Como si de un sueño recurrente se tratara, España abre un nuevo año con viejos vicios: prorrogando los Presupuestos Generales del Estado. Se trata de una situación que se viene repitiendo año tras año durante la presente legislatura, desde que las Elecciones Generales de 2016 dieran pie a la mayor fragmentación parlamentaria que se recuerda en la historia de la democracia española.
Se trata de una situación de la que, hasta en dos ocasiones, Mariano Rajoy salió triunfante, aunque no está tan claro que Pedro Sánchez lo pueda hacer.
Y es que el presidente del Gobierno, en lo que a los Presupuestos y su presentación se refiere, ha dado pasos dubitativos, retrasando su puesta de largo ante la falta de respaldo de los partidos nacionalistas catalanes, cuyo voto es fundamental para la tramitación parlamentaria de las Cuentas. De hecho, se supone que el Consejo de Ministros los aprobará en el presente mes de enero, aunque ni siquiera eso es seguro con un Gobierno que continuamente ha dilatado su compromiso de hacerlo a lo largo del año. De hecho, en noviembre, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, aseguraba que se presentarían en diciembre, tras el puente de la Constitución. Mucho ha llovido desde entonces.
Sin embargo, no se puede decir que el Gobierno socialista tenga la exclusiva de apurar los plazos de los Presupuestos. Por más que el Partido Popular critique el retraso, Mariano Rajoy hizo lo mismo, aunque con menos compromisos de puntualidad. Las Cuentas de 2017 se aprobaron a las puertas del verano, a finales de junio; y las de 2018, en abril, solo un mes antes de la moción de censura que puso fin al mandato del PP.
El Gobierno necesita ganar tiempo y atrasar más las Cuentas se lo proporcionaría
Es más: no hay que descartar que Pedro Sánchez pueda sacarse esta carta de la manga. Puede hacerlo y, más importante todavía, puede necesitarla. El presidente del Gobierno mantiene su intención de agotar la legislatura, como reiteró durante su discurso del 28 de diciembre, y para ello sería vital retrasar la presentación de los Presupuestos lo máximo posible, con el fin de ganar un tiempo.
Con esta estrategia, Sánchez lograría dos objetivos: primero, tranquilizaría a sus propias filas. La sombra de un adelanto de las Generales que diera pie a un superdomingo electoral -es decir, la suma de las propias Generales con las Locales, Autonómicas y Europeas en el próximo 26 de mayo- se ha convertido en una de las mayores pesadillas de barones socialistas como Emiliano García-Page y Javier Lambán, presidentes de Castilla-La Mancha y Aragón, respectivamente. El retraso de los Presupuestos y su debate enfriaría sus inquietudes y su espanto a un potencial efecto arrastre del voto nacional en sus comunidades.
Tiempo para negociar
La otra clave está en las expectativas que tiene el Gobierno de aprobar los Presupuestos. En noviembre, eran nulas. Tanto, que los miembros del Ejecutivo reconocían en foros privados la intención de Sánchez de agotar la legislatura y permanecer en La Moncloa hasta 2020, sacando la agenda social que habían planteado junto a Podemos a través de reales decretos y decretos ley, una estrategia que había sido desaconsejada por algunos de los principales ministros del Gabinete, pero que permanece disponible.
Sin embargo, en las últimas semanas, ciertos brotes verdes de esperanza están surgiendo en las filas socialistas. Ha habido un cambio de actitud y de tono en las declaraciones de PDeCat y ERC, formaciones que hasta ahora no querían ni sentarse a negociar los Presupuestos. Aunque en su discurso se mantiene la reclamación de cambios para la situación política de Cataluña, han desaparecido las exigencias respecto a los presos, una variación sustancial.
Se trata de un cambio que se escenografió, particularmente, en la votación de la senda de estabilidad propuesta por los socialistas a finales de diciembre. A pesar de que el Senado la vetara, la votación en el Congreso obligó a las formaciones parlamentarias a retratarse en un debate en el que, por una vez, el acento catalán estuvo más cargado de concordia que de polémica. "Este es un gesto que va a tener coste político. Señores del PSOE, el balón está en su tejado", indicó entonces el republicano Joan Margall, al confirmar su voto a favor de la propuesta gubernamental.
Y hubo respuesta en el Consejo de Ministros de Barcelona. El Gobierno aprobó gestos tanto monetarios como simbólicos: proyectos de carreteras para Cataluña por más de 112 millones de euros y cambiar la denominación oficial del aeropuerto de Barcelona-El Prat, que pasará a incluir el nombre de Josep Tarradellas, el que fuera presidente de la Generalitat en el exilio.
Por estas razones, no hay que descartar nuevos retrasos, no públicamente intencionados, claro, en la presentación de los primeros Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez. El tiempo dirá.
