Sánchez quiere dejar claro quién manda en el mundo empresarial. Por si alguien albergaba aún alguna duda, el Consejo de Ministros del martes, uno de los primeros de la legislatura, aprobó la adquisición de hasta el 10% de Telefónica por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), con la excusa de que se trata de una empresa estratégica para los intereses de nuestro país.
Un precedente peligroso, ya que por el mismo motivo podría entrar en una de las grandes eléctricas o, incluso, reprivatizar Endesa o Iberia, ahora en manos de IAG.
El Gobierno duplica al 10% la toma en Telefónica, pese a que STC ofreció quedarse en el 4,9%
Además, muchos de los argumentos para explicar la decisión son falsos. En un principio, se había anunciado la compra del 5%, pero finalmente ese porcentaje se duplicó hasta el 10% para equipararlo al porcentaje de Saudi Telecom (STC) en el capital. Aquí está la primera mentira. STC tiene, de momento, el 4,9% y no se sabe si adquirirá el 5% adicional. Es más, los saudíes, que mantienen buena relación con el Gobierno, han ofrecido quedarse en el porcentaje actual y venderle el 5,1% restante que tienen en derivados al Estado. ¿Qué necesidad hay de duplicar el porcentaje para igualarse con ellos? Ninguna.
La decisión sorprendió a La Caixa y BBVA, los dos grandes socios españoles, que negociaban crear un núcleo duro paritario junto al Gobierno para dar estabilidad al accionariado y protegerla ante un hipotético asalto hostil. Las conversaciones preliminares saltaron por los aires tras el anuncio de la Sepi. Además, eso obligará a comprar, como mínimo, otro 5% adicional en el mercado, lo que puede encarecer su coste.
¿Por qué se adquirirá el 10% en lugar del 5? La única explicación es para tener el control de la teleco española, ya que ese porcentaje convertirá a la Sepi en el primer accionista individual, con derecho a dos sillones como mínimo en el consejo de administración, similares a los que ya tienen La Caixa y BBVA. La entidad catalana está representada en el consejo por Isidro Fainé y la azul, por su vicepresidente, José María Abril, con participaciones próximas al 5% cada una.
¿Va a otorgar el Estado un crédito a la Sepi de 2.000 millones para que sea un socio financiero sin voto en la teleco? Con un porcentaje de sólo el 5%, el Gobierno manda en Enagás, donde pone y quita presidentes o consejeros delegados a su gusto. ¿Porqué no iba a hacerlo en Telefónica? Su presidente, José María Álvarez-Pallete, cuenta con varias bazas a su favor, que garantizan su continuidad en el cargo.
Mantiene una excelente relación con el Gobierno de Sánchez, reforzada a través de dos hombres clave: Rosauro Varo, quien renunció a la vicepresidencia y al consejo de Prisa para convertirse en el vicepresidente de Movistar + ; y Javier de Paz, que asumió hace unas semanas la presidencia de la poderosa Comisión de Sostenibilidad y Regulación, que aúna las competencias de las precedentes sobre Regulación e Institucional.
La inminente salida de Nadia Calviño allana está relación, ya que la vicepresidenta primera se había disgustado mucho al enterarse por la prensa de la entrada de STC en el capital de Telefónica.
Pallete cuenta con el apoyo del Gobierno así como de STC y de los bancos para seguir de presidente
Pallete cuenta, asimismo, con el apoyo de los dos grandes bancos presentes en la teleco, mientras que STC incluso elogió su labor como ejecutivo en el comunicado hecho público tras su entrada en el capital.
Ninguno de los dos grandes accionistas cuestionan tampoco la entrada del Gobierno en el capital. Y menos teniendo en cuenta que el Estado es también propietario del 17% de CaixaBank. Al igual que tampoco lo hace STC. "Hay que estar tranquilos. Lo que hay que hacer es trabajar para que la participación del Gobierno ayude a dar estabilidad a largo plazo a la compañía, sin implicar interferencias en la gestión ", señala uno de estos grandes accionistas. El otro también asegura que "la participación pública no ofrece inconveniente, ya que la compañía se seguirá gestionando con criterios de rentabilidad, como cualquier otra empresa de la esfera privada".
El Gobierno presume, por último, de que cuenta con el beneplácito de Lula da Silva, el presidente de Brasil, el segundo mercado de Telefónica después de España. La presidencia de la Cámara de Comercio Brasil-España está, además, hasta el próximo año en manos de la exministra y actual responsables de Estrategia Global de Asuntos Públicos de Telefónica, Trinidad Jiménez.
A este posicionamiento favorable del Gobierno brasileño contribuye el papel esencial que desempeña Eduardo Navarro, director global de Comunicación, Marca, Asuntos Públicos y Sostenibilidad, así como presidente del consejo de la filial brasileña. Navarro, muy cercano a Lula, es también uno de los hombres de confianza de Pallete en Madrid, donde trabaja tras cosechar una excelente trayectoria profesional como máximo ejecutivo de la filial brasileña.
Con el apoyo de Lula y el de la banca, el Gobierno cierra el círculo para garantizar que el desembarco de la Sepi no contará con obstáculos. La operación se sufragará con dinero público de todos los ciudadanos, que podría destinarse a usos más útiles. Si el Estado quiere reunir un grupo industrial debería pensar primero en que se autofinancie con sus propios beneficios. La Sepi se asemeja en estos momentos más a un hospital de empresas, la mayoría en pérdidas abultadas con la excusa de que prestan un servicio público. Sus débitos superiores a 3.000 millones con un beneficio pírrico de poco más de 40 millones difícilmente le permiten acudir al mercado de capitales para endeudarse.
Los Gobiernos alemán o francés participan en el capital de sus empresas de telecomunicaciones nacionales (Orange y Deutsche Telecom, respectivamente). Pero tienen una larga experiencia en la independencia de la gestión.
Después de esta exhibición de fuerza por parte de Sánchez, ¿cuál será su próximo golpe? Junts ya intentó sin éxito, afortunadamente, cambiar la Ley para obtener la tutela efectiva de la Fundación La Caixa. No les quepa duda de que si la adquisición se ejecuta con éxito, habrá mas intervenciones.
PD.-Calviño ha puesto el broche de oro a la presidencia de la UE cerrando el pacto sobre las reglas fiscales para poner en orden las cuentas de los Estados miembros, después de la pandemia y la guerra de Ucrania. Los titulares apuntaban a que se había impuesto la austeridad germana. Pero un análisis más detallado del acuerdo muestra que no es así.
Gobiernos como el español, que tenga deudas públicos por encima del 90% del PIB, deberán poner en marcha planes de ajuste equivalentes al 0,4% de su PIB anual durante cuatro años a partir de 2025, si el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se cierra en primavera, como se prevé.
Pero los Estados miembros podrán alargar el plazo a siete años y reducir el ajuste anual al 0,25% siempre que se justifique con inversiones y reformas. Esto deja la puerta abierta a que el recorte de gasto se recorte a menos de 3.000 millones anuales en el caso español, con la excusa de que emprendemos reformas para mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Asimismo, la obligación de reducir el 1% anual el porcentaje de deuda quedará anulado si el crecimiento de la economía española mantiene la velocidad de crucero de los últimos años. El Gobierno prorroga así sus posibilidades de seguir gastando por encima de lo que debiera, gracias a nueva redacción del Pacto de Estabilidad. ¡Feliz Navidad!
