El crecimiento del precio de la vivienda ha generado un problema de acceso para gran parte de la población, poniendo en evidencia la necesidad de alquileres asequibles. Según los datos del informe Vivienda asequible en España, elaborado por Atlas RE Analytics y Gesvalt, en nuestro país son necesarias más de un millón de viviendas para satisfacer la demanda de la población española con dificultades para acceder a un hogar.
El acceso a la vivienda asequible marca las agendas de las administraciones públicas y algunas de las regiones que podrían considerarse tensionadas trabajan para impulsar el alquiler asequible, fomentando, además, la colaboración público-privada. Por ejemplo, Canarias, Baleares, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía anotaron incrementos importantes en el precio del alquiler entre 2014 y 2019, aunque el Covid haya acompañado una caída de los precios, lo que dificulta el acceso a la vivienda.
El gobierno canario trabaja en la promoción de vivienda asequible, así lo muestra a través del Plan de vivienda 2020-2025, con una inversión de 664 millones. Entre sus actuaciones está incrementar el parque de viviendas protegidas en 5.971 nuevas unidades para el alquiler, hasta 2025. Otro de los aspectos que contempla su plan de vivienda es el Programa de vivienda vacía de Canarias, dirigido "a poner más viviendas en el mercado para el sector de la población que no puede acceder a los actuales precios de alquiler de mercado libre". Con este proyecto, el gobierno garantiza el pago del alquiler durante cinco años a los propietarios que pongan sus casas vacías en el mercado, con el objetivo de aumentar la oferta, una medida que podría poner en alquiler algo más de 600 viviendas. Además, se trabaja sobre la cesión de suelo público para fomentar la promoción de viviendas destinadas al alquiler asequible.
El gobierno de las Islas Baleares tiene como objetivo garantizar el derecho a una vivienda asequible, incidiendo en el mercado del alquiler y en 2018 se aprobó la primera Ley de vivienda. Entre las líneas del ejecutivo balear en materia de vivienda está incrementar el parque público, mediante viviendas de nueva construcción o adquiriendo inmuebles de grandes tenedores. En el caso de nueva construcción, el objetivo es sumar 1.000 viviendas en dos años. Actualmente se permite la construcción de VPO en suelo de uso de equipamientos y se establecen procedimientos más breves para la construcción de vivienda protegida. En 2021 habrá 774 viviendas de protección oficial en construcción en las islas, destinadas al alquiler social, donde se hace una adecuación individualizada de la renta y el inquilino no pagará más del 30% de sus ingresos.
En cuanto a las viviendas de grandes tenedores, la ley definió que se consideraban vacías aquellas unidades de grandes tenedores que llevaran cerradas dos años y estableció la obligatoriedad de su inscripción en un registro. El objetivo es la cesión obligatoria y temporal de su uso al gobierno balear para destinarlas a alquiler social. Entre otros aspectos, se reguló el derecho del gobierno a ejercer el derecho de tanteo y retracto en las operaciones entre grandes tenedores para hacerse con las viviendas e incorporarlas al parque de vivienda pública de alquiler social. Además, el ejecutivo balear en la búsqueda de soluciones para el acceso a la vivienda, fomenta la colaboración público-privada con medidas que favorecen que el sector privado se implique en la situación, como la cesión de suelo público a promotores para la construcción de vivienda asequible y que revierte a la administración a los 50 años.
Hasta 25.000 viviendas
La Comunidad de Madrid, a través del Plan Vive, tiene el objetivo de construir 25.000 viviendas para el alquiler asequible a lo largo de los próximos ocho años, con la concesión de 1,2 millones de m2 de suelo público. La concesión de las primeras 46 parcelas, repartidas en cuatro lotes en 14 municipios de la región, recogen la construcción de las primeras 6.646 viviendas. El plan está destinado, entre otros colectivos, para facilitar la emancipación de los jóvenes de entre 25 y 35 años, mayores de 65 años, o víctimas de violencia de género y espera facilitar un ahorro, de media, de 3.000 euros al año en el alquiler de vivienda.
