Con retraso sobre el horario previsto y con falta de finezza, el Consejo de Ministros ha procedido a la propuesta de renovación de los puestos vacantes en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El retraso, pese a ser incomprensible e innecesario, es algo recurrente. Se trata de una costumbre que algún día deberemos erradicar para ofrecer al mundo una imagen de ejemplaridad y eficacia.
Como acostumbra a suceder, los nombramientos de la CNMC provocan ruido cuando existe algún tipo de vinculación entre las personas propuestas y el poder político. Sin embargo, el ruido, habitualmente es efímero dado el escaso interés de los políticos por todo aquello que tiene que ver con el comportamiento eficiente de los mercados. A mi juicio, lo relevante es la idoneidad de los elegidos, su trabajo y los resultados. Sin olvidar, claro está, las cuestiones pendientes en relación con los mercados y la competencia. O, lo que es lo mismo, con las empresas -en particular, las eficientes y competitivas- y los consumidores. Acerca de la idoneidad de las personas propuestas, el tiempo dirá si el correspondiente hearing habrá sido un acto serio y responsable desarrollado con el fin de elegir a quienes reúnen los requisitos exigidos para llevar a buen término la misión encomendada. O si, por el contrario, habrá sido un circo o la justificación de un reparto de sillas.
Dicho lo anterior, recordando a Hesíodo, quiero referirme a dos cuestiones: los trabajos y las personas.
En primer lugar, los trabajos. Al final de cualquier etapa siempre quedan cuestiones pendientes; algunas, particularmente relevantes en un entorno de crisis económica. Entre ellas destaca la necesidad de impulsar las reformas estructurales pendientes y las propuestas de eliminación de regulaciones ineficientes o asociadas a la falta de unidad de mercado. Pero hay otras cuestiones más concretas que merecen ser destacadas.
No hay interés por parte del Gobierno por la defensa de la competencia y la desregulación
A ello se suman asuntos que deben ser objeto de atención y actuación. Desde la perspectiva económica, debe proseguir la lucha contra los cárteles, pero la obsesión por equiparar meros acuerdos con presuntos cárteles no tiene justificación. Ayudaría a ello si las Resoluciones huyeran de la perezosa remisión a las conductas prohibidas por objeto pues ello traduce un manifiesto desprecio a los efectos de las conductas y exhibe una insuficiente utilización del análisis económico. Es decir, se olvida el necesario balance entre restricciones a la competencia y eficiencia y que el análisis económico permite, en muchas ocasiones, aclarar aquellas cuestiones que no pueden resolverse exclusivamente con el análisis jurídico. En este punto me pregunto: ¿por qué tanto temor a imputar a los operadores económicos públicos y analizar sus conductas desde la perspectiva del monopsonio?.
Desde el punto de vista jurídico, debe asegurarse la exigible separación entre los órganos instructor y decisor. Además, la pérdida de casos ante los órganos jurisdiccionales pone de relieve que es necesaria una mayor atención a la instrucción, a la argumentación jurídica -y económica- y a la gestión de los expedientes pues la falta de aplicación da lugar a un exceso de litigiosidad y encarece los procesos. Asimismo, sorprende, dado que exhibe una discusión insuficiente, el número elevado de votos particulares, algunos -afortunadamente ya lejanos- con evidente intención obstruccionista. El "corta y pega" se ha convertido en un mecanismo demasiado habitual que se traduce en una reflexión insuficiente, una exagerada extensión de las Resoluciones y, en fin, una huida del fondo de los asuntos. No es aceptable la ocultación del nombre de los ponentes por el riesgo moral que ello entraña y por el presunto impacto negativo sobre la calidad de las Resoluciones y, en aras de la seguridad jurídica, no debería abandonarse la costumbre de distribuir los expedientes por turnos.
