Después de recuperar la Secretaría General del PSOE, el 30 de mayo de 2018 Pedro Sánchez regresaba a la primera línea de la política abanderando la lucha contra la corrupción y la defensa de la regeneración. El fallo del Tribunal Supremo, donde el Partido Popular resultaba condenado como partícipe a título lucrativo de la 'trama Gürtel', servía de acicate para que el resucitado mandatario socialista pisara de nuevo la moqueta del Congreso de los Diputados y planteara, sin ser todavía diputado, una moción de censura contra Mariano Rajoy, que por cierto pilló dormido al PP.

La sentencia del TJUE sobre la inmunidad de Oriol Junqueras va a traer efectos colaterales que no estaban en la agenda. El primero de ellos ya está aquí, el frenazo de la investidura de Pedro Sánchez porque PSOE y ERC no consiguen cerrar el acuerdo (inicialmente previsto los días 27,28 y 30 de diciembre). Y el segundo, que el presidente en funciones no comparecerá este viernes ante los medios para hacer el tradicional balance del año de Gobierno, lo que viene haciéndose durante 15 años consecutivos.

El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla revela el 'modus operandi' de una administración sin control fiscal

Las noticias sobre la gestión de los 37 años ininterrumpidos de los gobiernos socialistas en Andalucía están resultando un pozo sin fondo en el que van a apareciendo cajas fuertes sin llave, cajas de enormes proporciones almacenadas en sótanos desconocidos, cámaras en las que se guarda infinita documentación y cuyos sofisticados controles de acceso compiten con guiones cinematográficos como la taquillera Ocean Eleven.

Buena parte de las miradas de España se centran en la Abogacía General del Estado, que en esta ocasión se sustancia en los de Consuelo Castro, la directora y máxima responsable de un servicio jurídico que en su día fue pilotado por Edmundo Bal, hoy diputado por Ciudadanos.