El magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo pidiendo investigar al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el marco del 'caso Dina', causa abierta por el robo del teléfono móvil de una exasesora del dirigente en 2015.
El juez entiende que Iglesias podría haber incurrido en tres delitos: denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos. La elevación de la causa al Supremo se produce al tener Iglesias, como vicepresidente del Ejecutivo y diputado, la condición de aforado. Ahora, el Alto Tribunal deberá designar a un instructor y decidir si hay indicios suficientes para abrir una investigación penal contra el líder de Podemos.
García-Castellón considera que Iglesias debe ser investigado por quedarse con la tarjeta de memoria del móvil de la que fuera su asesora Dina Bousselham tras serle devuelta posteriormente al robo y denunciar los hechos tiempo después de recuperarla. El magistrado considera que Iglesias usó de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral.
La resolución de García-Castellón se produce tras el testimonio del exabogado de Podemos José Manuel Calvente, quien aseguró ante el juez que desde la cúpula 'morada' se quiso procedió a un montaje acusando a las 'cloacas del Estado' de la filtración del contenido de la tarjeta robada cuando ya sondeaban que la podía ser interna entre miembros de la formación.
El magistrado remite al Supremo la instrucción de la pieza en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, quien aún no ha recibido notificación. La exposición razonada incluye también a la directora de los servicios jurídicos de Podemos Gloria Elizo y a los letrados de esta formación Marta Flor Núñez y Rául Carballedo, así como a la propia Bousselham y su pareja, Ricardo Dasaferreira, estos dos últimos por falso testimonio.
En otro auto, el juez acuerda continuar el procedimiento por estos hechos contra el excomisario José Manuel Villarejo, el exdirector de la revista Interviú, Alberto Pozas y el periodista Luis R. por delito de descubrimiento y revelación de secretos.
El origen de la causa
El origen de este procedimiento, explica el magistrado, es el robo del teléfono móvil de la exasesora el 1 de noviembre de 2015, que contenía una tarjeta de memoria mini SD. Según el auto, dos años más tarde, el 3 de noviembre de 2017, se lleva a cabo una entrada y registro en la vivienda del excomisario Villarejo en la que aparecen un disco duro con dos carpetas DINA 2 y DINA 3 y otro pen drive con las carpetas DINA 2 y DINA 3.
De acuerdo con la investigación, el contenido de la tarjeta llegó a Villarejo a través del director de la Revista Interviú, Pozas, y el subdirector de la misma, quienes a su vez entregaron una copia al director del Grupo Planeta. Iglesias recibió de este último, el 20 de enero de 2016, la tarjeta de memoria original mini SD procedente del teléfono de Bousselham, en la que comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de aquella.
"Pese a ello se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria aun cuando ambos eran personas cercanas (ella había sido su asesora) y el conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de ella desde noviembre de 2015", explica el auto. Esta acción, continúa la resolución, puede vincularse al conocimiento que Iglesias tuvo al observar el contenido de la tarjeta micro SD de las capturas de pantalla que la asesora guardaba de conversaciones de grupos de mensajería en los que aparecía el aforado.
El magistrado señala como otro punto significativo el hecho de que Pablo Iglesias devolviera a Dina la tarjeta que guardaba en su poder inoperativa y, advierte de que, si bien no se ha podido determinar la fecha de la devolución, indica, en todo caso, que debió de ser antes del 23 de agosto de 2017. "Se sabe que cuando se devuelve la tarjeta está inservible para su funcionamiento".
Iglesias denunció por "oportunidad política"
El magistrado apunta como otro hecho destacado el que durante los días 21 y siguientes del mes de julio de 2016 se publican en Okdiario varias noticias a las que se acompañan imágenes procedentes del dispositivo de Dina y que Iglesias había visto en la tarjeta de memoria. El dirigente, dice el juez, en ese momento tenía acceso a la tarjeta que guardaba en su poder por los que sabía que se estaban publicando imágenes enviadas a terceros mandadas por la asesora.
Pese a ello, afirma, con la única finalidad de desprestigiar al medio de Eduardo Inda, puesto de común acuerdo con el equipo jurídico de Podemos, "a sabiendas del origen de las imágenes publicadas en Okdiario, Iglesias insta a los servicios jurídicos del partido a "ampliar la denuncia inicial formulada por Dina, tratando de disimular falsariamente, una conexión entre las imagen publicadas en el digital y la desaparición del teléfono el 1 de noviembre de 2015".
Pese al conocimiento de su falsedad y puestos de común acuerdo, Iglesias y su equipo jurídico simulan que la publicación de las imágenes en Okdiario durante los días 21 y siguientes del mes de julio, fue el resultado de un encargo realizado a Villarejo para perjudicar al líder de Podemos. El juez apunta que su personación en la pieza separada y su denuncia tenían una finalidad "estrictamente de oportunidad política".
Apoyo de Sánchez y del resto del Gobierno
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado Iglesias y ha asegurado que no se encuentra preocupado por la decisión judicial. Asimismo, La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha expresado este martes "todo el apoyo" del Ejecutivo al vicepresidente segundo recalcando que "Nosotros respetamos a la justicia".
