Ahora que estamos en plena campaña del IRPF y que los temas relacionados con el fraude fiscal aparecen con más frecuencia en los medios de comunicación, resulta oportuno hacer unas consideraciones actualizadas sobre el delito fiscal.
Desde hace un tiempo, con el término “corrupción” ya no designamos tanto lo que degrada o estropea los objetos que se corrompen por el paso del tiempo, la humedad, etc., sino la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de las organizaciones públicas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores y sus amigos o familiares.
Los fondos y ayudas públicas con que se pretende paliar los efectos de la crisis sanitaria por el Covid-19, así como la concesión de los fondos Next Generation UE, están planteando problemas importantes que conviene analizar.
La doctrina que separa el mero incumplimiento civil del delito, en relación a las deudas impagadas, es bien conocida. Pero su aplicación al caso, no siempre resulta tan sencilla. En esta ocasión, esa es la cuestión, ya que la Audiencia condenó por el impago de unos pagarés, en tanto el Tribunal Supremo, absuelve. Veamos, lo sucedido.
La posibilidad de ejercer acciones civiles y penales de forma separada, da lugar a problemas de fijación de indemnizaciones en dichos órdenes. El asunto que hoy traemos a esta Lupa sobre el Derecho Penal Económico, un caso de doble venta, es un ejemplo elocuente de ello.