Como estaba previsto desde hace meses, 2019 empieza con prórroga presupuestaria. El retraso al que ha condicionado el Gobierno la aprobación de nuevas Cuentas, por los insuficientes apoyos que tendrían los socialistas si llevaran su proyecto al Congreso -al menos por ahora-. ha provocado que España no tenga Presupuestos a tiempo, lo cual va a llevar a que el Ejecutivo tenga que recurrir a la vía de los reales decretos ley (RDL) para poder equilibrarlos.
Es la única fórmula legal de la que dispone el Gobierno para incrementar las partidas del Presupuesto ya prorrogado, que ascienden a 277.933 millones de euros. Sólo con ella podrá equilibrar y aumentar determinadas partidas, sobre todo las destinadas a unas comunidades autónomas que tienen que afrontar con sus propias arcas varias de las medidas aprobadas por el Estado.
Entre ellas se cuenta, por ejemplo, la subida del salario de los empleados públicos -que será como mínimo del 2,25 por ciento- o la suma de nuevas terapias a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, como las nuevas y costosas terapias celulares contra el cáncer CAR-T, que por lo pronto serán financiadas por las propias regiones.
De ahí que todo parezca indicar que uno de los primeros reales decretos ley que pueda aprobar el Consejo de Ministros en 2019 tenga como objetivo facilitar el incremento previsto para las entregas a cuenta a las autonomías, cifrado en casi 7.000 millones.
Estrategia política
Sin embargo, la situación política podría llevar a que el Gobierno empleara esta situación de infrafinanciación como estrategia de presión para lograr más apoyos a los Presupuestos. Así lo hizo Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda popular, en presupuestos anteriores, aunque luego en los corrillos mediáticos aseguraba que las autonomías contarían con el deseado incremento presupuestario gracias al decreto ley.
De hecho, el único obstáculo real que afecta al uso de esta herramienta legal -planteada para situaciones de emergencia nacional pero que ha quedado casi para el día a día legislativo- es su necesaria convalidación a través del voto del Congreso de los Diputados. Aunque hay medidas, como el citado incremento de las entregas a cuenta, que deberían superar el trámite sin problema -gracias al más que probable respaldo de los nacionalismos-, hay otras que no han tenido, ni tendrán, tanta suerte.
Éste es el caso, por ejemplo, del RDL aprobado para recuperar la sanidad universal, para el que el Gobierno socialista no logró apoyos suficientes y se está tramitando, finalmente, como proyecto de ley. Habrá que ver si otro de los RDL aprobados recientemente, el de medidas urgentes en vivienda, supera el trámite legislativo, sobre todo por la disconformidad mostrada por Podemos al no contener medidas para controlar directamente los precios del alquiler.
Dudas sobre los RDL
De hecho, ésta es una de las principales razones por las que el Gobierno quiere manejar con precaución los RDL. Su debilidad parlamentaria -sólo 84 diputados- les obliga a depender de las quebradizas alianzas forjadas al amparo de la moción de censura a Mariano Rajoy de finales de mayo, lo cual puede llevar a que no prosperen o se retrase su tramitación para introducir enmiendas, tal y como ocurrió con la sanidad universal.
Pero no es ésta la única razón para la cautela. Fuentes de Moncloa insisten en que hay inquietudes legales sobre qué pueden tramitar por RDL y qué no, causa por la que toda medida que se vaya a ejecutar por esta vía será evaluada exhaustivamente por la Abogacía del Estado. Entre las cuestiones cuya viabilidad se estudiará se encuentran los 2.500 millones por el IVA de diciembre de 2017 que las regiones tendrían que cobrar en 2019 pero que se pueden perder por un cambio contable hecho por Hacienda bajo el mandato de Montoro. Su sucesora, María Jesús Montero, planteaba solucionar este problema con un crédito a coste cero que se iba a introducir en los Presupuestos.
Sin embargo, como ya informó la semana pasada elEconomista, expertos legales reiteran que los RDL no tienen prácticamente barreras, únicamente los derechos fundamentales, las libertades públicas, el régimen de las autonomías y el régimen electoral general.
