El futuro nombramiento de Cani Fernández como presidenta de la CNMC se presenta rodeado de aspectos cuestionables. Sin duda, levanta suspicacias su procedencia directa del actual equipo de asesores de Moncloa. Pero más grave es la amenaza de que surjan inevitables conflictos de intereses, por el hecho de que Fernández está casada con Jorge Padilla, director de una de las principales consultoras mundiales especializadas, precisamente, en temas de competencia.
Es obvio que el reglamento de la CNMC previó situaciones así, al ordenar a su presidente que se ausente de las votaciones en las que él, o un familiar directo (como es el caso), tenga vinculación. Ahora bien, un somero análisis de la trayectoria de Padilla revela que trabajó en prácticamente todos los mercados sensibles desde el punto de la competencia (energía, transporte, comunicaciones...). No es realista pensar que la futura presidenta de la Comisión tenga que inhibirse en un número tan grande de cuestiones medulares, que necesariamente tendrá que tratar durante su mandato. Su credibilidad se vería aún más comprometida de lo que ha quedado tras la reciente renovación de sus consejeros, en la que quedó laminada la pluralidad que tendría que caracterizar a esta institución.
El Gobierno decide cambios de enorme calado en pleno estado de alarma y sin consensuar nada con la oposición
Sólo puede sorprender la precipitación con la que el Gobierno conduce unos cambios de tanto calado para la Comisión. Además de no contar en ningún caso con el acuerdo de la oposición, ni siquiera espera a que termine el estado de alarma provocado por la pandemia. Impide así implantar el principio que todos los expertos en competencia (incluido el propio Jorge Padilla) juzgan básico en organismos homologables a la CNMC: la independencia.