Madrid
El operador de telecomunicaciones Masorange ultima estos días la elaboración de un plan estratégico que guiará los pasos de la compañía durante, al menos, los tres próximos años. El trabajo, en el que participa la consultora McKinsey, prevé anunciarse el próximo noviembre, una vez formalizado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aprobado el pasado miércoles. Este nuevo horizonte empresarial ya se anticipó el mismo día de la presentación de la joint venture, el 3 abril de 2024, cuando Meinrad Spenger, CEO de Masorange, recalcó que ahora toca rediseñar el plan estratégico, una vez que "Orange y MásMóvil hemos dejado de ser competidores".
Según ha podido averiguar elEconomista.es de fuentes conocedoras de la situación, las principales directrices de la teleco anticipan inversiones por valor de 4.000 millones de euros hasta 2027 y mayores esfuerzos en la reducción de la deuda. Sólo de esa forma, la compañía podría aspirar a alcanzar el denominado 'grado de inversión' de Standard & Poor's. Esa solvencia crediticia también acercaría al grupo resultante de la fusión de Orange España y MásMóvil a una posible salida a bolsa en el horizonte temporal de dos o tres años.
De acuerdo con los datos del cierre del primer trimestre del año, previos a una fusión valorada en 18.600 millones de euros, Chrystel Heydemann, CEO del Grupo Orange, estimaba que Masorange bajaría de 4,6 veces el ebitda a 3,5 veces. Esta mejora llegaría de la mano de la fuerte generación de caja, junto con la ejecución de sinergias.
Estos ahorros se valoraron entonces en 490 millones, incluyendo 100 millones de sinergias comerciales y otros 50 millones de euros con Euskaltel. No obstante, el referido objetivo de 3,5 veces ebitda duplica la media del sector europeo, de 2,5 veces. La deuda neta de Masorange alcanzó los 12.738 millones a finales del año pasado. La nueva hoja de ruta considera que la capacidad de la teleco para reparar su deuda será elevada, gracias a la mejora del negocio orgánico, con un ebitda previsto superior a los 3.000 millones postsinergias.
Para reducir el apalancamiento, el operador proyecta la creación de una fiberco (sociedad compartida de fibra óptica) junto con Vodafone España y un tercer socio aún por decidir. Dicha sociedad tendrá a Masorange como principal accionista, con el 50% del capital, mientras que Vodafone España se conformará con el 10%. El 40% restante de la fiberco se espera colocar antes de final de año.
Precisamente, la semana pasada trascendió la implicación de BNP Paribas como banco asignado para buscar un fondo de capital para dicha sociedad, cuya valoración puede rondar entre 7.000 y 10.000 millones de euros. No obstante, ya es conocido que la futura compañía dispondrá de 11,5 millones de unidades residenciales en España pasadas por fibra. Entre otras previsiones estratégicas, esa sociedad no solo aportará ingresos extraordinarios a Masorange sino que también contribuirá en la reducción de los gastos operativos y de mantenimiento de infraestructuras fijas, al tiempo que ofrecerá precios ventajosos para los clientes de Masorange y de Vodafone.
Crecimiento orgánico
En sintonía con el reto de reducción de deuda, el plan estratégico de Masorange aparca cualquier proyecto de adquisición de operadores para, en su lugar, priorizar la generación de caja con el incremento de los ingresos y el ebitda.Masorange apostará con fuerza por la diversificación de sus fuentes de ingresos ajenas a la conectividad. De esa forma impulsará los denominados nuevos servicios, bajo el mando de Víctor del Pozo (ex CEO de el Corte Inglés), negocios que ya cuentan con una relevante tracción: más de 2 millones de abonados de televisión; más de un millón de clientes de servicios financieros; más de 500.000 de pólizas de seguros. Además, los planes de la teleco pasan por casi triplicar su clientela energética, para alcanzar los 600.000 contratos de luz o gas frente a los 230.000 actuales, cifras con la que se consolidará como la segunda comercializadora alternativa, sólo por detrás por Repsol.
Igualmente, los planes de Masorange contemplan el impulso del negocio corporativo, tanto en pequeñas y grandes empresas, como en administraciones públicas. El desafío pasa por convertir a la compañía en el socio de confianza de las grandes corporaciones.
Entre las palancas comerciales previstas destaca la calidad de la red móvil y fija de última generación, con garantías de caudal del 100% y con velocidades de hasta 10 Gbps. Asimismo, el plan estratégico tiene previsto poner en valor la cobertura de 5G Stand Alone, con redes privadas virtuales (inspirado en el proyecto para el Port de Barcelona) y con una plataforma de autogestión, monitorización y orquestación de la red. Esta conectividad prevé replicar modelos como Paragon, considerado la primera plataforma en España para la gestión de la industria sobre redes 5G, en alianza con Singapur Telecom (Singtel).
La reorganización de marcas
El plan estratégico prevé afinar la estrategia multimarca actual, donde ahora coinciden 14 enseñas en el mercado, nueve de ellas de ámbito nacional (Orange, Yoigo, Jazztel, MasMovil, Simyo, Pepephone, Lebara, Lyca y Llamaya) y cinco de carácter regional (Euskaltel, R, Telecable, Guuk y Embou).
La atención al cliente y los esfuerzos en materia de sostenibilidad también tendrán sus respectivos capítulos en un inminente plan estratégico sobre el que la compañía de telecomunicaciones ha declinado realizar comentarios.
Plazo para apuntarse al ERE
El martes 22 de octubre comienza el periodo de adscripción voluntaria al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se prolongará hasta el próximo 6 de noviembre. Acto seguido, entre el 7 y el 13 de noviembre, la empresa deberá responder si acepta las adhesiones. También falta por conocer la fecha de ejecución de los despidos, cuya fecha tope será el 25 de junio de 2025. Dicho ajuste afectará a 650 puestos, frente a los 795 iniciales. La prima para los trabajadores que decidan salir de la 'teleco' oscila entre los 3.000 a los 15.000 euros, en función de la antigüedad. A su vez, las indemnizaciones se establecen entre 33 y 45 días por año trabajado para los despidos forzosos, y de 34 a 47 días para los voluntarios, con un límite de dos años en ambos casos y una cuantía siempre inferior a 300.000 euros.