Barcelona
Los servicios jurídicos del Parlament han dictaminado que el proyecto de ley de la Generalitat para regular los precios del alquiler en algunas zonas de Cataluña no se ajusta a sus competencias y han advertido de que varios de los artículos de la iniciativa incumplen la Constitución y el Estatut.
El Consell de Garanties Estatutàries entiende que la regulación debe ajustarse a los derechos y obligaciones de los contratos de arrendamiento y que la Constitución Española determina que es competencia del Estado.
El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries -órgano consutivo del Parlament en temas jurídicos- lo solicitaron Cs y el PP envían al Consejo de Garantías la ley que limita el alquiler y en posponen la votación las formaciones de Cs y el PP, de manera conjunta, para que analizara la última proposición de ley de JxCat, ERC, los comunes y la CUP que limita los precios del alquiler, porque consideraban que "no es competencia de la Generalitat", sino del Estado. Por ello, la tramitación exprés por lectura única que habían instado los partidos independentistas con el apoyo de comunes para el pleno del viernes 31 de julio quedó suspendida.
El presidente de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha celebrado la decisión del CGE porque da la razón al partido naranja: "Tumba por unanimidad la ley de alquileres, una mentira preelectoral del Govern populista con Podemos para lavarse la cara sobre el incumplimiento en Catalunya de la ley vigente: 15% de vivienda de uso social", ha dicho en un tuit recogido por Europa Press.
En su dictamen, los servicios jurídicos recuerdan a la Generlaitat que sus potestades en materia de vivienda deben ceñirse a la "planificación, ordenación, gstión, inspección y control de la vivienda de acuerdo alas necesidades sociales y al equilibrio territorial". Advierten además que, si bien la norma de la Generalitat pretende garantizar el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos, lo hace a través de la modificación contractual, sobre la que no tiene competencias.
La propuesta de la normativa levantó las críticas del sector inmobiliario por considerar que tendría un efecto bumerán porque muchos propietarios retirarán sus viviendas del mercado del alquiler y las pondrán a la venta reduciendo así el stock y presionando los precios al alza. Ello sumado a que en las grandes ciudades la oferta de alquiler ya es escasa, lo que atribuyen a la falta de políticas públicas de las respectivas administraciones y no a la actuación de los propietarios a los que ahora "se quiere responsabilizar" de la situación. A la vez, previenen de que algunas de las medidas propuestas son contrarias a la protección que la propiedad privada recibe explícitamente en el artículo 33 de la Constitución Española.
Esta ley ha sido polémica en las últimas semanas porque JxCat, uno de los grupos que había firmado la iniciativa, presentó varias enmiendas a su propia ley, lo que ha sido criticado por ERC, los comuns, la CUP y el Sindicat de Llogaters, con los que habían pactado la propuesta. No obstante, el presidente Quim Torra reiteró su aval a tal propuesta y su interés en "rehacer el consenso [político]" en su última comparecencia pública el pasado martes y anunció que este mismo jueves tiene prevista una reunión con el Sindicat de Llogaters para abordar esta cuestión, la organización que ha hecho presión al Govern para que la norma saliera adelante.
Los mismos errores de 2019
Esta es la segunda ocasión en menos de dos años que la reglamentación para limitar el precio de los alquileres en Cataluña no consigue tramitarse en sede parlamentaria. En julio de 2019, el pleno del Parlament ya rechazó, con 69 votos en contra de la oposición en bloque, el decreto ley del Gobierno catalán para limitar el precio del alquiler de la vivienda en determinadas zonas consideradas que están sometidas a presión en el mercado. Una iniciativa que, como ahora, llegó a la cámara catalana con un informe contrario del Consell de Garantías Estatutarias, pero que no es vinculante.
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