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Competencia 'ciudadana'

A mi juicio, con lagunas y dadas las circunstancias, el sistema español de defensa de la competencia funciona razonablemente bien y el trabajo llevado a cabo por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha tenido efectos reseñables, de impacto en muchos casos. Acaso sería conveniente algo más de efervescencia en el espacio público, más disciplina interna y una mayor justificación de las sanciones pues los tribunales también cuentan, lógicamente.

Por poner tres referencias como contraste. Por un lado, el área de promoción de la competencia ha mostrado gran actividad y rigor en el análisis económico -algo que debe ser bienvenido-. Por otro lado, creo que puede sostenerse que en el seno de la sala de regulación la actividad es mejorable en algunas áreas.

Asimismo, en tercer lugar, de acuerdo con la información que recorre el mercado, es posible que la dedicación de algunos consejeros -incluidas sus ausencias y la calidad de algunos textos- merecería el mismo comentario. Con el fin de juzgar el asunto con mayor precisión sería oportuno que pudiéramos conocer las actas de las reuniones, en todo aquello que no fuera confidencial, para opinar con argumentos apoyados en un mejor y más preciso conocimiento de los hechos.

Dicho esto, cabe recordar que en muchos ámbitos interesados en la aplicación del derecho de la competencia ha habido opiniones muy críticas en relación con el trabajo llevado a cabo por la CNMC, en ocasiones generales o poco finas; incluso, injustas. Por ejemplo, desde la zona ultraliberal llega a criticarse la propia existencia de la Comisión desde la creencia de que el mercado resuelve los problemas si se le deja actuar con libertad. Sin embargo, aun siendo verdad que, en muchos casos, el mercado se autorregula, en el de los cárteles, por ejemplo, esto no sucede.

De la información disponible procedente de las resoluciones de la CNMC se deduce que algunos cárteles han durado una veintena de años obteniendo elevados beneficios extraordinarios en perjuicio de los consumidores y del conjunto de la economía sin que la competencia, o las desavenencias internas del cártel, rompiese una estructura vigilada, según algunos efímera. En consecuencia, hay argumentos para defender la existencia de una autoridad que vele por el funcionamiento competitivo de los mercados. Además, en el caso de las barreras de entrada tampoco cabe duda alguna.

La CNMC también ha recibido críticas, particularmente ilustradas, por parte de algunos economistas y juristas próximos al colectivo 'Nada es gratis' o al grupo político Ciudadanos (C's). Era evidente que, con estas referencias, C's procuraría mejorar el sistema, algo que, como es lógico, no tendría la oposición del Partido Popular (PP).

Ha llegado el momento: en el documento '150 compromisos para mejorar España', firmado por el PP y C's, se incluye el apartado 'Competencia y eficiencia en los mercados de bienes y servicios', de redacción mejorable.

El apartado, que nada dice -más allá de la referencia a la unidad de mercado- sobre la necesidad de liberalizar (libros, taxis, farmacias?) y derribar la multitud de barreras de entrada desparramadas por toda la geografía española, incluye cuestiones relevantes que no deben ser pasadas por alto, a saber: a) la independencia orgánica, además de funcional, de la CNMC; b) la división de la CNMC en dos entidades independientes: competencia y sectores regulados; c) la asunción de funciones de protección de defensa de los consumidores y usuarios; y d) la reforma de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, amén de otras cuestiones complementarias.

Asumir la independencia orgánica de la CNMC o la defensa de los consumidores y usuarios supone un avance serio, contundente, valiente. Volver a la doble autoridad sólo entraña un riesgo: vencer la deriva intervencionista de los órganos reguladores, tal como demuestra la experiencia, incluso la más reciente. Pero si el sistema se organiza adecuadamente y se eligen buenos e ilustrados actores, el riesgo puede superarse con éxito. Y si se regula adecuadamente, la ley de unidad de mercado deberá tener efectos positivos, aunque incómodos y, previsiblemente, conflictivos.

En definitiva, pese a que nada se dice de modernizar la ley de defensa de la competencia vigente, entiendo que está en el espíritu del acuerdo. Llevar a la práctica dicha puesta al día, reforzar la autoridad y mostrar -y demostrar- que se cree firmemente en la competencia supondrá un paso adelante en el proceso de modernización de nuestros mercados. ¡Ojalá!

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