Las noticias sobre la gestión de los 37 años ininterrumpidos de los gobiernos socialistas en Andalucía están resultando un pozo sin fondo en el que van a apareciendo cajas fuertes sin llave, cajas de enormes proporciones almacenadas en sótanos desconocidos, cámaras en las que se guarda infinita documentación y cuyos sofisticados controles de acceso compiten con guiones cinematográficos como la taquillera Ocean Eleven.
En los últimos días hemos podido saber que personal de la Junta presidida por el popular Juanma Moreno Bonilla, ha descubierto en su interior dos importantes convenios privado por consejeros de la Presidencia, como Gaspar Zarrías y, por un director del Instituto de Fomento de Andalucía, IFA, y hoy conocida por la Agencia Idea. Se trata de documentos que carecen del sello de la Administración, y en los que se reflejan cómo se perdonaban subvenciones denunciadas ante la Unión Europea, señaladas en el texto de "ilegales por haberse concedido sin la preceptiva autorización y de otro lado, por su incompatibilidad con la normativa comunitaria". En roman paladino, 8.000 millones de pesetas de 1998, informe que posteriormente pasó por un Consejo de Gobierno para recibir la aprobación colegiada sin el visto bueno de la Intervención.
Falsos créditos
Además de estos dos convenios privados -cuya naturaleza estudian ahora mismo los juzgados-, el nuevo Ejecutivo andaluz se ha topado con 8.000 millones de euros en subvenciones sin justificar, litigios pendientes de la Junta (cuyos letrados se tomaban el derecho de no asistir a los juicios, incrementando la deuda), acuerdos privados que no pasaban por Presupuestos, facturas sin pagar por la anterior Administración, o, curiosos trabajadores fantasma que cobraban un sueldo sin hacer acto de presencia por el negociado que les correspondía.
El descubrimiento de tres cajas fuertes de un metro de altas cada una de ellas, tuvo lugar en un sótano de la polémica Agencia de la Innovación y Desarrollo de Andalucía, cuyas instalaciones se ubican en la Isla de la Cartuja. Es un enorme edificio en el que no es difícil encontrar un rincón para guardar documentación que no interesa que vea la luz.
La Agencia Idea
En este caso, se trataba de una documentación guardada en sobres lacrados y solicitada por la Justicia en varias ocasiones. Pero los gobiernos socialistas siempre dieron el no por respuesta. En los papeles se describe, primero la compraventa de una empresa cárnica de Jaén por Campofrío, por 1.100 millones de pesetas, y el segundo, cómo la Junta de Andalucía -presidida entonces por Chaves- concedía una subvención o crédito de 731 millones de pesetas, precisamente a Campofrío. Una diligencia en la que la Junta perdona a la cárnica de Jaén 8.000 millones de pesetas, y en cuyo documento privado se constata. Allí aparecen estampadas las firmas de Gaspar Zarrías, Juan Carlos Ollero Pina, director del IFA, y la de un directivo de Campofrío.
El reciente hallazgo del sótano, las cajas fuertes y los sobres lacrados ha traído tras de sí la revelación de una cámara acorazada oculta en laberinto de pasillos del Palacio de San Telmo. Una nueva película con la Junta de Andalucía como protagonista.
Poco más tarde, fuentes del Gobierno regional quitaban hierro al asunto describiendo que lo encontrado no era algo inusual, pues es corriente que en los edificios donde se ubican sedes principales de cualquier organismo haya almacenes en los que se deposite la documentación. Si bien -reconocen fuentes de la administración andaluza-, el habitáculo en cuestión consta de unas modernísimas medidas de seguridad, que después contrastan con una documentación sin digitalizar y sin registrar de manera conveniente. Precisamente esa ha sido una de las reclamaciones matizadas por los nuevos inquilinos de la Junta, señalando el descontrol de papeles, facturas, convenios, contratos, las duplicidades y hasta la ausencia de personal cualificado para cumplir funciones para las que no estaban capacitados.
En ese caótico enjambre se movía la Agencia Idea, entidad clave de las subvenciones públicas que alimentaban el 'fondo de reptiles' el mismo que engordaba la trama de los ERE.
En esta agencia, una auditoria anterior ya detectó que "en el área de subvenciones se han localizado deficiencias en los procedimientos de concesión de subvenciones, y se han producido limitaciones al alcance a la hora de analizar las liquidaciones de determinados programas de concesión de ayudas".
Plan de Confianza
Ya en el año 2012, el Tribunal de Cuentas de Andalucía advertía que en la elaboración de los presupuestos de las consejerías "se ha realizado una clasificación de los créditos inadecuada y se han consignado como transferencias de financiación de capital y transferencias de capital de asignación nominativas' (Capítulo VII), lo que en realidad eran créditos destinados a financiar actividades de explotación concretas y específicas encomendadas por la Administración". En el desembarco del nuevo Gobierno, populares y ciudadanos contabilizaron 8.000 millones de euros en subvenciones dadas, y por alarmante que parezcan, que están sin justificar, provocando una deuda ejecutiva extraordinaria por una gestión del cobro inexistente.
En una entrevista realizada este verano al consejero de Hacienda de Andalucía, Juan Bravo, revelaba que los más duro al llegar a la Junta fue encontrarse con 8.000 millones de euros de libramientos sin justificar. Libramientos que afectan a 4.000 millones de euros en subvenciones y los otros 4.000 a tasas que no se han cobrado.
