009, cuando llegaron a superar los 1,27 billones de euros, según los datos del Banco de España.
Con la campaña para la Lotería de Navidad, conviene recordar que, un año más, quienes ganen un premio de más de 2.500 en este sorteo volverán a tener que "compartirlo" con Hacienda. Y lo mismo en 2016, ya que, a pesar de que el gravamen a los premios de lotería se iba a aplicar sólo en 2013 y 2014, va camino de perpetuarse a pesar de la mejoría de la recaudación fiscal.
Hace casi cuatro años, cuando Rajoy acababa de aterrizar en La Moncloa, acuñó uno de los lemas que le han acompañado a lo largo de la legislatura: la "herencia recibida", ese déficit galopante que obligó a una subida del IRPF nada más tomar posesión y esa economía en declive que necesitaba despertar.
Algunos datos muestran una cierta recuperación del mercado inmobiliario: los precios han dejado de caer y empiezan un tímido repunte, el sector vuelve a contratar y las hipotecas también salen del ostracismo de los últimos años, con una ligera relajación de las condiciones para conceder préstamos. Pero, ¿realmente se está iniciando una recuperación del ladrillo o es simplemente que se está normalizando?
Ya empezamos a conocer los presupuestos de muchas comunidades autónomas para el próximo año y también, como apuntan algunos expertos, empezamos a barruntar que, un año más, incumplirán el objetivo de déficit. Pero este incumplimiento no será un obstáculo para que los gobiernos regionales vuelvan a elevar su gasto no financiero. Según los datos facilitados por las diez autonomías que han presentado sus cuentas (o su techo de gasto), su presupuesto subirá un 2,68% frente al de este ejercicio.