El dicho bursátil de vender en mayo, que hace solo unas semanas parecía obsoleto, puede empezar a cobrar sentido. La economía mundial y española no abandonan su senda ascendente, pero comienzan a surgir en el horizonte algunos nubarrones.
El juez del caso Bankia, Fernando Andreu, cerró esta semana las pesquisas sobre la salida a bolsa de Bankia, después de cinco años de instrucción, con una sorprendente conclusión: los organismos como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), así como Deloitte, la auditora de la entidad en ese momento, no son responsables de los delitos de falseamiento de las cuentas o estafa de los que acusa a sus antiguos gestores.
Los empresarios familiares lo conocen bien, la sucesión es uno de los momentos más complicados por los que atraviesa una empresa. Por eso aconsejan firmar un protocolo con los pasos a seguir para acometer sin sobresaltos el relevo generacional.
La operación Lezo amenaza con descarrilar la legislatura. Los socialistas madrileños se remueven para intentar descabalgar a Cristina Cifuentes de la Comunidad de Madrid. Es cierto que ella fue quien denunció los hechos ante la Fiscalía, pero también lo es que durante más de dos años se resistió a crear una comisión de investigación.
Pablo Iglesias se pasea por Madrid a bordo de un autobús con caras de políticos, banqueros y periodistas conocidos que provoca indignación entre los políticos de la oposición. El líder de Podemos no pudo ser más oportuno, porque tan sólo unos días después de poner en marcha su iniciativa, varios de los protagonistas de la cartelería sobre ruedas (Ignacio Gonzalez ó Esperanza Aguirre) se ven salpicados por escándalos de corrupción importantes.
El Popular vive su semana de pasión particular. La junta de accionistas celebrada el lunes pasado por el nuevo presidente, Emilio Saracho, marcará, para bien o para mal, el futuro de la entidad. Saracho, con formación y experiencia anglosajonas, fue claro y contundente respecto al porvenir del Popular.
El ministro de Hacienda la vuelve a liar. Los Presupuestos que presentó Montoro el martes deberían haber sido los del optimismo por la falta de recortes, pero han acabado en controversia. El titular de Hacienda guardaba un caramelo envenenado, el recorte de la inversión pública nada menos que del 21 por ciento por término medio. Un porcentaje que supera el 30 por ciento en autonomías como Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León ó Asturias. Naturalmente, todos sus dirigentes protestaron de inmediato.
E l ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el resto del equipo económico está optimista. Concluyó el ejercicio con un déficit casi tres décimas por debajo de lo previsto (4,3 por ciento, sin incluir las ayudas a la banca) y tiene cerrado un acuerdo para aprobar los Presupuestos que el Consejo de Ministros vio el viernes.
La celebración este sábado del 60 aniversario del Tratado de Roma, embrión de la Unión Europea, marcará la agenda de la semana. La UE llega casi a su edad de jubilación con más achaques que nunca: desde el desafío de los populismos hasta la búsqueda de un destino común, que permita integrar al Norte con el Sur.
Voy a hacer un paréntesis sobre los asuntos económicos para defender una de las libertades esenciales, la de expresión, recogida en la Declaración de Derechos Humanos. En elEconomista respaldamos el comunicado emitido por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), que preside Victoria Prego, en referencia a las amenazas y presiones coordinadas desde Podemos contra varios grupos de periodistas. Las sufrimos en nuestras carnes, cuando en los orígenes de la carrera política de Pablo Iglesias desvelamos la financiación irregular de su programa La Tuerca en una televisión iraní, que motivó el levantamiento de un acta de inspección por parte de Hacienda. Los insultos a sus autores fueron constantes y bochornosos, en lugar de presentar una demanda ante la Justicia.