El agujero en las cuentas de la Seguridad Social provocado por la crisis del coronavirus Covid-19 ya supera las ayudas que enviará la Unión Europea a través del fondo europeo de ayudas al desempleo (Sure). En concreto, la elevada factura por estas prestaciones -que se ha disparado a más del doble en el primer semestre- y la caída en las cotizaciones suman un total de 22.320 millones de euros, mientras que el Sure solo tiene previsto enviar a España 21.300 millones.
La Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac) alerta de que el nuevo texto refundido de la Ley Concursal, que hoy entra en vigor, no evitará el cierre de muchas empresas tras la crisis del coronavirus. Aunque reconoce que "es un buen comienzo", subraya que la normativa aún deja varios aspectos sin regular y exigen que el texto establezca la figura del administrador concursal.
La Unión Europea endurece desde este martes los requisitos de calidad y la independencia en la homologación y los ensayos de los vehículos, con multas que pueden llegar hasta los 30.000 euros. Bruselas aumentará así los controles de los automóviles que ya están en el mercado, tras reforzar el sistema general con una mayor supervisión europea.
El Consejo General de Economistas (CGE) ha alertado hoy de que los rebrotes del coronavirus Covid-19 alejan la recuperación de la economía española y amenazan las cifras de crecimiento del tercer trimestre. "La recuperación esperada se está viendo amenazada por los rebrotes de la pandemia, que están surgiendo en todo el país, y que podrían acelerarse en septiembre con el comienzo del curso escolar y con la falta de medidas homogéneas en las distintas Comunidades Autónomas, que generan incertidumbre", señala en un comunicado.
La habilitación parcial del mes de agosto para la celebración de vistas y el transcurso de plazos procesales entre los días 11 y 31, como parte del plan para recuperar el tiempo perdido durante el confinamiento en pleno estado de alarma -incluida en el real decreto-ley aprobado por el Gobierno el pasado 28 de abril-, ha causado un gran malestar entre abogados y procuradores, que mostraron desde el principio su oposición al considerar que se estaba vulnerando su derecho al descanso. El inicio de ese periodo hábil la pasada semana ha generado además las críticas tanto del Consejo General de la Abogacía como de diferentes Colegios de Abogados al constatar que la medida, lejos de resolver los problemas, está causando perjuicios a los profesionales de la Abogacía.
Legisladores, abogados, jueces y funcionarios de prisiones recibieron ayer el apoyo de expertos de la ONU para asegurarse de que las personas con discapacidad puedan utilizar los sistemas de Justicia de todo el mundo con la misma facilidad que cualquier otra persona, de conformidad con las normas internacionales.
Los datos económicos desmienten al Gobierno, que asegura que la recuperación económica por la crisis del coronavirus está cerca. La pérdida del turismo, el colapso del PIB, el desplome del empleo y una deuda pública disparada han tumbado los indicadores de confianza económica europeos, que en el resto de países muestran ya una mejoría.
La inteligencia artificial hace aparición ya en otras jurisdicciones. Un grupo de mediadores australianos ha creado una herramienta online con inteligencia artificial para solucionar divorcios sin necesidad de acudir a los juzgados. En concreto, la aplicación está diseñada para descongestionar la elevada carga de asuntos que la jurisdicción civil soporta en el país.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó en pleno confinamiento durante la primera oleada de la pandemia que el estado de alarma era la única arma con la que contaba el Estado para luchar contra el virus. "No hay Plan B", aseguró. Sin embargo, desde la oposición y las comunidades autónomas opinaban lo contrario, con extensos informes jurídicos que así lo avalaban y proponían diferentes reformas legales.
La Comisión Europea está harta de que España escurra el bulto. Bruselas ha llevado al Tribunal europeo la nula sensibilidad del país con los damnificados por sus normativas contrarias al Derecho europeo. El Ejecutivo comunitario considera que España no asume la responsabilidad patrimonial -es decir, las indemnizaciones- cuando sus inventos legislativos son tumbados por la Justicia europea.