Vivienda

El Constitucional tumba el límite catalán al alquiler tras el apoyo de ERC a la ley nacional

  • La Ley de Vivienda supera las enmiendas a la totalidad pocas horas antes
Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. eE
Barcelona / Madridicon-related

El Tribunal Constitucional despertó este jueves por la tarde la polémica entorno a la legislación sobre vivienda con una sentencia que anuló los artículos de la ley catalana de vivienda que en 2020 puso límite a los precios del alquiler en las localidades con mayor tensión entre demanda y oferta. Y lo hizo pocas horas después de que ERC salvara en el último momento en el Congreso el primer trámite de la Ley de Vivienda nacional.

Así, el alto tribunal tumbó la limitación a los precios del alquiler en Cataluña -que fue denunciada por el PP- aduciendo que invadía la competencia estatal en materia civil para regular las bases contractuales.

Consecuencias contractuales

El TC clarificó que el fallo de este jueves tendrá efectos a partir de ahora, pero no se aplica a los contratos de alquiler firmados anteriormente "en base al principio de seguridad jurídica y al legítimo fin de procurar la estabilidad en las relaciones contractuales preexistentes".

En un comunicado, expuso textualmente: "Los efectos serán pro futuro, por lo que los contratos de arrendamiento de vivienda celebrados con anterioridad al momento de la presente resolución se mantienen en sus términos".

De todas formas, en la práctica sí que puede haber efectos, ya que se incluyeron cláusulas en muchos contratos de alquiler firmados en Cataluña desde que entró en vigor la Ley 11/2020 ahora anulada respecto a la limitación de precios, a la espera del fallo del TC.

Dichas cláusulas estipulan que, en caso de que la normativa fuese retirada, también dejaría de ser aplicable en los contratos que las incluyen.

Pugna competencial

Gracias a un acuerdo de última hora con ERC, el Gobierno logró este jueves superar el trámite a las enmiendas a la totalidad a la Ley de Vivienda, normativa que ha mantenido una fuerte tensión en el seno del Ejecutivo entre el ala socialista y el ala podemita.

Dicho acuerdo supone la garantía por escrito de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, de que el texto final de la ley contendrá un "respeto escrupuloso del marco competencial en materia de vivienda" y será fruto de la "negociación con las fuerzas parlamentarias progresistas".

Raquel Sánchez defendió ayer "la necesidad de reconocer la vivienda como quinto pilar del Estado del bienestar, y se comprometió a que el texto resultante será respetuoso con los títulos competenciales delimitados en la Constitución Española, con las competencias exclusivas que en materia de vivienda tienen las comunidades autónomas, con las competencias contenidas en los estatutos de autonomía y, por tanto, también, con las del Estatuto de Autonomía de Cataluña".

La moneda de cambio

Sin esta promesa, ERC habría apoyado las enmiendas a la totalidad del PP, Cs, PDeCat, PNV y JxCat, que se votaron en bloque, y estas hubiesen salido adelante, lo que hubiera significado la devolución al Ejecutivo de su proyecto de ley.

Por su parte, la ministra recordó que la ley recoge medidas -acompañadas de una fuerte inversión- para aumentar el parque de vivienda social, que en la actualidad supone el 2,5% del parque residencial en España, frente al 4% de la media europea.

También destacó las medidas fiscales que prevé para el fomento del alquiler asequible en el mercado libre, y subrayó que el texto "habilita" a las CCAA para "adoptar otras medidas más intensas ante situaciones cronificadas en zonas de precios tensionados" debido a la "especulación de grandes tenedores". En este punto incidió en que las limitaciones de rentas están "diseñadas para casos excepcionales de distorsión de precios".

Al margen de cuál sea el redactado definitivo de la Ley de Vivienda nacional, ERC, Junts, la CUP y En Comú Podem defendieron este jueves en el Parlament que volverán a legislar el alquiler en Cataluña para evitar abusos y garantizar el derecho a la vivienda.

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