El Popular vive su semana de pasión particular. La junta de accionistas celebrada el lunes pasado por el nuevo presidente, Emilio Saracho, marcará, para bien o para mal, el futuro de la entidad. Saracho, con formación y experiencia anglosajonas, fue claro y contundente respecto al porvenir del Popular.
Solo hay dos salidas, según él: una ampliación gigantesca o la fusión con otra entidad mayor. Entretanto llega ese momento, la estrategia pasa por desinvertir en las participadas, para sostener el ratio de capital, que está a solo dos centésimas del límite recomendado por el Banco Central Europeo (BCE).
Nada nuevo bajo el sol. Entonces, ¿por qué la bolsa castigó ese mismo día la cotización con una caída del 10%, seguido casi de otro 20% hasta el viernes? El presidente eludió en su discurso ante los accionistas cómo resolver el problema más acuciante: una cartera inmobiliaria valorada en unos 30.000 millones, que no puede vender porque tiene dotaciones por menos de la mitad de su valor y los compradores exigen descuentos mayores. En su mayor parte se trata de suelos o inmuebles dañados, ejecutados a los clientes por impagos durante la crisis.
¿No desveló sus planes porque el consejero delegado, Pedro Larena, que se despidió en esa junta, había fracasado en la creación de una inmobiliaria con parte de esos inmuebles? ¿O porque, realmente, Saracho no tiene un plan alternativo? Esto último es lo que interpreta el mercado. La primera impresión es que no cuenta con una hoja de ruta para solventar el escollo inmobiliario.
La vía que propuso Saracho de desprenderse de filiales como WiZink o Targobank siempre es lenta, porque los negocios no pueden venderse de la noche a la mañana si se quiere lograr un buen precio. El propio Saracho ordenó paralizar una propuesta que su antecesor, Ángel Ron, llevó al consejo de administración a finales de año, para cerciorarse de que la valoración era la adecuada.
En este contexto, la rápida conclusión a la que llegan los mercados es la misma que algunos barruntaban cuando se conoció que nombrarían a un banquero de inversión. No va a esperar a que el negocio mejore poco a poco. Entre otras cosas porque cada vez queda menos tiempo. Con la cotización en caída libre y los bajistas haciendo su agosto, las incertidumbres se incrementan.
El ajuste de 600 millones en las cuentas del pasado ejercicio anunciado hace una semana es la guinda del pastel, porque desata la especulación sobre el coste multimillonario que pueden acarrear las demandas de accionistas que se sientan engañados por la revisión de los resultados.
Llegados a este punto crítico, cabe preguntarse si fue Saracho consciente de la tormenta que iba a desencadenar al anunciar abiertamente una macroampliación. Todos confiamos que así era, dada su experiencia. Pero a la vista de los hechos se ve que no calculó la virulencia de las caídas en bolsa, que asustan a cualquier comprador.
La otra hipótesis, menos probable, es que el presidente quiera testar el suelo de la cotización para facilitar una operación rápida. Sea como fuere, esta última es la opción que va ganando terreno. Además, la gran ampliación de capital ahora es muy difícil.
Junto al maltrecho portfolio inmobiliario, el Popular mantiene un apetitoso negocio de préstamos a pequeñas y medianas empresas, que interesa a cualquiera de los grandes bancos españoles. Con la cotización muy por debajo del valor en libros, el nivel al que están la mayoría, el banco comienza a estar barato. Todo es cuestión de precio.
Las manifestaciones del Ministerio de Economía en las que descartó una solución pública abonan también la tesis de la fusión. Las aspiraciones de Luis de Guindos a ocupar el puesto de vicepresidente del BCE, que dejará vacante en octubre del año próximo el portugués Vítor Constancio, le dejan poco margen para una intervención u otro esquema de ayuda pública, porque mancharía su currículum.
Un pacto no escrito otorga el control del Eurogrupo al Norte y del BCE, al Sur. España está fuera de la institución desde que José Manuel González Páramo dejó de ser consejero en 2012. Si Guindos lo sustituye, existe incluso la posibilidad de que tenga opciones de reemplazar a Mario Draghi, cuyo mandato vence a mediados de 2019.
Luis de Guindos es el único ministro no militante en el PP y con la marcha del extitular de Industria, José Manuel Soria, y la creciente fortaleza en el Gobierno de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, su soledad es cada vez más notoria.
El puesto del BCE representa para él su gran ocasión para salir del Gobierno, como le había pedido a Rajoy a finales de año, por la puerta grande. Eso sí, está dispuesto a una fusión del Popular con cualquier otra entidad, incluso si es extranjera.