Dicha deuda ejecutiva es lo que ha dado lugar al Plan Confianza presentado hace unos meses por Juan Manuel Moreno Bonilla. El objetivo es reordenar, controlar y digitalizar estas cantidades, con el propósito de recuperar pagos que todavía no están prescritos.
En el registro de gastos se detectaron, entre otras ayudas, un acuerdo con una universidad andaluza que no quedaba constatado en los Presupuestos. Tras conversaciones con el rector de dicha universidad y con el director general de Presupuestos, se comprobó que, en efecto, existía dicho compromiso y existía dicho acuerdo, eso sí, sin la fiscalización corriente en las Cuentas Públicas.
Moderno y antiguo
Detrás del descubrimiento de la tres cajas fuertes de un metro de altura en la Agencia Idea vino la revelación de la cámara en la que se depositan los documentos de Presidencia. En algunos medios se la calificó de cámara acorazada escondida en un laberinto de pasillos dentro de las instalaciones del Palacio de San Telmo.
Según fuentes de la Junta consultadas por este diario, la cámara de marras es solo un depósito en el que la anterior Administración almacenaba los documentos oficiales, con sofisticas medidas de seguridad para su acceso, las más modernas, pero cuya garantía no pasaba más que por un cúmulo de papeles sin registro digital, es decir, con un método antiguo para la relevancia de lo que allí se deposita.
La inexistencia de administración digital ha predispuesto una importante auditoría externa para analizar el estado en el que se encuentra la gestión ordinaria y extraordinaria de la Junta de Andalucía. Para ello se han destinado tres millones de euros que quedan recogidos en los Presupuestos de 2020.
La auditoria externa valorará la situación de los trabajadores, los procesos de selección, la optimización de los puestos de trabajo, y sobre todo, su utilidad. La primera fase de las conclusiones de la auditoría estará en abril, y las últimas en el mes de diciembre de 2020.
Entre tanto, consejerías como la de Sanidad ya advertía en marzo de la existencia de trabajadores fantasma de la época de los gobiernos socialistas. Personal que cobraba del erario andaluz sin acudir a su lugar de trabajo. En octubre de este año, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaraban la cesión ilegal de trabajadores por anteriores gobiernos de la Junta, obligando a hacerlos indefinidos no fijos. El caso, del que dio cuenta ABC Sevilla, relataba cómo la Fundación Pública Andaluza de Progreso y Salud (FPS), dependiente de la antigua Consejería de Salud, contrató a 100 personas como asesores técnicos, pagándoles sus salarios, dietas, concediéndoles bajas y vacaciones, pero, una vez firmado el contrato temporal por obra y servicio, los mismos trabajadores no volvían a pisar ninguna sede de la Fundación biomédica. El modus operandi de la anterior Administración ha desembocado en un centenar de sentencias que condenan al SAS. Además, se ha podido comprobar que de esos 100 trabajadores fantasma -contratados por un entidad, cuando pertenecían a la agenda sanitaria-, 40 de ellos que suscribieron un contrato con la Fundación Progreso y Salud entre diciembre de 2006 y noviembre de 2007 trabajaban para un plan Integral de Tabaquismo, dentro de la Dirección General de la Salud Pública, una iniciativa puesta en marcha por la entonces consejera de Sanidad, María Jesús Montero.
De la documentación analizada en otro de los cajones también se desprende que esa Junta ocultó hasta 500.000 personas en listas de espera, así como que Susana Díaz derivó 155 millones de euros de la Sanidad pública a la privada.
El cajón de Díaz a Montero
Antes de abandonar su cargo, ya como presidenta en funciones, Susana Díaz encargó un informe a PwC Tax Legal Services S.L, para desentreñar las supuestas irregularidades del contrato del exministro Bernat Soria -fichaje de María Jesús Montero, entonces consejera de Sanidad con José Antonio Griñán como presidente- para desarrollar su carrera en la Fundación Progreso y Salud. El encargo quedó depositado en un cajón, sin llave, sin sistema de seguridad, para que pudiera encontrarse al primer golpe de vista.
El objeto de la investigación señalaba a Soria por compaginar la responsabilidad en este organismo nacido en el seno de la administración paralela, con actuaciones de tipo privado, participando en proyectos de investigación de otros organismos, a pesar de tener una cláusula de exclusividad por la que percibía 150.000 euros al año, el doble de lo que gana el presidente de la Junta. En mayo de 2019, con el Gobierno de Moreno Bonilla, la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud decidía rescindir el contrato del investigador Bernat Soria por "romper la exclusividad" laboral con esta entidad.
El irregular contrato del exministro de José Luis Rodríguez Zapatero no fue la única de las sorpresas con las que se topó el Ejecutivo de PP-Cs. En la herencia encontrada en otro cajón -como ya contó elEconomista en abril de este año- aparecieron sentencias judiciales que coleaban, entre ellas la del Metro de Sevilla, por un importe de 162 millones de euros.
En una actuación sin precedentes, y tras el conocimiento de estos hechos, sin querer establecer relación alguna, diez días atrás, el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero instaba a la Junta a presentar un plan de ajuste por no cumplir con el déficit de 2018 y por incumplir con la regla de gasto en el Gobierno de Susana Díaz. Además, Montero ha impuesto que perciban el FLA, y por tanto, que no se puedan financiar en los mercados.
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