El Congreso de los Diputados ha acrodado admitir a trámite la proposición de ley para ampliar la vida de las centrales nucleares. La Cámara baja ha respaldado con 171 votos a favor, 166 votos en contra y 7 abstenciones la propuesta planteada por el grupo popular.
La intención del PP es que sean las empresas propietarias quienes puedan solicitar su prórroga y, si el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emite un dictamen favorable, el Gobierno esté obligado a concederla. También prevé que esta petición pueda emanar del propio Gobierno por razones de seguridad energética o de suministro. Si bien esta segunda posibilidad estaba incluida en la ley del sector eléctrico, la nueva propuesta del PP refuerza esta posibilidad y despeja cualquier duda en torno a esta figura.
En este sentido, cabe destacar que el Reglamento (UE) 2019/943 sobre el mercado interior de la electricidad establece las condiciones para que un Estado miembro pueda intervenir para garantizar la seguridad de suministro. Según estas, si el Gobierno obliga a una central a permanecer operativa por motivos de seguridad del sistema o de reservas estratégicas, debe garantizar una remuneración adecuada a esa central para cubrir los costes de operación. Es decir, la fórmula propuesta por el PP podría propiciar que las empresas propietarias de las centrales permanezcan inmóviles si no ven adecuado el actual nivel impositivo, de tal forma que el Gobierno tuviera que otorgarles una remuneración. Junto con esta medida central, le ley también conllevará que Enresa actualice su Plan de Residuos Radiactivos.
Por último, el texto legal exigiría, dada la ampliación de la vida útil de alguna central, la actualización tanto del PNIEC como de la Estrategia de Seguridad Energética Nacional —la cual lleva sin actualizarse desde el 2020—, conforme a las nuevas e hipotéticas nuevas fechas de cierre.
Con esta ley, el PP pretende conseguir cuatro objetivos: garantizar la seguridad de suministro, mantener la competitividad industrial y avanzar en la descarbonización, evitar subidas drásticas en la factura de la luz y, a nivel local, proteger el empleo y el desarrollo económico de las zonas sobre las que se asientan las instalaciones nucleares.
En su argumentario, el PP achaca su postura a la mencionada seguridad energética y a la garantía de suministro. Pero también se escuda en el ejemplo de otros países del continente, así como en las medidas adoptadas por órganos europeos, como la Comisión Europea o el Banco Europeo de Inversiones (BEI), donde precisamente tienen mucho peso voces socialistas. "La ceguera del Gobierno nos lleva al apagón y la renuncia a esta fuente de suministro nos convertirá en una región marginal", criticó Martín.