El Gobierno acaba de lograr una de sus mayores victorias parlamentarias desde que se iniciara el mandato de Pedro Sánchez al lograr apoyos suficientes para que el Congreso apruebe su senda de estabilidad, que incluye un objetivo de déficit del 1,8% del PIB para el próximo año. Sin embargo, también es la más improductiva y estéril de todas, puesto que el Senado, a todas luces, vetará la propuesta amparado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la mayoría absoluta del Partido Popular.
El Ejecutivo argumenta que el imperativo legal -incluyendo una consulta al Abogado del Estado- es lo que le ha obligado a volver a presentar la senda antes de aprobar Presupuestos, después de que fuera rechazada en julio, a sabiendas de que la Cámara Alta denegaría su aprobación. Sin embargo, este mismo imperativo legal también estaba vigente cuando el Gobierno decidió ignorar los plazos que marca la citada Ley de Estabilidad y por los que debería haber presentado su propuesta de nuevo en septiembre, como tarde.
De hecho, esta dilatación de los plazos también viene marcada por el bloqueo en la Cámara Baja ejecutado por el PP y Ciudadanos, formulado a través de la Mesa del Congreso, de la reforma de la Ley de Estabilidad para, precisamente, suprimir la capacidad de veto del Senado.
Sin embargo, el nuevo contexto de los últimos meses, con muchos interrogantes sobre el futuro del Gobierno a corto plazo y su viabilidad si no logra sacar adelante Presupuestos, permiten discernir una estrategia política en un escenario marcado por la falta de avales parlamentarios de los socialistas.
"La votación de la senda ha obligado a los 'socios de la moción de censura' a retratarse"
Por un lado, la votación de la senda ha obligado a los 'socios de la moción de censura' a retratarse. El incremento del objetivo de déficit en cinco décimas permitiría a las autonomías disponer de 2.500 millones más, algo a lo que difícilmente pueden decir 'no' los partidos nacionalistas, aunque Bildu sí lo haya hecho.
Por el otro, ha cambiado, y mucho, el tono y la situación respecto a los partidos independentistas catalanes. A pesar de que no se considera que su respaldo a la senda vaya a traducirse en un apoyo al proyecto Presupuestos, sí se lee una variación en sus posturas, de la inflexibilidad absoluta y el debate bronco a una nueva gestión del diálogo en el que "los gestos" toman protagonismo.
¿Qué precio tendrá que pagar el Gobierno de Pedro Sánchez a cambio?
Así lo indicó el republicano Joan Maragall en el debate de hoy, quien recordó que su aval a la propuesta gubernamental tendrá un "precio político" para la formación, algo que demuestra que, aunque la senda fiscal se quede como un instrumento económico estéril, tiene peso como herramienta política, al menos temporalmente.
Ahondando en el drama, queda preguntar, ¿qué precio tendrá que pagar el Gobierno de Pedro Sánchez a cambio? Quién sabe. Si la política de los gestos está ganando tanto peso, puede que veamos al presidente haciendo alguna visita inesperada, quién sabe si en cárceles catalanas.
