Por la gestión ineficaz durante 37 años de los distintos gobiernos socialistas, por no proveer de recursos a la administración regional, por seguir trabajando con el patrón del papel en lugar de informatizar los servicios o, por directrices políticas varias, la Junta que hoy preside Juan Manuel Moreno Bonilla va a echar mano de la Agencia Tributaria Andaluza para rastrear y poder recaudar 4.665,8 millones de euros que Susana Díaz no cobró debidamente y dejo perdidos por el camino. Ahora, en este capítulo de derechos pendientes de cobro la Junta se ha topado con tasas, precios públicos, impuesto de Sucesiones, Donaciones, Actos Jurídicos, reintegros, recargos, multas o 996 millones de euros que vienen de transferencias de capital que corresponden a la gestión de Fondos Europeos.
Después de analizar este agujero financiero de 4.465 millones de euros -que sumado a los 2.998 millones correspondientes a subvenciones pendientes de justificar, a los 743 en sentencias pendientes y sin registro y, a los 30 millones de IBI suman en total un dispendio de 8.426 millones, como este miércoles informó elEconomista-, la Junta ha determinado que intervenga la Agencia Tributaria de Andalucía para que participe de forma activa en la obtención de unos ingresos que se han convertido en unas finanzas caóticas.
Desde un punto de vista económico cabe destacar que los derechos pendientes de cobro -3.390 millones hasta el cierre del ejercicio de 2017, a lo se añade lo generado en 2018, por lo que la cifra se eleva a 4.665,8 millones de euros-, se concentran en los ingresos no financieros, de los que el 70 por ciento corresponden a tasas, precios públicos y otros ingresos.
De los impuestos directos, 234 millones corresponden al impuesto de Sucesiones y Donaciones, precisamente un tributo por el que siempre peleó Susana Díaz. La expresidenta acusaba a la Comunidad de Madrid de dumping fiscal con el impuesto de Sucesiones, pues a su modo de ver, al pagar más en Andalucía que en Madrid, los contribuyentes preferían censarse en la Comunidad madrileña y por tanto tributar allí, en detrimento de los servicios públicos andaluces.
Solo en reintegros, recargos y multas no gestionadas se concentran 680 y 600 millones respectivamente. Dentro del capítulo de transferencias corrientes destaca, con un 64 por ciento (137 millones de euros) los Fondos Europeos (Fondo Social Europeo). Asimismo, la enajenación de inversiones reales refleja un pendiente de cobro concentrado en la venta de inmuebles, por 27,7 millones de euros.
2.998 millones de euros correspondientes a subvenciones aún sin justificar
Al cierre de 2018, los sistemas de gestión económica-financiera apreciaron la nada despreciable cifra de 2.998 millones de euros correspondientes a subvenciones aún sin justificar. En ese acumulado aparecen libramientos pendientes que están a punto fuera de plazo y que pueden prescribir. Los más señalados son los 616 millones de Empleo, los 559 de Educación, los 323 de Conocimiento, Investigación y Universidad o, los 229 millones que el Servicio Andaluz de Empleo tiene aun sin justificar -negociado en el que se encuentran los Cursos de Formación, los Fondos Europeos para la ayuda regional de sociedades mercantiles, o las ayudas a la inserción en el empleo, lo que venía a recaer en las fuerzas sindicales-.
En el ámbito de los libramientos pendiente, lo que alcanza tanto a la administración regional como a la administración paralela que cohabita en gastos con la Junta, sobresalen también los 48 millones de euros sin justificar en el área de Igualdad y de Políticas Sociales, los 44 en Fomento y Vivienda, los 15 en Justicia e Interior y, los 14 millones de euros que Turismo tiene pendiente por demostrar.
En cuanto a las administraciones locales, la Junta ha mandado una carta para que les comuniquen sus deudas y analizar el montante. De hecho, hay IBI impagados de viviendas sociales promovidas por la comunidad. Según la Junta esta deuda podría superar perfectamente los 30 millones de euros.
