En los últimos días ya han sido varios dirigentes de Unidas Podemos y personas cercanas a la formación las que han esgrimido el concepto de 'lawfare' para defenderse de las acusaciones que la oposición ha lanzado al Gobierno de coalición, especialmente por la gestión del coronavirus y sus efectos derivados. ¿Qué significa este término?
'Lawfare' es un concepto relativamente reciente en el ámbito académico -apareció por primera vez a mediados de los 70- que procede de una mezcla de las palabras en inglés 'law' (ley) y 'warfare' (ámbito de guerra) y que se viene a traducir al español como 'guerra jurídica'. Se ha empezado a emplear especialmente desde inicios del siglo XXI y es una manera de denunciar el intento de desgaste del Gobierno o de opositores a través de los tribunales y las leyes.
Manteniendo una apariencia de legalidad y a través del sistema jurídico -con la aquiescencia de los jueces y de mandos policiales- se buscaría la caída de oponentes políticos, siendo uno de los ejemplos que dan los teóricos las detenciones innecesarias o aparatosas dentro de una investigación política. El concepto se asocia con la más conocida teoría del 'golpe blando', que busca los efectos del clásico golpe de Estado pero sin que se produzca un derrocamiento expreso del poder vigente.
El flanco izquierdo de la politología ha empleado el término con asiduidad para el contexto latinoamericano de los últimos años. En este sentido, ponen como ejemplo lo ocurrido con Lula da Silva en Brasil con sus causas por corrupción y su prisión o con Rafael Correa en Ecuador. Pero... ¿qué aplicación tiene esta teoría en el contexto español?
Aunque desde la izquierda ya se planteó el 'lawfare' como una eventual amenaza cuando el Gobierno de coalición echó a andar en medio de gran tensión política en enero, es ahora, con un contexto volcado en la gestión de la pandemia y las responsabilidades del Ejecutivo en la misma, cuando Unidas Podemos dice sentirse víctima de esta táctica.
La aparición del informe de la Guardia Civil sobre la marcha feminista del 8-M en Madrid señalando al Gobierno por permitir esa manifestación ante el agravamiento de la situación sanitaria cuando otros actos sí que se cancelaron ha desencadenado la reacción de los 'morados' asegurando que la oposición ha contado con posibles complicidades en tribunales e instancias como la Guardia Civil para laminar al Gobierno.
Apuntando el tiro en esa dirección, el líder de Unidas Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha preguntado al PP este miércoles en el Congreso si "está llamando a la insubordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y si está pidiendo a la Guardia Civil que "incumpla las órdenes que consideren, por iniciativa e incitación de ustedes, injustas".
Iglesias ha deslizado así la teoría del 'lawfare' después de que los 'populares' hayan afeado al Ejecutivo la actuación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos y la dimisión del DAO Laurentino Ceña.
Más explícito ha sido el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, quien ha denunciado que el informe de la Guardia Civil es "un pastiche de bulos" propio de una estrategia de 'lawfare' impulsada desde la oposición. "Parece que el 'informe' sobre el 8-M es un pastiche de bulos de estos que repite Vox como cacatúas, noticias falsas y manipulaciones de comunicaciones oficiales. Así se entiende mejor lo de Pérez de los Cobos", ha añadido.
Por su parte, desde En Comú, el portavoz parlamentario Jaume Asens ha asimilado esta teoría mantenida por Podemos con el caso de los independentistas catalanes: "Primero, la caverna mediática construye el marco. Luego, la derecha lo eleva. Y después, su brazo judicial le otorga certeza. Es el mismo esquema que se usó antes contra otros adversarios políticos, como los independentistas. Ahora es en contra el gobierno de coalición. Lawfare".
También desde la rama catalana de los 'morados', el miembro de la mesa del Congreso Gerardo Pisarello ha atribuido las últimas actuaciones judiciales a una coyuntura de 'lawfare' o "guerra jurídica" del "brazo judicial y policial" de la derecha para "realizar operaciones obscenas de persecución" contra el Gobierno de coalición "democráticamente elegido", si bien solo ha incluido en esa supuesta operación al coronel De los Cobos y no a la jueza Carmen Rodríguez Medel, que investiga al cargo del Gobierno como el delegado en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la concentración del 8-M.
Asimismo, el secretario general de Podemos en Galicia y candidato a la Xunta, Antón Gómez Reino, también se ha posicionado de este modo tirando igualmente del concepto de 'lawfare', definiéndolo como "la utilización de la ley y de los procedimientos jurídicos como armas para intentar derrocar un gobierno legítimo".
No se ha quedado atrás el co-fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, quien sí ha señalado explícitamente al PP: "Hace tiempo que el PP está preparando el 'lawfare' en España, usar a los jueces para, como hacen en América Latina, lograr en los tribunales lo que no son capaces de lograr en las urnas. Los golpes de Estado ahora son 'blandos', pero son golpes de Estado".
