Dicen que lo que sucede, conviene. Cuando vienen mal dadas, reconforta pensar que el tiempo volteará los problemas para convertirlos en bendiciones. Y eso es lo que ha pasado con Telefónica en el Reino Unido. El veto de hace cinco años a la venta del negocio de O2 en aquel país ha resultado providencial. El giro en la situación parece de una película de acción, de esas en las que todo se complica y luego se resuelve felizmente al final. Desde aquel varapalo desproporcionado, la compañía ha pasado de casi abandonar el Reino Unido a convertirse en su primer jugador, en un viaje de la nada al todo. Y todo en un lustro, precisamente el tiempo que José María Álvarez-Pallete lleva situado al frente de la teleco.

El Grupo Correos retorna a la senda de los beneficios tras ganar 4,7 millones de euros en el primer trimestre del año. De esa forma, la compañía deja atrás los números rojos provocados por la pandemia, lo que provocó el desplome del negocio postal durante 2020, con una caída de 560 millones de cartas menos que en 2019. Según Correos, las nuevas cifras “confirman la buena evolución de los resultados operativos, apoyados en un crecimiento de los ingresos de explotación del 12,5% y un crecimiento de los gastos de explotación de tan solo el 3,2%”. Todo lo anterior, añade, es fruto de la estrategia de ajustar los costes de producción e incrementar los ingresos por la nueva política de precios.

Telefónica ha recibido la noticia que venía esperando desde hace semanas por parte de la CMA (Competition and Markets Authority), el regulador británico de la competencia, con el visto bueno provisional para crecer en el Reino Unido. En concreto, este organismo ha autorizado inicialmente la propuesta de fusión de Telefónica O2 con Virgin Media y Virgin Mobile. Ese alianza dará lugar al mayor operador de telecomunicaciones convergente en el Reino Unido, con inversiones previstas por valor de 11.000 millones de euros hasta 2025. La joint venture de Telefónica y las marcas de Liberty Global está valorada en 36.000 millones de euros, lo que representa la mayor operación del grupo español a lo largo de su casi centenaria historia.

Las autoridades de Consumo de las 17 comunidades autónomas tienen sobre la mesa diferentes denuncias y expedientes a empresas por incumplimiento de la normativa publicada el pasado mes de diciembre, según la cual se limita el uso de teléfonos de tarificación especial y se obliga a las empresas de servicios de interés general a ofrecer un número de atención al cliente gratuito.