Si en España se recauda poco y mal, tampoco es que se gaste mucho y bien. Sino más bien al contrario, como demuestran los datos de los que se desprende que el gasto público en nuestro país es 4,7 puntos inferior a la media europea. O lo que es lo mismo, gastamos unos 50.000 millones menos que nuestros socios comunitarios.

La financiación autonómica se está convirtiendo en la madre de todas las batallas durante la negociación para formar Gobierno. Quedan poco más de 20 días para que, de no lograrse la investidura, se disuelvan las Cortes, y los barones del PP han lanzado una ofensiva contra el presidente Sánchez -ahora en funciones- para que reúna al Consejo de Política Fiscal y Financiera y desbloquee los cerca de 5.000 millones correspondientes a las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas, una cantidad lo suficientemente abultada para impedir a varias de ellas, colores políticos al margen, cumplir con sus objetivos de déficit.

Pocas citas son tan comentadas y analizadas como las que se tienen con las urnas, que volverán a ser las protagonistas de un año, éste, con marcado carácter electoral. Tres años después de los últimos comicios generales, los españoles volverán a votar para elegir al futuro presidente del Gobierno, al alcalde y presidente de sus respectivas localidades y comunidades, y a los políticos que gobernarán en Europa durante el próximo lustro.

En poco más de un mes, el Gobierno aprobará un real decreto ley para recuperar la universalidad en el Sistema Nacional de Salud y devolver el derecho a la protección sanitaria a todas las personas en España, tal y como manifestó la ministra portavoz, Isabel Celaá. De esta manera, se retornará a la situación de hace seis años, antes de que el Gobierno popular excluyera en 2012 a los inmigrantes irregulares -excepto a los menores, a las embarazadas y a los servicios de urgencias- para recortar el gasto nada más llegar al poder.