Finalmente, el Gobierno ha celebrado el esperado Consejo de Ministros en Barcelona, uno que ha cerrado con un número importante de gestos y guiños a la Generalitat, concretamente a PDeCat. y ERC. No en vano, la última semana se ha producido un cambio de tono en las relaciones entre las formaciones independentistas catalanas y el Ejecutivo que ha fructificado en una serie de acuerdos económicos y políticos que Pedro Sánchez espera que le permitan ganar su apoyo para los Presupuestos de 2019 y poder agotar la legislatura, algo que le permitiría no tener que convocar Elecciones Generales hasta 2020.
Uno de los gestos más llamativos ha sido el impulso de contratos de carreteras con la aprobación de licitaciones por 205,96 millones de euros. La mayor parte de los proyectos se localizan en Cataluña, con una inversión conjunta de 112,8 millones. Se trata de una cifra inferior a la que se había previsto, pero en el sector esperan que en próximas reuniones se saquen adelante otras iniciativas para la región.
En concreto, Fomento tiene vía libre para licitar las obras de mejora para acondicionar la N-II entre Tordera (Barcelona) y Maçanet de la Selva (Gerona) por un importe de 27,5 millones de euros. Asimismo, sacará en próximas fechas los concursos para operaciones de conservación y explotación en carreteras del Estado en sectores de las provincias de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona por un valor total de 85,31 millones. También se aprobó la licitación del contrato de obras para la construcción del tramo de carretera de conexión entre las nacionales N-120 y N- 536 entre Sobradelo y O Barco de Valdeorras, en la provincia de Orense, con un presupuesto de 63,6 millones. De igual modo, autorizó un contrato para conservación y explotación en la provincia de Palencia por 29,51 millones.
Prórroga del convenio
Sin salir del ámbito de las carreteras, el Gobierno aprobó también en el Consejo de ministros la prórroga del convenio durante cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2023, para que Seitt continúe gestionando las autopistas de peaje quebradas que han sido asumidas por la sociedad dependiente del Ministerio de Fomento este año, tal y como avanzó el jueves elEconomista.
Los gestos a los partidos catalanes no se han quedado en lo económico. Según indicó la ministra portavoz, Isabel Celaá, el Consejo de Ministros aprobó también una declaración de reparación y reconocimiento a favor del expresidente de la Generalitat de Cataluña Lluís Companys y proclamó de forma "pública y solemne" la "restitución de la plena dignidad" del dirigente político.
Y no fue éste el único detalle que tuvo el Gobierno con un político catalán. El órgano decidió cambiar la denominación oficial del aeropuerto de Barcelona-El Prat, que pasará a incluir el nombre de Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat en el exilio y a quien el primer Gobierno de Adolfo Suárez restableció su legimitidad.
En términos generales, el Gobierno hace una lectura positiva de la visita a Barcelona y la reunión con Quim Torra, presidente de la Generalitat, que Celaá describió como "muy positiva" y un avance que va "abriendo más espacios para continuar dialogando".
Desplante del 'Govern'
Sin embargo, con los ministros ya de regreso a Madrid, la portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, afirmó que los tres acuerdos referentes a Cataluña eran "menores" y que para eso "quizás no hacía falta venir" a la Ciudad Condal. Argumentó que el problema del Aeropuerto de Barcelona no es "de nombre sino de gestión", ya que no tiene autonomía para decidir rutas y tasas aéreas, y afeó que se haya propuesto el cambio de denominación de manera "unilateral", sin consultar a la Generalitat y otras administraciones. También vio insuficiente la declaración política contra el juicio al expresidente catalán Lluís Companys, ya que no supone su anulación y ya se hizo un reconocimiento político en 2009. Respecto a los recursos para carreteras catalanas, expuso que se trata de vías cuyas obras están pendientes desde hace una década, por lo que las tildó de medidas "estéticas".
Sin embargo, no todos los dirigentes catalanes comparten este mal sabor de boca de la visita el Gobierno a Barcelona. Éste es el caso de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien se reunió con Sánchez en la mañana del viernes y le arrancó dos promesas: la creación de una Comisión Bilateral entre el Gobierno y el Ayuntamiento -como prevé la Carta Municipal de la ciudad- y la posibilidad de que las ciudades puedan regular los precios abusivos de alquiler, una petición que la alcaldesa le hizo públicamente en la cena del jueves donde la patronal Foment del Treball hizo la entrega de sus premios anuales.
Allana la liberalización del tren
Por otro lado, el Gobierno dio un paso más para hacer efectiva la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril en los servicios de larga distancia y alta velocidad. El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto-ley que modifica la vigente Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario que marca el mes de diciembre de 2020 como fecha de inicio para la entrada de nuevas empresas ferroviarias que podrán así competir con Renfe y acabar con su actual monopolio.
Con ello, el Ejecutivo sienta las bases para cumplir con el plazo de liberalización fijado por la Unión Europea. Esta fecha no afecta a los servicios sometidos a Obligación de Servicio Público (OSP), que abarcan las Cercanías, Media Distancia y Avant, y para los que su liberalización no será obligatoria hasta 2023. No obstante, puede ampliarse si existe un contrato vigente. Así ocurrirá con Renfe, que recientemente firmó un contrato que prevé una vigencia mínima de 10 años, ampliable en cinco más.
