La Agencia Tributaria ha concluido que el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, cometió un delito de fraude fiscal por un valor superior a los 885.000 euros. Sin embargo, al haberlo realizado hace más de cinco años, ha prescrito. Algo que, en su día, ya advertimos los técnicos de Hacienda, cuando criticamos que la AEAT no ejerciera su papel de prevención para detectar los posibles fraudes fiscales de la familia Pujol Ferrusola.
Con la información que se desprendía de las investigaciones judiciales en los casos en los que Hacienda actuó a remolque de otras instituciones, como la Policía y la Justicia, se abrían varios interrogantes. Así, ¿cómo puede explicarse que la AEAT no iniciara una investigación sobre Jordi Pujol Ferrusola mientras efectuaba -entre 2004 y 2012- 118 movimientos de divisas por importe de 32,4 millones de euros?; ¿cómo puede comprenderse la pasividad de Hacienda ante los indicios de presunto fraude fiscal orquestados por otros miembros de la familia Pujol?; ¿y frente a la compra de Oleguer Pujol Ferrusola de más de 1.100 oficinas de Banco Santander?
La limitación de competencias de los técnicos impide completar las investigaciones
Tampoco tiene ninguna justificación que el Ministerio de Hacienda diera su luz verde al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales, SEPBLAC, para permitir al Banco de Madrid el desbloqueo de los saldos recibidos de Andorra y así ingresar las declaraciones complementarias del IRPF de varios miembros de la familia, cuya presentación les permitió sortear las multas por delito fiscal al declarar y pagar antes de haberles notificado el inicio de una investigación tributaria o judicial.
Ciudadanos registró este pasado lunes una propuesta de resolución en el Parlament para que la Cámara catalana pida a Jordi Pujol "regularizar de manera inmediata y voluntaria" el dinero defraudado, alegando que pese a tratarse de un delito ya prescrito, "nada impide el pago voluntario por parte del deudor". Pero si Hacienda hubiera ejercido su papel de prevención y hubiese empezado a investigar cuando había indicios suficientes, ahora los delitos fiscales de Pujol no habrían quedado impunes. Un retraso a la hora de abrir investigaciones que confluye con otras deficiencias cuando se investigan los delitos fiscales, cuyas denuncias acumulan caídas preocupantes y, cuanto menos, paradójicas.
La Agencia Tributaria continúa prefiriendo perseguir las irregularidades y fraudes más fáciles de descubrir cometidos por autónomos, pymes y particulares; que centrar sus investigaciones contra el fraude más complejo y sofisticado de las grandes empresas y fortunas. Y eso pese a que el último Plan de Control Tributario pareció poner la lupa sobre los más ricos, con la creación de la Unidad de Control de Patrimonios Relevantes.
No obstante, la confusa delimitación de responsabilidades y la falta de refuerzo de la plantilla, que este año seguirá a la cola de la UE, impiden evitar que los delitos fiscales prescriban.
Porque, hoy en día, con la estructura y las competencias de los funcionarios de Hacienda difícilmente se pueden llevar a cabo los planes para combatir el fraude con garantías, lo que requeriría una organización más plana y un mayor reparto de poder y capacidad de decisión para incrementar la eficacia de la AEAT e impedir injerencias políticas y económicas en las actuaciones.
En cualquier caso, las últimas caídas de las denuncias por delito fiscal coinciden con escándalos como el de los Papeles de Panamá, el de Football Leaks o el de los Papeles del Paraíso, lo que evidencia que los casos de fraude más que reducirse han ido en aumento.
Y estos desplomes se deben, sobre todo, a cuatro motivos claros: la limitación de las competencias de los técnicos en la lucha contra el fraude, que les impide completar la investigación sobre los delitos, simulaciones, conflictos o fraudes de ley que descubren; la tendencia de la AEAT a realizar básicamente investigaciones parciales; la amnistía fiscal de 2012, ya anulada por el Tribunal Constitucional; y la modificación del artículo 305 del Código Penal. Cuatro causas que, sin lugar a dudas, complican el descubrimiento de fraudes superiores a los 120.000 euros, cantidad a partir de la cual se configura el delito fiscal.
Pero no basta con detectarlo, sino que es necesario investigarlo. Y de forma rápida y eficaz para lograr, precisamente, que casos como el de Pujol no prescriban y esquiven las sanciones y penas pertinentes.
Entidades
Carlos Cruzado
Presidente de GESTHARelacionados
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