El dicho bursátil de vender en mayo, que hace solo unas semanas parecía obsoleto, puede empezar a cobrar sentido. La economía mundial y española no abandonan su senda ascendente, pero comienzan a surgir en el horizonte algunos nubarrones.
En el panorama internacional, la apertura de una investigación al presidente de Brasil, Michel Temer, por parte del Tribunal Supremo, amenaza con descarrilar la recuperación económica y, sobre todo, el plan de recorte de pensiones y de ayudas públicas en el que estaba empeñado, pese a las protestas generalizadas de la población.
Si Temer cae, Brasil está abocado a unas elecciones anticipadas que, independientemente del ganador, pararán en seco las reformas que la economía necesita para reiniciar su despegue, después de varios años de crecimiento negativo. La inquietud del mundo económico quedó reflejada en la sensación de pánico que recorrió en pocas horas el mercado bursátil, que acogió la noticia con caídas próximas al 10 por ciento.
Una situación parecida comienza a vivirse en Estados Unidos, donde esta semana se creó una comisión especial para investigar las relaciones de Rusia con la administración Trump, que puede desembocar en el procesamiento del presidente de Estados Unidos. Trump está bajo sospecha, acusado de presionar al expresidente del FBI, James Comey, para que dejara de investigar a su consejero de Seguridad Nacional, Mike Flynn, quien se vio obligado a dimitir por sus presuntas conexiones con los rusos. Comey fue cesado luego de forma fulminante.
Trump, al igual que hizo el brasileño Temer, desmintió inmediatamente las acusaciones y calificó la investigación de "caza de brujas". Este vodevil, que parece sacado de una novela de espías, representa una dificultad añadida para que Trump saque adelante sus promesas económicas, sobre todo la reforma fiscal, en la que los analistas y los mercados tienen puestas sus esperanzas.
En nuestro país, las constantes revelaciones sobre la trama de corrupción que envuelve al PP madrileño para financiar sus campañas electorales trae de cabeza al Gobierno entero y crispa el ambiente político. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, fue reprobado esta semana en el Congreso, tras uno de los movimientos gimnásticos del partido de Albert Rivera, que en paralelo apoyaba la reforma de la estiba en el Congreso y parece dispuesto a estampar su firma en apoyo a los Presupuestos de Cristóbal Montoro.
Sin embargo, lejos de tranquilizarse, en las filas peperas comienza a cundir el desánimo ante la posibilidad real de que este fin de semana Pedro Sánchez se alce con la Secretaria General de los socialistas, frente a Susana Díaz. La victoria del No es No de Sánchez tensará la legislatura, dificultará los acuerdos de Gobierno y acentuará la parálisis de sus decisiones.
Hasta ahora, la tesis oficial imperante es alargar el mandato de Gobierno para beneficiarse del tirón económico y la creación de empleo. Pero el panorama puede cambiar con Sánchez e Iglesias disparando contra todo lo que se mueva. Si los escándalos de corrupción prosiguen, ¿evitará Albert Rivera la tentación de retirar el apoyo al PP en los próximos Presupuestos?
Quien comienza a sorprender a propios y extraños es el presidente de Banco Popular, Emilio Saracho. Esta semana pasó de promover una solución sin prisas para la entidad financiera a una salvación exprés, mediante su venta antes del verano.
Saracho está cumpliendo al dedillo el guión que se esperaba de él como banquero de inversión: buscar un comprador cuanto antes. Sus planes se aceleraron ante el temor de que un grupo de inversores americanos presente demandas milmillonarias por las cuentas engañosas publicadas antes de la última ampliación.
Saracho, buen conocedor de la cultura anglosajona tras su paso por JP Morgan, espera que los reclamantes intenten recuperar la diferencia entre la última ampliación (1,2 euros por cada acción) y el precio de venta. Eso explicaría que en la Junta de accionistas, celebrada poco después de su nombramiento, no se anduviera con remilgos y anunciara la necesidad de buscar un comprador o poner en marcha una ampliación de capital. Esta última opción, finalmente, queda descartada.
Existen también rumores fundados de que la auditoría encargada para valorar la cartera de inmuebles ofrece una tasación inferior en alrededor del 40 por ciento a la estimación hecha por la entidad financiera, que ronda los 35.000 millones de euros, y que, por ende, la pérdida esperada podría duplicarse hasta los 8.000 millones.
El banquero tiene que presentar un plan creíble de recuperación de los activos dañados antes de finales de junio ante el Banco Central Europeo (BCE) y, además, necesita unos mil millones adicionales a fin de año para afrontar los requerimiento de capital de Basilea III.
En estas circunstancias, es comprensible que Saracho optara por acelerar la localización de un comprador que cubra las posibles necesidades regulatorias o de saneamiento del banco. El plan de venta de filiales, como la de Totalbank en Estados Unidos o de WiZink en España es a todas luces insuficiente.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, salió al rescate, para calmar el nerviosismo sobre el futuro del Popular, al poner sobre la mesa la opción de Bankia. En última instancia, siempre estará el Estado, aunque Guindos no quiere poner un euro más en ayudas públicas.
El problema es que cualquier compra pasa por una ampliación de capital próxima a los 6.000 millones, que tendrán que cubrir los accionistas del banco adquirente. En el caso de Bankia, reduciría a la mitad el peso del Estado y alargaría su privatización total.
La situación económica del Popular es difícil, pero no desesperada. Su cartera de clientes y una cuota del 17 por ciento en créditos a pymes es objeto de deseo para la mayor parte de la banca. La entidad financiera está aún a tiempo de encontrar un novio, que la saque del atolladero actual.
Pero no se engañen, ni Guindos ni el presidente de Bankia, José Ignacio a Goirigolzarri, acostumbran a disparar con pólvora del Rey ni a pagar más de lo que se debe. El precio será ridículo para poder atraer a contendientes de la talla del Santander o BBVA. El presidente de esta última entidad, Francisco González, llegó a ofrecer, al parecer, 1,2 euros por acción al anterior presidente, Ángel Ron, poco antes de que se marchara, el doble de su cotización actual. Ron descartó la oferta para cumplir con el mandato de Valls de mantener la independiencia del banco y ni siquiera la trasladó al consejo de administración. ¡Craso error! "Todo fluye, nada permanece", como dijo Heráclito. Y si no que se lo pregunten a Trump, que hace sólo unos meses parecía dispuesto a comerse el mundo y ahora se siente una víctima del sistema, como Rajoy ó Temer. Los tiempos económicos de vino y rosas suelen ser efímeros y mutan sin avisar.