La falta de vistas y de interlocución con las partes sólo redunda en una menor calidad de las decisiones. En relación con las sanciones, la euforia inicial, con frecuencia, resulta contrarrestada por las decisiones de los órganos jurisdiccionales contrarias a las propuestas de la CNMC. Resulta más idóneo dar más importancia a la defensa y al fomento de la competencia que a la imposición de sanciones sin argumentos bastantes.
Ahora, en plena crisis económica, algunas cuestiones sometidas al análisis de las autoridades de defensa de la competencia revelan una particular importancia. Me refiero, por ejemplo, a las ayudas públicas, a las plataformas o a las grandes concentraciones de empresas cuya traducción inmediata es el reforzamiento de su posición de dominio. En estos casos, el necesario balance entre el eventual daño a los consumidores y el riesgo de deslocalización tiene una solución compleja que aconseja su análisis con la debida articulación del conocimiento jurídico y económico. En estos casos, las proclamas sin análisis no tienen cabida en la actividad de las autoridades de defensa de la competencia.
En segundo lugar, las personas. Las personas elegidas tienen por delante una misión noble que exige conocimientos y dedicación absoluta pues los asuntos sometidos a su juicio tienen un impacto considerable sobre la actividad empresarial y los consumidores. En este punto debe recordarse que la misión de los Consejeros es la aplicación de las normas sobre la base de conocimientos económicos y jurídicos -ambos, lógicamente- sólidos y bien argumentados.
En relación con las personas, sólo me referiré a las que conozco: la Presidenta, el Vicepresidente y una Consejera. Dos de ellas han asistido a mis clases en tiempos lejanos y la tercera colaboró conmigo cuando presidía el Tribunal de Defensa de la Competencia. Se trata de personas preparadas y con una dilatada trayectoria en el campo de la defensa de la competencia y/o de la desregulación. Sus curricula ponen de manifiesto el calado de sus conocimientos y experiencia. De los otros nombramientos no puedo decir nada porque su relación profesional con la aplicación de las normas de defensa de la competencia me resulta desconocida.
Cani Fernández lleva sobre sus espaldas una notable experiencia y reputación en el campo del Derecho de la competencia español y europeo y un reconocimiento nacional e internacional que no admite discusión. A ello suma una experiencia docente en centros de primer nivel europeo. Ángel Torres es un Técnico Comercial del Estado y Economista del Estado que ha recorrido todo el territorio de la función pública en el campo de la economía, tanto en España como en organismos internacionales u oficinas comerciales. Y no menos importante: hizo una extraordinaria y reconocida labor en el proceso de trasposición de la Directiva de Servicios. Pilar Sánchez acumula una dilatada experiencia en la Autoridad de defensa de la competencia habiendo sido Vicepresidenta de la Comisión Nacional de la Competencia. Asimismo, fue consultora del Banco Mundial. Es decir, se trata de tres personas con experiencia probada y reputación personal. Ahora bien, esto refleja el pasado; la condición necesaria. El futuro exigirá un nuevo juicio; la condición suficiente.
En definitiva: la nueva Comisión tiene una gran tarea por delante con muchos asuntos relevantes por resolver en un contexto de falta de interés del gobierno por la defensa de la competencia y la desregulación y una voluntad explicita por la intervención en los mercados. Los mimbres, de calidad en sus campos respectivos, son heterogéneos, combinando la experiencia con la inexperiencia en el campo de la defensa de la competencia. Articular un equipo heterogéneo cuyo faro orientador es la Ley y el derecho y los destinatarios de su aplicación son las empresas y los consumidores, exige auctoritas de quien preside y rigor y tino de quienes son presididos. Aun disgustándome la falta de finezza en el procedimiento de propuesta de los nombramientos y su elección sobre la base del reparto por afinidades políticas en lugar de hacerlo mediante un concurso abierto internacionalmente, prefiero juzgar a los nombrados por sus resultados en lugar de hacerlo por cuestiones que, sin duda, serán efímeras. Y que nadie dude de que lo haré. Empezando por el hearing.
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