La celebración este sábado del 60 aniversario del Tratado de Roma, embrión de la Unión Europea, marcará la agenda de la semana. La UE llega casi a su edad de jubilación con más achaques que nunca: desde el desafío de los populismos hasta la búsqueda de un destino común, que permita integrar al Norte con el Sur.
Las palabras del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, sobre el excesivo gasto "en mujeres y vino" de la Europa que acaricia el Mediterráneo, ponen de manifiesto las dificultades de entendimiento que hay hasta para sus responsables políticos.
La dirigente británica, Theresa May, será la primera en aguar el ambiente de fiesta en Roma con la petición formal el próximo miércoles para abandonar la UE.
A pesar de las dificultades, Europa vivió en estos sesenta años el periodo de paz y de prosperidad más largo de su historia. Una etapa caracterizada por el derribo de las fronteras, tanto para el tránsito de personas como de mercancías.
La première británica se las promete muy felices, pero el Brexit supondrá el más grave retroceso de las libertades y de la sociedad del bienestar del último siglo. Los efectos en la economía y en el bienestar de los habitantes de la isla aún no se notan. Del éxito de las negociaciones que se abran a partir de esta semana dependerá que los daños lleguen más o menos amortiguados.
La prensa británica, con su escuadrilla de periódicos y agencias de información financiera muy influyentes en los mercados, se pasó los últimos años advirtiendo del riesgo de ruptura del euro. Pero sin darse cuenta fomentó una animadversión hacia el resto de sus socios europeos, que está en el origen de la fractura no sólo con la UE, sino interna.
La denominada vía escocesa reabrirá en los próximos meses las heridas e incertidumbres sobre el futuro de Gran Bretaña, como un reino unido. No creo que May tenga mucho de qué presumir, sino todo lo contrario.
El accidente británico, como se denomina entre los inversores, es un aviso a navegantes sobre la fragilidad de los tratados transfronterizos y de las estructuras estatales.
En España, Cristóbal Montoro promete llevar al Consejo de Ministros del viernes los Presupuestos de este año. Un gesto que contrarrestará el desasosiego que produjo entre los socios europeos el rechazo en el Congreso del decreto sobre la estiba.
La cuestión es el coste que tendrá para los bolsillos de los españoles la machada de nuestro ministro de Hacienda. Desconocemos la magnitud del cheque con el compensará tanto al PNV en el País Vasco como al diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, quien gracias a la difícil aritmética electoral debe de sentirse como un agraciado del Gordo de la Lotería Nacional.
Lo peor es que después de cuadrar el déficit de 2016 gracias a una gran subida de impuestos para las empresas, se permite admitir a 250.000 interinos como funcionarios. Una manera de contentar a los sindicatos y a unos cuantos miles de enchufados, fruto de las contrataciones a dedo de PSOE y PP, tras su paso por los últimos gobiernos. Los viejos defectos del bipartidismo, con los que Pablo Iglesias supo hacerse un hueco entre su electorado, siguen intactos.
Montoro presume de que la medida no comporta un alza del gasto, pero impide reducirlo y dejar de recurrir a los impuestos para cumplir con el déficit. El agujero de la Seguridad Social, el fin de la hucha de las pensiones o la reforma de la financiación autonómica obligarán a incrementar la fiscalidad, como reconoció Luis de Guindos, al apuntar un alza inminente de los impuestos verdes.
La marcha de la economía española no depende, sin embargo, del Presupuesto, sino de la reñida lucha entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, que este domingo se lanza a la arena electoral de la mano de Felipe González, y del enquistamiento del conflicto catalán.
Después de varios años de promesas incumplidas, Montoro sigue sin abordar un asunto esencial para el futuro, un nuevo reparto de la financiación autonómica. Artur Mas y Carles Puigdemont prosiguen adelante con su referéndum soberanista. Esta semana consignaron una partida presupuestaria para la celebración. El Estado esgrime el cumplimiento de la Ley, mientras que se niega a realizar concesiones en el plano económico para desactivar el descontento que alimenta el nacionalismo. ¿Cuál es la salida a la situación actual? ¿Suspender la autonomía para impedir un referéndum ilegal y dar nuevas alas al independentismo? O sentarse, por lo menos, a hablar.
La vía escocesa, que tarde o temprano tendrá que emprender May, será un espaldarazo para Mas y Puigdemont. El circo independentista se pone de nuevo en marcha, con tensiones y consecuencias impredecibles.
El populismo no sólo hace estragos en la Vieja Europa o en Gran Bretaña. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se la jugó a Rajoy prometiéndole compensar a Gas Natural por los impagos en su país, mientras que por detrás el fiscal y Hacienda ponían en marcha la maquinaria para presionar a la empresa española. Tampoco las gestiones del Rey Felipe VI dieron sus frutos.
Santos se engaña a sí mismo. Al final, tendrá que afrontar la factura por expulsar a Gas Natural del Caribe colombiano, como le ocurrió a Cristina Kirchner en Argentina con Repsol. Entretanto, el desprestigio para Colombia por la falta de seguridad jurídica será muy alto. Una pena en un país que se había labrado con esfuerzo una imagen de seriedad y de respeto en los últimos años.
El presidente Mauricio Macri también se apunta al populismo de guante blanco. Después de su visita a España, donde fue recibido con los más altos honores por el Gobierno y los Reyes, propició un golpe bajo a los intereses de las empresas españolas. Hace un par de semanas, firmó la concesión gratutita de la licencia 4G de telefonía para el grupo Clarín, como premio por la defensa de sus intereses políticos. Macri pisotea de esta manera las peticiones de Telefónica y del grupo mexicano Claro, participado por la española Imagina. Lo hace, además, después de aprovechar su visita para entrevistarse con el presidente de Telefónica, José María Alvarez Pallete. No es el mejor camino para recuperar la confianza de los inversores españoles, a la que apeló en nuestro país.
PD. ElEconomista, fiel a su compromiso editorial de impulsar el progreso social y económico, puso en marcha hace cuatro años un ciclo de conferencias para promover la digitalización y la reindustrializacion. El proyecto se completará el próximo martes con el lanzamiento de una revista en formato exclusivamente digital, Factoría 4.0, junto a una página web y amplia información en redes sociales. Un adelanto al futuro, que los políticos deberían acompañar con un plan industrial en profundidad.