Opinión

El Tribunal Supremo ha dictado sentencia (STS 2385/2025), de 21 de mayo de 2025, en la que determina que cuando no puede constatarse una incidencia relevante en la conexión entre las nuevas contrataciones y la amortización de puestos en un despido colectivo, el órgano judicial no debe hacer un juicio de oportunidad sobre la gestión empresarial, sino limitarse a analizar la legalidad de la causa, la razonable adecuación entre causas y medida, y la ausencia de fraude o vulneración de derechos fundamentales.

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Analizamos en esta ocasión una importante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), de 24 de febrero de 2025, en la que se determina que el informe del Servicio de Prevención de Riesgos (SPR) sobre la aptitud de un trabajador no justifica por sí solo la extinción del contrato de trabajo por ineptitud sobrevenida.

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La Sentencia 922/2025 del Tribunal Supremo, de 5 de marzo de 2025 aborda una cuestión clave en el ámbito de la transmisión empresarial. Esta sentencia es importante porque de la misma se deriva, una vez más, la importancia de que se analice la continuidad o no de la actividad y la identidad de la entidad económica objeto de la transmisión.

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La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, mediante sentencia del 5 de marzo de 2025, ha unificado doctrina en un asunto controvertido al resolver un recurso presentado por tres trabajadores contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

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La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en sentencia de 20-12- 2024 (sentencia 1357/2024) ha confirmado la doctrina establecida en la previa de 11-4-2024 (sentencia del Tribunal Supremo 543/2024), por la que se establece que, si transcurren tres meses desde la solicitud de registro de un plan de igualdad sin que la Administración haya resuelto, se entenderá que el silencio administrativo implicará que el plan de igualdad se considere debidamente registrado.

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