Abascal reclama que se acepten parte de sus exigencias en la negociación
Abascal reclama que se acepten parte de sus exigencias en la negociación
2019 ha empezado con una sorprendente noticia para el sector farmacéutico: Bristol Myers Squibb (BMS) ha anunciado la compra de Celgene por unos 74.000 millones de dólares.
Como si de un sueño recurrente se tratara, España abre un nuevo año con viejos vicios: prorrogando los Presupuestos Generales del Estado. Se trata de una situación que se viene repitiendo año tras año durante la presente legislatura, desde que las Elecciones Generales de 2016 dieran pie a la mayor fragmentación parlamentaria que se recuerda en la historia de la democracia española.
Como estaba previsto desde hace meses, 2019 empieza con prórroga presupuestaria. El retraso al que ha condicionado el Gobierno la aprobación de nuevas Cuentas, por los insuficientes apoyos que tendrían los socialistas si llevaran su proyecto al Congreso -al menos por ahora-. ha provocado que España no tenga Presupuestos a tiempo, lo cual va a llevar a que el Ejecutivo tenga que recurrir a la vía de los reales decretos ley (RDL) para poder equilibrarlos.
En las últimas semanas, el real decreto ley (RDL) se ha convertido en uno de los principales instrumentos políticos del Gobierno de Pedro Sánchez, dada la escasa fuerza parlamentaria que tienen los socialistas en el Congreso, con solo 84 diputados. Con él pretende sacar adelante su agenda social -algo que ya está haciendo mediante los Consejos de Ministros, como fue el caso del paquete de medidas en vivienda- si no puede amasar apoyos suficientes para su proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, estas herramientas también pueden acabar convirtiéndose en un arma de doble filo, puesto que todo cambio legislativo que se proponga con ellas tendrá que ser ratificado por la Cámara Baja, quedando el Gobierno expuesto a la derogacion de la medida aprobada.
El alza de las pensiones y el incremento salarial de los funcionarios suman 5.500 millones de gasto adicional
Finalmente, el Gobierno ha celebrado el esperado Consejo de Ministros en Barcelona, uno que ha cerrado con un número importante de gestos y guiños a la Generalitat, concretamente a PDeCat. y ERC. No en vano, la última semana se ha producido un cambio de tono en las relaciones entre las formaciones independentistas catalanas y el Ejecutivo que ha fructificado en una serie de acuerdos económicos y políticos que Pedro Sánchez espera que le permitan ganar su apoyo para los Presupuestos de 2019 y poder agotar la legislatura, algo que le permitiría no tener que convocar Elecciones Generales hasta 2020.
El Congreso da el visto bueno a un objetivo de déficit del 1,8% para 2019
El Gobierno acaba de lograr una de sus mayores victorias parlamentarias desde que se iniciara el mandato de Pedro Sánchez al lograr apoyos suficientes para que el Congreso apruebe su senda de estabilidad, que incluye un objetivo de déficit del 1,8% del PIB para el próximo año. Sin embargo, también es la más improductiva y estéril de todas, puesto que el Senado, a todas luces, vetará la propuesta amparado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la mayoría absoluta del Partido Popular.
El Congreso ha dado luz verde y aprobado los objetivos de estabilidad propuestos por el Gobierno de Pedro Sánchez, una senda fiscal que incluye elevar el objetivo de déficit al 1,8% del PIB para 2019, cinco décimas más que lo fijado en su momento por el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy.