Cuando el año 2023 da ya sus últimos estertores, lo mejor que se puede decir de él es eso, que se acaba. Un año que mi amigo José Luis Fernández, director del Gabinete de Estudios de USO, calificaba acertadamente como el año de los cambios de opinión y que, como consecuencia de esos múltiples "cambios de opinión", -así llaman ahora en el Gobierno a sus mentiras- podemos definir también como el año en que vivimos peligrosamente. Tanto que el 2024 que se inicia nos va a pillar al borde del precipicio político, institucional, económico y social.
Cambios de opinión, y carencia de principios que en el ámbito de la política han llevado a Sánchez y al sanchismo a la indignidad de humillar a España y a los españoles ante los delincuentes condenados por el golpe del 1-O en Cataluña para conseguir una investidura que le convierte en un presidente virtual, manejado por un mando a distancia desde Waterloo, y con el colofón de negociaciones con un mediador internacional y el anuncio de la foto con el fugado de la Justicia, Puigdemont, el auténtico presidente del Gobierno.
Un 2023 que será recordado como el año del mercadeo de votos a cambio de una amnistía inconstitucional, injusta y vergonzante, de la ruptura de la igualdad entre los españoles, de la exaltación del frentismo y la confrontación, y en el que asistimos al blanqueamiento de los herederos de ETA despreciando a las víctimas del terrorismo y deshonrando la sangre y la memoria de los más de 800 inocentes asesinados, entre ellos muchos socialistas.
El año del asalto a la división de poderes, de la colonización de las instituciones y de las empresas, de la degradación del Congreso a la condición de lacayo del Ejecutivo, de la traición al espíritu del 78 y de la sumisión del Gobierno a los enemigos de España, del Estado de Derecho y de la democracia. Por no hablar del descrédito y la irrelevancia en la política exterior, además del alineamiento con las dictaduras bananeras de América Latina y con los fanáticos terroristas de Hamás.
Un año de incertidumbres políticas y de inseguridad jurídica que han afectado gravemente a la economía, a la actividad de las empresas, al poder adquisitivo de las familias y los ciudadanos y al empleo, con la traca final del Centre for Economics and Business Research (CEBR) anunciando que España quedará fuera del ranking global de las 15 economías más importantes del mundo, sustituida por Indonesia, debido a la baja productividad y el escaso crecimiento de la población que erosionan el PIB.
Un año en el que España ha pasado de ser la locomotora económica de Europa a volver a ser miembro de honor del Club de los Pobres de la UE y, por tanto, país elegible para recibir los Fondos de Cohesión. En el que los impuestos abusivos del Gobierno han situado a España a la cola de la competitividad fiscal de Europa y una sociedad empobrecida en la que el poder adquisitivo de las familias es un 20% inferior a la media de la UE, y donde la presión alcanzó cifras récord en 2022, superando el 42% del PIB por encima también del promedio de la UE provocando una fuga de inversiones.
Un 2023 en el que la deuda se eleva a 1,58 billones de euros y crece a un ritmo de casi siete millones de euros cada hora y 164 millones de euros cada día, mientras seguimos siendo el líder destacado en el desempleo de la UE con mas de 3,2 millones de parados reales, duplicando la tasa de paro de los 27, y en un país donde tener un contrato de trabajo fijo no garantiza la estabilidad en el empleo ni poder llegar a fin de mes. Y un año en el que este país, que el Gobierno dice va como una moto, ha superado los 12 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, siendo también líderes de la UE en pobreza infantil. Y esto, aunque todavía quedan muchos ojos que no quieren ver y corazones que no sienten, no es catastrofismo sino hechos y cifras reales de Eurostat y del Gobierno, además del legado de Sánchez & Calviño S.A. ¡Que al BEI le pille confesado!
