El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó en pleno confinamiento durante la primera oleada de la pandemia que el estado de alarma era la única arma con la que contaba el Estado para luchar contra el virus. "No hay Plan B", aseguró. Sin embargo, desde la oposición y las comunidades autónomas opinaban lo contrario, con extensos informes jurídicos que así lo avalaban y proponían diferentes reformas legales.
Dio lo mismo. A la vuelta de sus vacaciones y con un moreno envidiable, un Sánchez sobrepasado por los rebrotes volvió a su estado de alarma. Pero esta vez lo puso "a disposición" de los presidentes autonómicos. No vaya a ser que toque asumir alguna responsabilidad sobre el asunto.
Poco caso hizo el presidente. El mismo día que anunciaba su plan estrella, nueve presidentes de comunidades autónomas rechazaban su idea de pasar la responsabilidad política de las medidas a las regiones.
Moncloa aún no ha dicho una palabra sobre alguna posible reforma legal que dé herramientas a las autoridades para controlar el virus sin vulnerar derechos fundamentales. "Eso ya tal", como diría su antecesor.
Tiene cierta lógica que en la lucha contra el coronavirus no haya 17 respuestas diferentes
Este mismo jueves se lo recordó el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Su nueva propuesta es una nueva ley orgánica de salud para facilitar la gestión de la pandemia. A su juicio, es fundamental un texto legal que permita decidir "con rapidez" las medidas que son necesarias "en cada caso, cada lugar y cada territorio". Incluso aseguró que ya tienen un borrador muy avanzado antes de precisar concretas cuestiones como las decisiones que puede tomar un presidente autonómico sin necesidad de ratificación judicial y las que sí la necesitarían, toda vez que se atañen, ha reconocido, a "derechos fundamentales". Todo ello en una intervención en la que ha rechazado que se den "17 respuestas diferentes".
Lo cierto es que tiene cierta lógica que en la lucha contra el coronavirus no haya 17 respuestas diferentes en función del lugar de España al que golpee la enfermedad.
La propia vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, comentó durante el estado de alarma que la legislación ordinaria, que invocaba el PP como una alternativa a la excepcionalidad constitucional no es suficiente, tal y como está ahora mismo, para acompañar la desescalada, por ello, reiteró en diversas ocasiones que, una vez culminada la transición, sí creía que necesitará un nuevo campo de actuación para poder combatir futuras epidemias.
¿Comisión de reconstrucción?
Una de las principales conclusiones de la ya olvidada Comisión de Reconstrucción es la necesidad urgente de "elaborar un calendario de reformas legislativas ante un posible rebrote del Covid-19 o cualquier otra epidemia", pero el calendario no se podrá empezar a plantear hasta que se reanuden las sesiones en el Parlamento en el mes de septiembre y no se hará por Real Decreto-Ley, sino que deberá ser tramitado con el tiempo que ello pueda conllevar y, lo que es más importante, después habrá que modificar las leyes sanitarias y cuantas se consideren necesarias.
Sin embargo, a día de hoy no se habla de impulsar ninguna reforma legislativa. En Moncloa solo hablan de quién asume los estados, o estaditos, de alarma.
