Con retraso sobre el horario previsto y con falta de finezza, el Consejo de Ministros ha procedido a la propuesta de renovación de los puestos vacantes en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El retraso, pese a ser incomprensible e innecesario, es algo recurrente. Se trata de una costumbre que algún día deberemos erradicar para ofrecer al mundo una imagen de ejemplaridad y eficacia.
Cuando Alexis de Tocqueville viajó a Estados Unidos en el año 1831 quedó asombrado por la solidez de la sociedad civil americana. La sociedad civil era, precisamente, la plataforma sobre la que se asentaba la fortaleza de todo el país. Muchas de las ideas elaboradas durante su viaje quedaron plasmadas en el excelente y altamente recomendable libro La democracia en América (Alianza Editorial, sexta reimpresión, 2016, 2 vol.).
Los temas relacionados con Uber han excitado la sensibilidad de muchos ciudadanos interesados en seguir con la tradición y en frenar los avances que conllevan las nuevas tecnologías. Tienen sus razones y, en las actuales circunstancias, las administraciones deberían ponerse a la cabeza de la modernidad. Sin embargo, han preferido callar o someterse a la regulación vigente que no es una regulación de futuro sino de pasado.
El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha hecho pública una nota referida al Anteproyecto de Ley sobre la racionalización y ordenación de los organismos supervisores de los mercados y para la mejora de su gobernanza. Como se dice en el texto: "Evidentemente la actual CNMC se extinguirá".
La defensa de la competencia mejora el bienestar de los ciudadanos y beneficia a las empresas eficientes. Por ello, las Administraciones Públicas (AAPP) son muy cuidadosas con la regulación. Afortunadamente, la revisión jurisdiccional, en ocasiones, limita los desmanes legales en que incurren algunos responsables políticos con poca experiencia sobre estas cuestiones o con un exceso de arrojo que les conduce a tomar las decisiones sin haber analizado a fondo el marco regulador.
La globalización de la economía y el desarrollo de las comunicaciones y las telecomunicaciones tienen un impacto real sobre la estructura, la conducta y los resultados correspondientes a muchos mercados y empresas. Lógicamente, si el punto de mira se dirige al progreso, las regulaciones incentivarán la modernización pero, desgraciadamente, debido a la captura del regulador, muchas normas y acciones políticas se resisten a mirar al futuro.
El ciudadano que discurre por las calles de España y lee las páginas locales de los periódicos, con demasiada frecuencia tiene la sensación de estar gobernado sobre la base de ocurrencias. En otros términos, considera que muchos gestores públicos toman decisiones al margen de las normas reguladoras, de sus competencias reales y sin el debido respeto a los resultados del más elemental análisis económico.
Muchos de los indicadores muestran que nuestra economía mejora. Continuamos creciendo gracias a la demanda interna, pero lo hacemos con poca inversión y reducidos aumentos de la productividad. Se trata de un crecimiento con algunos elementos de fragilidad en el contexto de muchos mercados presididos por comportamientos cartelizados acompañados de ineficiencias.
Las noticias y la lectura de las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) son, con mucha frecuencia, portadoras de sorpresas. Las primeras incluyen -sin confirmación oficial- referencias a las reiteradas ausencias de algunos miembros de la Sala de Competencia cuando se tratan cuestiones relacionadas con el fomento de la competencia en mercados regulados. De ser ciertas tales noticias, sorprende que la situación se haya prolongado tanto, sin que se hayan tomado medidas. Algún día, el conocimiento de las actas de las reuniones nos permitirá juzgar esta cuestión con conocimiento de causa. De momento, que quede cons- tancia de la sorpresa.
Hubo un tiempo en que la competencia ocupaba un lugar destacado en el espacio público abierto. La sociedad y las administraciones públicas estaban muy atentas ante las decisiones y declaraciones de las autoridades de competencia (ADC).