Madrid
Como decía el genial Lope de Vega de sus comedias, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yoli la de los cohetes y los algoritmos, pasó "en horas veinticuatro de las musas al teatro". O lo que es lo mismo de encontrarse en el Olimpo bloqueando el traspaso de la Seguridad Social a Euskadi en contra de los deseos de su jefe monclovita, al varapalo sufrido en el teatro de la realidad parlamentaria y judicial sobre un mercado laboral contaminado por la precariedad y la temporalidad.
Así, de primeras, Yolanda Díaz, tendrá que esperar al próximo curso para debatir en el Congreso de los Diputados la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, una propuesta con la que no están de acuerdo no solo los empresarios; tampoco lo puigdemones de Junts, el Partido Popular y Vox. Reducción de Jornada que como denunciaba Antonio Garamendi durante la clausura de la Asamblea General de CEOE "no ha sido objeto de un diálogo social real" y ha puesto en valor el papel de la negociación colectiva, que "ya funciona como un mecanismo de comprobada utilidad para regular las jornadas o los salarios". Al tiempo que recordaba que, de hecho, el 30% de los convenios ya recoge jornadas pactadas por debajo del límite de las 37 horas y media.
Una vez más, aquí también prevalecen los intereses partidistas, los prejuicios y los fanatismos ideológicos sobre la realidad social y el interés real de la economía, de las empresas y de los trabajadores, como demuestra el fracaso de las experiencias de reducción de jornadas en Europa impuestas dictatorialmente y sin acuerdo social, que no sólo no han creado empleo, sino que destruyeron parte de los existentes. De hecho, la introducción de la semana laboral de 35 horas en Francia en el año 2000 llevó a la destrucción de empleo, el incremento de la precariedad y el empeoramiento de los déficits públicos, porque alguien tiene que pagar ese descenso en las horas de trabajo.
Y de la comedia del Parlamento al melodrama de los tribunales donde el Tribunal Supremo ha consolidado su posición sobre el despido sentenciando que la indemnización por despido improcedente prevista en el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores no puede verse incrementada en vía judicial con otras cuantías que atiendan a las circunstancias concretas de cada caso. En un fallo cuya repercusión y transcendencia superan el ámbito del despido para alcanzar a todos los derechos sociales recogidos en la Carta Social Europea el Supremo, rechaza las demandas sindicales apoyadas por el ministerio de Yolanda Díaz, y confirma que la indemnización actual en España de 33 días por año con un máximo de 24 mensualidades no sólo no vulnera el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ni la citada Carta Social Europea, en la que se habla sólo de una "indemnización adecuada", sino que garantiza la seguridad jurídica y la uniformidad para todos los trabajadores e impide indemnizaciones a la carta que serían injustas y discriminatorias.
Expone también el Supremo que "las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) no son ejecutivas, ni directamente aplicables entre particulares, ya que, a diferencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el CEDS no es un órgano jurisdiccional ni sus resoluciones son sentencias". Además, añade que las decisiones de este comité "ni siquiera vinculan al Comité de Ministros del propio Consejo de Europa, ni tampoco a los tribunales internos de cada estado". O lo que es lo mismo que el Comité Europeo de Derechos Sociales no tiene ninguna fuerza vinculante en los estados miembros de la Unión.
Como resaltaba también Antonio Garamendi, la confianza es la base de una economía abierta, la desconfianza es una bomba que acaba con todo, deteriora la confianza y ahuyenta la inversión. Pero la economía no funciona con corrupción, falta de estabilidad política e inseguridad jurídica. Y esto pasa en un país con más de 3,7 millones de parados reales, que lidera el desempleo de la UE y el paro juvenil, y está en el furgón de cola de la productividad de los países industrializados. "Qué nos dejen trabajar" reivindicaba el presidente de la CEOE. "Que nos dejen trabajar y que no sigan creando inseguridad jurídica por intereses partidistas. Amén.