Sesenta y cinco días de negociación. Momentos duros, de mucha tensión, momentos en los que parecían romperse los puentes con desplantes, cartas mal interpretadas, filtraciones a los medios, exigencias de Consejerías, de derogación de leyes y muchas líneas rojas entre Ciudadanos y Vox con el Partido Popular de árbitro, en medio de una investidura, la de Pedro Sánchez, que hasta la fecha se ha quedado sin resolver.

Por la gestión ineficaz durante 37 años de los distintos gobiernos socialistas, por no proveer de recursos a la administración regional, por seguir trabajando con el patrón del papel en lugar de informatizar los servicios o, por directrices políticas varias, la Junta que hoy preside Juan Manuel Moreno Bonilla va a echar mano de la Agencia Tributaria Andaluza para rastrear y poder recaudar 4.665,8 millones de euros que Susana Díaz no cobró debidamente y dejo perdidos por el camino. Ahora, en este capítulo de derechos pendientes de cobro la Junta se ha topado con tasas, precios públicos, impuesto de Sucesiones, Donaciones, Actos Jurídicos, reintegros, recargos, multas o 996 millones de euros que vienen de transferencias de capital que corresponden a la gestión de Fondos Europeos.

En subvenciones sin justificar, derechos pendientes de cobro y sentencias

Los números de Susana Díaz siguen trayendo cola. La nueva administración andaluza ha detectado -con el soporte técnico de la Cámara de Cuentas- un agujero contable de más de 8.000 millones de euros, cuyas fuentes proceden básicamente de libramientos sin justificar (subvenciones), derechos pendientes de cobro, como multas, impuestos, recargos, y sentencias judiciales sin registro centralizado, cuya factura, se eleva entre 2016 y 2018 a 743 millones de euros.