La globalización de la economía y el desarrollo de las comunicaciones y las telecomunicaciones tienen un impacto real sobre la estructura, la conducta y los resultados correspondientes a muchos mercados y empresas. Lógicamente, si el punto de mira se dirige al progreso, las regulaciones incentivarán la modernización pero, desgraciadamente, debido a la captura del regulador, muchas normas y acciones políticas se resisten a mirar al futuro.
El ciudadano que discurre por las calles de España y lee las páginas locales de los periódicos, con demasiada frecuencia tiene la sensación de estar gobernado sobre la base de ocurrencias. En otros términos, considera que muchos gestores públicos toman decisiones al margen de las normas reguladoras, de sus competencias reales y sin el debido respeto a los resultados del más elemental análisis económico.
Muchos de los indicadores muestran que nuestra economía mejora. Continuamos creciendo gracias a la demanda interna, pero lo hacemos con poca inversión y reducidos aumentos de la productividad. Se trata de un crecimiento con algunos elementos de fragilidad en el contexto de muchos mercados presididos por comportamientos cartelizados acompañados de ineficiencias.
Las noticias y la lectura de las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) son, con mucha frecuencia, portadoras de sorpresas. Las primeras incluyen -sin confirmación oficial- referencias a las reiteradas ausencias de algunos miembros de la Sala de Competencia cuando se tratan cuestiones relacionadas con el fomento de la competencia en mercados regulados. De ser ciertas tales noticias, sorprende que la situación se haya prolongado tanto, sin que se hayan tomado medidas. Algún día, el conocimiento de las actas de las reuniones nos permitirá juzgar esta cuestión con conocimiento de causa. De momento, que quede cons- tancia de la sorpresa.
Hubo un tiempo en que la competencia ocupaba un lugar destacado en el espacio público abierto. La sociedad y las administraciones públicas estaban muy atentas ante las decisiones y declaraciones de las autoridades de competencia (ADC).
La competencia efectiva en los mercados de bienes y servicios ofrece mejores resultados que la falta de competencia. Esta cuestión está ampliamente estudiada desde las perspectivas teórica y empírica y la microeconomía ha establecido las condiciones generales del equilibrio competitivo.
A mi juicio, con lagunas y dadas las circunstancias, el sistema español de defensa de la competencia funciona razonablemente bien y el trabajo llevado a cabo por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha tenido efectos reseñables, de impacto en muchos casos. Acaso sería conveniente algo más de efervescencia en el espacio público, más disciplina interna y una mayor justificación de las sanciones pues los tribunales también cuentan, lógicamente.
El combate contra la pobreza debería situarse en el centro de la acción política. Sin embargo, se pone mucho énfasis en la desigualdad. Lo que resulta excepcional es discutir el asunto sobre la base de análisis rigurosos, hacer referencia a sus causas, proponer soluciones basadas en el esfuerzo individual y tomar en consideración el estado real de las cuentas públicas.
El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) exige un repaso general en relación con los términos económicos; en bastantes ocasiones imprecisos o poco actualizados. Un ejemplo de ello es la definición de cártel: "Convenio entre varias empresas similares para evitar la mutua competencia y regular la producción, venta y precios en determinado campo industrial". Parece como si el sector primario o los servicios no existieran, amén de otras cuestiones