Barcelona
El Parlamento de Cataluña ha dado luz verde este miércoles a la ley que limita el precio del alquiler en 60 municipios, tras un acuerdo in extremis entre el Sindicat de Llogaters y JuntsxCat que se ha avenido a modificar algunas de sus enmiendas que habían roto el consenso político sobre esta norma.
La ley ha salido adelante con 71 votos a favor de JxCat, ERC, los comuns y la CUP, y 63 en contra de Cs, el PSC-Units, el PP, los cuatro diputados del PDeCAT integrados en JxCat, y los dos diputados de Demòcrates integrados en ERC, y nace con la incógnita sobre si acabará suspendida en el Tribunal Constitucional (TC).
El acuerdo se ha alcanzado a pocas horas de que se iniciara en la tarde de este miércoles el debate parlamentario sobre una regulación que tiene la oposición del sector inmobiliario y empresarial y que se aprueba pese a un informe del Consell de Garanties Estatutàries que dictaminó que, en alguno de sus artículos, invade competencias del Estado
El portavoz del Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera, ha informado de que una de las modificaciones pactadas corresponde a la enmienda que planteaba que el precio no se limitara a los pequeños propietarios que tuvieran ingresos inferiores a 5,5 veces el Indicador de renta de suficiencia (IRSC) -que equivale a 3.130 euros mensuales-. Tras el pacto alcanzado, ese límite quedará en la nueva norma reducido a 2,5 veces el IRSC, que equivale a "unos 2.000 euros incluyendo el alquiler".
Con esta cesión, se ha configurado de nuevo el consenso político suficiente para que la norma sea aprobada con los votos de JuntsxCat, ERC, Catalunya en Comú Podem y la CUP, un preacuerdo que las enmiendas de JuntsxCat alteraron hace pocas semanas puesto que estaba previsto que la norma tirara adelante en julio, en el último pleno parlamentario antes del inicio de las vacaciones.
El nuevo giro de JuntsxCat se ha producido después de que también Esquerra Republicana (ERC) lanzara este martes una última advertencia a sus socios de Govern para que permitieran que el pleno del Parlament apruebe el decreto ley para regular los precios del alquiler en algunas zonas de Cataluña.
ERC consideró que las enmiendas introducidas por JuntsxCat "desvirtuaban la ley que ellos mismos presentaron" y advierte de que, si no votan a favor de esta norma, estarán demostrando que "el contenido de la república catalana que defienden está vacío", según el diputado republicano José Rodríguez.
Tampoco cesó la presión del Sindicat de Llogaters que este mismo martes mantuvo un contacto con el ex presidente Carles Puigdemont para proponer "unos retoques" en el texto de la ley para facilitar que la iniciativa tire adelante, según su portavoz, Jaime Palomera. Hace unas semanas también se reunieron con el presidente Quim Torra que reiteró su aval a tal propuesta y su interés en "rehacer el consenso [político]".
No obstante, con o sin enmiendas, el Consejo de Garantías Estatutarias ya dictaminó en agosto que el proyecto de ley de control de precios del alquiler atenta contra la Constitución y el Estatut y que la Generalitat no tiene competencia para regular los precios de alquiler porque es competencia del Estado.
La ley establece congelar los precios de los nuevos contratos de arrendamiento en estas zonas en base a un máximo que se establezca, y por el otro, de rebajar el precio medio de las renovaciones de los contratos ya firmados, y que afectaría a 60 municipios catalanes con más de 20.000 habitantes.
Rechazo empresarial
El sector inmobiliario y empresarial cuestiona la nueva ley y advierte de los perjuicios que puede acarrear. Además de recordar que la clara inconstitucionalidad de buena parte del articulado del texto creará un tenso ambiente de inseguridad jurídica en el sector con efectos negativos en la oferta de vivienda porque mucho contratos de alquiler o bien no se renovarán o se formularán a corto plazo, defienden que si la norma tiene por objetivo favorecer el acceso a la vivienda, no va a ser eficiente.
Según el sector inmobiliario, aquellos sectores de población más desfavorecidos o en situación de vulnerabilidad no verán aumentadas sus opciones a acceder a una vivienda de alquiler sino todo lo contrario porque con la limitación de los precios muchos propietarios retirarán sus viviendas del mercado del alquiler, de manera que se reducirá la oferta existente y habrá tensión de los precios al alza.
Así, la Asociación de propietarios de viviendas en alquiler (Asval) ha calificado la medida como "populista" y señala que generará "más dificultad de acceso (al alquiler) para los más vulnerables" y que fomentará el mercado negro de los alquileres. Afirman, además, que "se ha manipulado la experiencia en otras ciudades de esta medida para encubrir las intenciones de los populistas, cuando se ha demostrado que el control de precios no ha sido la solución a los problemas del alquiler en ciudades como Berlín o París"
Entidades