Podemos, a su vez, ha manifestado su sorpresa ante la decisión del juez García-Castellón. Fuentes de la formación morada han señalado a EP que "no dan crédito" a la resolución del juez. "Hace unos días la Audiencia Nacional reclama a García Castellón que le devuelva la condición de perjudicado a Pablo Iglesias, y el juez responde pidiendo al Supremo que se le investigue", han ahondado.
El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha trasladado su indignación: "El juez se salta a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía porque contra Podemos y contra Pablo Iglesias vale todo. Lo de siempre: Hay que destruir a los que suben el salario mínimo y quieren poner un impuesto a la riqueza con la artillería que haga falta".
En la misma línea se ha pronunciado Jaume Asens: "La Audiencia Nacional obliga al juez García-Castellón a devolverle la condición de perjudicado a Pablo Iglesias. Y, entonces ¿qué hace él? Se va al Supremo a plantear su imputación sin consultar ni con la Fiscalía, que es quien debe acusar. Olé, con un par...".
La Audiencia Nacional obliga al juez García Castellón a devolverle la condición de perjudicado a Pablo Iglesias. Y, entonces ¿qué hace él? Se va al Supremo a plantear su imputación sin consultar ni con la Fiscalía, que es quien debe acusar.
— Jaume Asens (@Jaumeasens) October 7, 2020
Olé, con un par... ???????????
El PP pide cesar a Iglesias
El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese "de inmediato" a Iglesias para "cumplir con la misma vara de medir que exigía en su moción de censura".
A través de un mensaje publicado en su perfil oficial de Twitter, el jefe de la oposición ha urgido a Sánchez a cesar a Iglesias cuando "la Audiencia Nacional acaba de pedir al Supremo investigarle por los delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos".
Sánchez debe cesar de inmediato a su vicepresidente Iglesias.
— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) October 7, 2020
La Audiencia Nacional acaba de pedir al Supremo investigarle por los delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos. Debe cumplir la misma vara de medir que exigía en su moción de censura.
"Debe cumplir la misma vara de medir que exigía en su moción de censura", enfatizó el presidente de los populares, retrotrayéndose al momento en el que Sánchez llegó al poder impulsando una moción contra el Gobierno de Mariano Rajoy.
Desde Ciudadanos han pedido que Iglesias dé explicaciones en el Congreso. "Si no fuera por el privilegio del aforamiento, Pablo Iglesias ya estaría imputado por delitos de denuncia falsa, daños informáticos o revelación de secretos. ¿Piensa seguir escondiéndose sin dar la cara ante los españoles en el Congreso?", ha dicho Inés Arrimadas.
Si no fuera por el privilegio del aforamiento, Pablo Iglesias ya estaría imputado por delitos de denuncia falsa, daños informáticos o revelación de secretos. ¿Piensa seguir escondiéndose sin dar la cara ante los españoles en el Congreso? https://t.co/HKx95MwEsx
— Inés Arrimadas (@InesArrimadas) October 7, 2020
El PSOE se tendría que 'retratar' si el Supremo pide finalmente suplicatorio al Congreso
Iniciar un procedimiento contra Iglesias requiere que el Alto Tribunal pida su suplicatorio al Congreso, ya que es diputado, y que esa autorización se apruebe por mayoría, lo que implicaría el voto a favor del PSOE, socio de Podemos en el Gobierno.
Si el Supremo entiende finalmente que debe abrir una causa a Iglesias y Elizo, también diputada, deberá pedir el suplicatorio al Congreso, que dispondrá de poco más de dos meses para decidir. Lo habitual es que la Cámara conceda la petición del Poder Judicial y, de hecho, el último que se denegó data de 1988.
Los trámites para la aprobación de un suplicatorio están regulados en los artículos 13 y 14 del Reglamento del Congreso, que establecen una serie de plazos que se contabilizan en días hábiles y que comienzan a contar una vez que llegue a la Cámara el suplicatorio enviado por el presidente del Supremo, actualmente Carlos Lesmes. En total, son 60 días hábiles, que normalmente no se agotan.
El primer paso es la recepción del suplicatorio por la Mesa del Congreso. A partir de ahí, la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, tendrá cinco días para trasladar el expediente a la Comisión del Estatuto del Diputado, que dispone de un máximo de 30 hábiles para presentar una propuesta.
Esta comisión, que preside la socialista Begoña Nasarre y cuyas reuniones se celebran a puerta cerrada, deberá dar audiencia a los afectados, bien sea en persona o por escrito, para que puedan presentar sus alegaciones en el plazo de diez días. Una vez concluya su tarea, las comisión elevará su conclusión al Pleno de la Cámara, que es el que tiene la última palabra y donde el PSOE, con 120 diputados, tiene un papel clave. En anteriores suplicatorios la Comisión del Estatuto del Diputado ha resuelto este trámite en unas dos semanas.
Eso sí, el debate y votación de los suplicatorios en el Pleno del Congreso tampoco es público, sino que se desarrolla con el hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto ya que su voto es secreto. Sólo se da a conocer el resultado.
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