El juzgado de instrucción número 42 de Madrid ha archivado parte de la causa en la que se investiga la presunta financiación irregular de Podemos, ordenando el sobreseimiento provisional en relación con el delito de administración desleal de la Caja de Solidaridad del partido político.
La investigación en torno a este posible delito parte de la denuncia realizada por el exabogado de Podemos José Manuel Calvente que, entre otras muchas cosas, sugirió una presunta administración desleal de los fondos de la Caja de Solidaridad de Podemos por parte de Rafael Mayoral, porque no estarían siendo utilizados para los fines propios para los que se constituyó, sino para pagar a un miembro de Podemos.
En concreto, Calvente señaló una petición de 50.000 euros que hizo #404 Comunicación Popular a la Caja de Solidaridad. El juez Juan José Escalonilla no ha podido confirmar en sus diligencias si esa solicitud se autorizó pero sí ha confirmado que los 'morados' hicieron al menos tres transferencias de 10.000 euros a dicha asociación y que está integrada en su mayoría por miembros de Podemos.
Sin embargo, Escalonilla considera que "no resulta anómalo o extraño que el numerario de la Caja de Solidaridad sea destinado a fundaciones o movimientos cercanos al partido político Podemos, e incluso como en el caso de autos formado por miembros de dicho partido que desarrollen actividades propias de las contempladas como subvencionablespor dicha Caja de Solidaridad", según su auto, adelantado por La Información.
Así, ha estimado que "los hechos descritos en los antecedentes de hecho de la presente resolución no resultan indiciariamente expositivos de una presunta administración desleal del numerario del Fondo de Solidaridad de Podemos por parte de Rafael Mayoral", por la cual ha acordado "el sobreseimiento provisional de la presente causa respecto de dicho delito".
Los contratos con Neurona
La causa instruida en el juzgado 42 de Madrid se basa en los hechos denunciados por Calvente en diciembre de 2019, en concreto cuatro supuestos ilícitos: el destino de 50.000 euros de la Caja de Solidaridad a #404 Comunicación Popular; el acceso no consentido al disco duro de una de las trabajadoras 'moradas' -la abogada Marta Flor-; la licitación irregular de obras, incluida las de la nueva sede nacional; y los servicios electorales contratados con las empresas Neurona y ABD Europa.
La Fiscalía ha recomendado limitar las pesquisas al contrato entre Neurona y Podemos para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, por considerar que las demás cuestiones denunciadas por Calvente son meros "rumores, sospechas o suspicacias".
En el caso de Neurona, el Ministerio Público aprecia la existencia de "indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo", indicando que "es una empresa creada 'ad hoc'" cuyo objeto real sería "la propia financiación del partido desde la cuenta electoral".
Otro administrador imputado
Escalonilla también ha citado a declarar en calidad de imputado a Carlos García Ramos, uno de los dos administradores mancomunados de la coalición electoral Unidas Podemos -el otro ya estaba investigado-, por los contratos suscritos con Neurona. El titular del juzgado madrileño ha citado a García Ramos para que declare el próximo 13 de noviembre a las 12:30 horas por un presunto delito electoral, según el auto judicial.
El magistrado ha insistido en que "existen indicios racionales acreditativos de que los pagos efectuados a la sociedad mercantil Neurona Comunidad S.L., constituida mediante escritura pública en fecha 19 de marzo de 2019, (... ) no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado con ocasión de las elecciones generales del 28 de abril de 2019 y calificable como gasto electoral".
El contrato entre Podemos y Neurona, formalizado el 6 de mayo de ese año pero cuyo borrador data del 25 de febrero, fue por valor de 363.000 euros que se pagaron con tres transferencias desde una de las cuentas cuya titularidad pertenecía a la coalición electoral y que gestionaba García Ramos de forma mancomunada con otro administrador, Daniel de Frutos Ramírez.
El Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas ya apuntó dos tipos de delitos -fraude electoral y falsedad en documento mercantil- en los servicios facturados por Neurona a Podemos al no estar suficientemente acreditada su elaboración por parte del proveedor.
No obstante, la Fiscalía Provincial de Madrid ha aclarado esta semana que "ni el delito de falsedad ni el delito electoral pueden ser cometidos por persona jurídica, más aún en el supuesto del delito electoral, que solo puede ser cometido por los administradores generales".
Con todo ello, ha aconsejado a Escalonilla que mantenga a Podemos como investigado porque "resulta más garantista para el mismo, por cuanto le permite tomar conocimiento de la investigación y garantiza que, si del resultado de las diligencias existen más indicios de la financiación, pueda defenderse y proponer diligencias".