Habitatge Metròpolis es un plan desarrollado por el Área Metropolitana de Barcelona, que agrupa 36 municipios de Barcelona y sus alrededores, cuyo objeto es la promoción y la gestión de viviendas de alquiler asequible. El objetivo de la entidad es la construcción de un parque de 4.500 viviendas de alquiler asequible hasta 2026. Se llevará a cabo mediante una empresa conjunta, con el 50% del capital repartido entre el Área Metropolitana de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona y el otro 50% con un socio privado, escogido mediante una licitación.
A través del Pla Hábitat 20-30, la Comunidad Valenciana tiene como objetivo duplicar el parque de vivienda con fines sociales hasta las 32.000 viviendas en 2030. Enmarcados dentro de este objetivo están dos planes complementarios. Por un lado, el Plan Adha que busca impulsar la ampliación de los parques públicos municipales con fines sociales, para su adjudicación en régimen de alquiler o cesión de uso. Así, propone subvenciones a ayuntamientos y mancomunidades para la compra de viviendas destinadas al alquiler social. En el caso de la iniciativa Recuperem Llars, consiste en un conjunto de ayudas para la adquisición y rehabilitación de viviendas individuales o edificios completos para destinarlos a vivienda social.
Desde la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda del Gobierno valenciano destacan, principalmente, dos actuaciones para destensionar el mercado en las zonas con alta demanda residencial. La primera es ampliar el parque público: "Mediante el decreto-ley de tanteo y retracto hemos ampliado los supuestos para poder ejercer el derecho de adquisición preferente en todas estas zonas". Además, la Generalitat Valenciana ultima el decreto de viviendas vacías, con el que pretende sacar hasta 20.000 viviendas al mercado fomentando precios asequibles: "El proyecto prevé la creación de la Xarxa Lloga'm como un servicio integral de información, intermediación y asesoramiento en materia de alquiler que, junto a los APIs, nos ayudará a sacar todas las viviendas al mercado".
Entre 2020 y 2030 estará vigente el Plan Vive en Andalucía, siendo uno de sus objetivos garantizar el acceso de la ciudadanía a un alquiler asequible, mediante la adopción de medidas dirigidas al incremento de la oferta del parque de viviendas en alquiler, así como a la recuperación de viviendas desocupadas. Hasta ahora se han destinado dos convocatorias de subvenciones a promotores públicos y privados para poner en marcha hasta cerca de 2.000 viviendas nuevas, que se van a construir tanto en áreas metropolitanas como en municipios pequeños fijando la población al territorio, asegurando la viabilidad en las zonas rurales, garantizando alquileres asequibles en las áreas más saturadas en los centros de las ciudades.
El programa conlleva subvenciones entre el 30% y el 40% de la inversión. Para ello se mantiene la vivienda durante 25 años en alquiler con unos precios limitados y, además, Andalucía complementa a los ayuntamientos que quieran destinar parte de esa vivienda a los colectivos más desfavorecidos y limitar la renta de esos alquileres. Se prevé sacar una nueva convocatoria en 2021.
El Gobierno se plantea el objetivo de conseguir 100.000 viviendas en alquiler asequible
El Gobierno central, en su apuesta por estimular la oferta e incrementar el parque público de vivienda social avanza en el Plan de viviendas para alquiler asequible, con el objetivo de llegar hasta las 100.000 unidades. Este plan cuenta con dos ejes, el primero está basado en la acción directa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la creación de un parque público de vivienda social que rondará las 44.000 viviendas en total y el segundo, mediante concertación con los agentes privados, consiste en la colaboración público-privada para la creación de un fondo social de unas 56.000 viviendas.
Primera socimi social
Ante la dificultad de acceso a la vivienda social, la fundación Hogar Sí y Asocimi lanzaron Primero H, la primera socimi social española, cuyo fin es crear arrendamientos asequibles. Un proyecto de inversión de impacto social, que viene a aumentar el parque de alquiler asequible, y parte de un presupuesto de 15 millones con el objetivo de comprar 170 viviendas en tres años. Los principales clientes serán asociaciones como Hogar Sí y organizaciones sociales, "por lo que la incertidumbre del impago sale de la ecuación", señala Javier Basagoiti. presidente de Asocimi y cofundador de Primero H Socimi.
Para los accionistas e inversores pretende ser una atractiva fuente de ingresos a largo plazo, por lo que Basagoiti señala que el retorno que ofrecerá este vehículo rondará entre el 1,5% y el 2%. Los inversores pueden hacer aportaciones dinerarias o canje de activos por acciones.
