Opinión

El ingrediente fiscal de la receta de la financiación autonómica

La financiación autonómica se está convirtiendo en la madre de todas las batallas durante la negociación para formar Gobierno. Quedan poco más de 20 días para que, de no lograrse la investidura, se disuelvan las Cortes, y los barones del PP han lanzado una ofensiva contra el presidente Sánchez -ahora en funciones- para que reúna al Consejo de Política Fiscal y Financiera y desbloquee los cerca de 5.000 millones correspondientes a las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas, una cantidad lo suficientemente abultada para impedir a varias de ellas, colores políticos al margen, cumplir con sus objetivos de déficit.

Es cierto que si Hacienda los flexibilizara y permitiera a las regiones incurrir en un desfase superior, siempre y cuando a cambio redujera el de la Administración Central, el problema de la financiación autonómica podría parecer solucionado, ya que las comunidades tendrían la posibilidad de gastar sin necesidad de recibir las entregas a cuenta. Pero sólo sería eso, una pasajera percepción, porque el problema no quedaría resuelto.

Fuentes gubernamentales ya han asegurado que buscarán "alguna fórmula" para facilitar la financiación a las Comunidades Autónomas, después de que la Abogacía del Estado haya dicho que un Ejecutivo en funciones no puede transferir anticipos a cuenta a las comunidades por los impuestos recaudados. Y la base de esa fórmula está compuesta por el ingrediente fiscal.

El problema de la financiación autonómica y la necesidad de acometer esa reforma pendiente, están íntimamente relacionados con los impuestos, ya sean los propios o los cedidos por el Estado; un capítulo importante dada la corresponsabilidad fiscal que se deduce de la Constitución.

Sin embargo, la peligrosa dinámica en la que han entrado las Comunidades Autónomas, de competencia fiscal a la baja, nos obliga a hablar de irresponsabilidad fiscal. Y es que, al igual que no se puede soplar y sorber al mismo tiempo, resulta bastante incongruente que las autonomías, por un lado, suban la mano para pedir más financiación y, por el otro, pretendan bajar con carácter general los impuestos, como recientemente se ha planteado en la Comunidad de Madrid y que podría sentar un mal precedente.

Es necesario un acuerdo de todas las fuerzas políticas para abordar la reforma tributaria 

Y sería peligroso, porque si esas bajadas, que ya se vienen produciendo en distintas Comunidades en relación, fundamentalmente, con el Impuesto de Sucesiones y, en alguna, con el de Patrimonio (como en Madrid, donde su desaparición ha conllevado renunciar en el último año a más de 800 millones de euros), se extendieran al resto de los tributos cedidos y a la mayoría de las Comunidades Autónomas, se produciría una acusada caída de la recaudación que tendría que ser compensada con mayores aportaciones del Estado o engrosando el endeudamiento, como están haciendo determinadas comunidades. De aquí que el problema de los impuestos cedidos y propios de las autonomías sea de primer orden y esté estrechamente relacionado con esta necesaria reforma del modelo de financiación.

Un cambio, urgente, para el que la comisión de expertos, nombrada para presentar su informe a tal efecto, ya mostró su unanimidad para mantener el impuesto de Sucesiones, estableciendo unos mínimos y una cierta armonización para evitar que la figura acabara desapareciendo de hecho, como ya se está planteando en algunos casos.

Las autonomías son responsables de la mayor parte del gasto social, ya sea en Educación, Sanidad, Dependencia… Es decir, las partidas que, junto a las pensiones, son las más importantes a la hora de blindar nuestro Estado de Bienestar.

Por ello, resulta tan necesario, en un acto de responsabilidad, un amplio acuerdo entre todas las fuerzas políticas que dé pie a abordar esa reforma tributaria pendiente, en la que uno de los capítulos más significativos sería el referido al sistema impositivo de las Comunidades Autónomas.

El rediseño de la financiación autonómica debería ir al compás de una redefinición del sistema tributario que se traduzca en una sustancial mejora, tanto de la suficiencia, eliminando el actual déficit respecto de la media de presión fiscal con la Unión Europea, como de la equidad, haciendo efectivos los principios de justicia tributaria contemplados por el artículo 31.1 de nuestra Constitución.

Sea como fuese, se antoja imprescindible reforzar la coordinación entre las administraciones autonómicas y estatal, estrechando los vínculos entre ellas, sin menoscabo del reparto de competencias diseñado por la Constitución. Es cuestión de aprovechar las economías de escala, ser más eficientes, de recaudar más y repartir mejor para encajar, de una vez por todas, el complejo puzzle en el que parece haberse convertido el modelo de financiación autonómica.

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