Hace cinco años, en julio de 2014, Jordi Pujol confesó que disponía de una fortuna sin declarar cuyo origen se remontaba a la herencia de su padre. Hace unos días, la policía estimaba el importe de esta fortuna oculta en el extranjero en unos 290 millones de euros. Por supuesto, el origen de este dinero, según los investigadores, no es la herencia de Florenci Pujol, ex presidente de la quebrada Banca Catalana, sino, presuntamente, las comisiones en la concesión de obras y servicios públicos, generados, en su mayor parte, durante los 23 años que Pujol presidió la Generalitat de Catalunya.
¿Le parece a usted que la Justicia está tardando? Pues ahora piense que todo esto no sólo era un secreto a voces desde hacía casi una década. En febrero de 2005, Pasqual Maragall, presidente de la Generalitat, le espetó al entonces jefe de la oposición y heredero político de Pujol, Àrtur Mas, en el Parlament de Catalunya: "Vostés tenen un problema i aquest problema es diu 3 por ciento" ("ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3 por ciento"). Lo sorprendente es que Maragall se vio obligado a retirar su afirmación porque Mas amenazaba con hacer descarrilar el proyecto de nuevo Estatuto para Cataluña. Todo esto ocurrió nueve años antes de que Pujol "confesase", y catorce años antes de este artículo.
La cifra de 290 millones de euros, en dinero de origen presuntamente ilegal, parece espectacular. Sin embargo, estos 290 millones no serían, en todo caso, más que la punta del iceberg del coste de la corrupción en Cataluña. Por una parte, esto sólo corresponde a los que los investigadores policiales han conseguido encontrar. Por otra parte, si el origen es el que sostienen, presuntas comisiones ilegales, no todo este eventual 3 por ciento, iba a ir a la familia Pujol, ni siquiera la mayoría. Pero en cualquier caso, si el 1 por ciento de una parte del importe adjudicado irregularmente fuesen 290 millones de euros, en ese caso, el importe irregularmente adjudicado ascendería a unos 29.000 millones de euros, cifra incluso superior al presupuesto de la Generalitat en un año.
Una cifra estimativa de esta magnitud tiene implicaciones brutales. Si esto fuese cierto, esto supondría estar adjudicando durante décadas una parte sustancial de los contratos públicos, no a la mejor oferta técnica o a la más barata, sino a los que pagasen la correspondiente comisión. Esto excluye del mercado a los mejores oferentes, y además supone sistemáticamente sobrecostes en buena parte de las licitaciones. El lastre que esto supone para la libre competencia y para el progreso económico es simplemente brutal.
No es casualidad que la Generalitat tenga un Consejo de Justicia que juzque los delitos fiscales
Por supuesto, las implicaciones institucionales de todo esto son simplemente devastadoras. Por una parte, no es una casualidad que en el Estatuto de Cataluña se estableciese un Consejo de Justicia de Cataluña, es decir que la Generalitat quería influir en la designación de los jueces, que eventualmente pudiesen juzgar la corrupción. Esto fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
Luego, en 2017 en la "Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República", la mayoría nacionalista en el Parlament le dio poderes a Puigdemont para nombrar él directamente a los jueces. Y también en esa ley se concedió una amnistía para todos los delitos que se hubiesen cometido para conseguir la independencia de Cataluña. Ni qué decir tiene, que también la famosa ley de "transitorietat" jurídica fue declarada inconstitucional, en este caso, en su integridad. Tampoco es una casualidad que el nacionalismo catalán haya perseguido obsesivamente el control de los impuestos en Cataluña, pero de eso hablaremos otro día.
De hecho, en mi opinión, el "Procés per la Independència" no es más que la búsqueda, cada vez más desesperada, de la impunidad de una parte de la clase política catalana para no responder por sus delitos. Buena parte de esos delitos eran económicos, e incluso en la última fase de esta locura sigue habiendo presuntos delitos económicos, fundamentalmente malversación de caudales públicos. Por esa razón, para comprender las causas de la situación en Cataluña es imprescindible seguir el rastro del dinero.
El Procés es la búsqueda desesperada de la impunidad de una parte de políticos
"Evidentemente, no es lo mismo que el origen del dinero sea una herencia no declarada, como ha señalado Jordi Pujol, que comisiones sobre la obra pública", como señaló, hace ya cinco años, "la ex novia de su hijo mayor". Esto no sólo es una diferencia de orden moral, sino que la mera posesión del dinero que provenga de una actividad delictiva es una de las modalidades del delito de blanqueo de capitales. Incluso, según la doctrina del Tribunal Supremo del caso Ballena Blanca, esta actividad delictiva previa puede consistir en la propia comisión de delitos fiscales", incluso una herencia sin declarar, si ese fuese el origen de una parte del dinero. En un Estado de Derecho, es a la acusación a la que le corresponde probar los delitos, pero según la doctrina Murray del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la falta de una explicación alternativa, consistente y mínimamente acreditada por parte del acusado es un indicio muy relevante en su contra."
Ya entonces estaba claro, para todo el que quisiera verlo, dónde iba a acabar todo esto, y lo que perseguía: "En una cosa no deberíamos confundirnos: la culminación del "Procés para la Independencia" llevaría a que una élite se quedase fuera de cualquier control".
Quedan tres conclusiones: primero, que el Procés hunde sus raíces en la presunta corrupción y el fraude confeso en el sistema montado por el "padre fundador" del nacionalismo catalán. En segundo lugar, que el coste económico e institucional de la corrupción y del Procés ha sido simplemente sideral. Por último, que la impunidad o incluso la percepción de impunidad, real o incluso posible, es el combustible imprescindible de la huida hacia adelante del separatismo. Cuando llegue la sentencia del Procés, sea cual sea su sentido, todos deberíamos tomar buena nota.
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