Madrid
La regulación de los precios del alquiler está siendo uno de los grandes puntos de fricción del Gobierno de coalición. Las exigencias de Unidas Podemos quedan lejos de las primeras propuestas del PSOE. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha proyectado una serie de alquileres destinados a los más vulnerables que, a partir de 2022, tengan precios reducidos de entre 150 y 350 euros.
En el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 que ha sometido a consulta pública la cartera que dirige José Luis Ábalos se contempla la posibilidad de que una parte de las viviendas de la SAREB se pongan en alquiler como vivienda social por parte de las comunidades autónomas, entidades locales u organismos vinculados.
Así, mediante la firma de acuerdos con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, estas entidades autonómicas y locales han de poner las viviendas en alquileres de un coste de entre 150 y 350 euros para personas vulnerables durante un plazo máximo de cinco años.
El requisito que deben cumplir los beneficiarios es que la unidad de convivencia, incluidos todos los miembros, no superen unos ingresos que multipliquen por tres el Iprem (Índicador Público de Rentas de Efectos Múltiples), que en 2021 serían de 1.694,70 euros mensuales y 20.336,40 euros anuales.
Tal y como reza el documento, los destinatarios ideales de este alquiler social serían colectivos concretos como víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables en los términos establecidos en el programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables".
A cambio de la gestión, las comunidades autónomas y entidades locales que gestionen como arrendadoras el alquiler de estas viviendas recibirán ayudas de entre 150 y 175 euros, además de "la renta inicial o revisada que les corresponda" y del "coste real de los servicios de que disfrute el inquilino y se satisfagan por el arrendador".
Además, si fuesen precisas obras de habitabilidad o adecuación, podrán recibir ayudas del 75% del coste total (incluidos gastos profesionales, impuestos o tasas) con un límite de 4.000 euros.
