La operación Lezo amenaza con descarrilar la legislatura. Los socialistas madrileños se remueven para intentar descabalgar a Cristina Cifuentes de la Comunidad de Madrid. Es cierto que ella fue quien denunció los hechos ante la Fiscalía, pero también lo es que durante más de dos años se resistió a crear una comisión de investigación.
Cifuentes conocía por el diputado del PP y exalcalde de Leganés, Jesús Gómez, que su antecesor en el cargo y expresidente de Canal de Isabel II, Ignacio González, tenía una cuenta en Suiza. Y lo que es peor, cuatro consejeros del Canal puestos por su Gobierno, entre los que está su mano derecha, Ángel Garrido, actual presidente de la empresa pública, y la vicepresidenta de esta sociedad y consejera de Economía, Engracia Hidalgo, firmaron con su conformidad las cuentas desde 2015.
Los firmantes alegan desconocimiento. Es cierto que González se ocupó de esconder tanto a la Consejería de Hacienda, como al auditor, el importe de la adquisición de la brasileña Emissao por una cantidad inflada en torno a los 23 millones. Seguramente, no existan responsabilidades jurídicas, pero quedan por determinar las políticas.
Las irregularidades no se denunciaron hasta que la Comisión de Endeudamiento del Parlamento regional abrió una investigación. El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, está siendo prudente, aunque el caso está pendiente de la comparecencia de Cifuentes.
Las acusaciones y reproches cruzados han tomado el Congreso de los Diputados, donde Podemos amaga con una moción de censura contra Rajoy y los socialistas hacen piña con el partido de Albert Rivera para solicitar la reprobación urgente, tanto del fiscal general, José Manuel Maza, como del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix.
En el PP también se rasgan las vestiduras, porque González intentó salpicar a varios altos cargos del Gobierno con los que intentó reunirse tras enterarse de que era investigado. Como se sabe, su hermano, Pablo Gonzalez, se vio con el número dos de Interior, José Antonio Nieto. Además, está el mensaje al ministro de Justicia, Rafael Catalá, o las conversaciones con el expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, para intentar influir en la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
¿Cómo pueden afectar estas tensiones al pacto de Gobierno entre PP y Ciudadanos? Es la pregunta en boca de todos. El primer test está en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, durante las próximas semanas.
De momento, el apoyo de Rivera al PP se mantiene intacto, pero quedan las comparecencias solicitadas de los fiscales generales, así como la del ministro de Justicia. Después del giro copernicano dado en el último minuto por Ciudadanos sobre los estibadores, en el partido del Gobierno desconfían.
El PNV intenta sacar el mayor provecho al lío montado. Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, quiere negociar una fórmula más sencilla para el cálculo del Cupo, después de limar las diferencias existentes entre Madrid y Vitoria sobre su liquidación.
El presidente de la AIReF, Jose Luis Escrivá, el organismo encargado de supervisar las cuentas de Cristóbal Montoro, advirtió esta semana al ministro de Hacienda que vale ya de reducir las inversiones, es hora de meter la tijera al gasto para cumplir el objetivo de déficit y poder retomar la senda de bajada de impuestos.
En este aspecto, Donald Trump ha tomado la delantera al resto. Si logra que el Congreso pase su reforma fiscal, Estados Unidos será el cuarto país del mundo con la fiscalidad más baja para sus empresas. Montoro debería seguir sus pasos en los próximos años.
Entretanto, los ojos de todo el mundo están puestos en el 7 de mayo, fecha en que los franceses están convocados de nuevo a las urnas para revalidar la victoria de Enmanuel Macron. Si no lo consigue, olvídense de las riñas nacionales, el averno de la crisis se cernirá de otra vez sobre nuestras cabezas.
El triunfo de Macron daría un impulso renovado a la eurozona y colocaría a España en una posición estratégica como contrapeso entre Francia y Alemania. Ello fortalecería nuestra voz en Europa y nos situaría como un polo de atracción de nuevas inversiones. Vamos a ser positivos y quedarnos con esta visión. Disfruten del puente de Mayo y de la Festividad del Día del Trabajo.
PD. El Gobierno de Puigdemont ha vuelto a rozar el esperpento al conceder la Cruz de Sant Jordi, el más alto galardón de la Generalitat, a Víctor Grifols, expresidente de la multinacional catalana del mismo nombre. Grifols es un reconocido independentista, pero barre siempre para su casa. En 2015, trasladó la actividad comercial de I+D de Grifols y su división de Biociencia a Irlanda, para reducir su tributación al 6,5 por ciento. Una decisión legítima desde el punto empresarial, que lo único que muestra es la escasa confianza de Grifols en la gestión de las autoridades catalanas. Puigdemont ha hecho una vez más el ridículo.
