El acuerdo cerrado por el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno contempla una ley de amnistía como principal acuerdo político, la cual fue registrada este lunes 13 de noviembre. Una negociación, firmada en un texto de 23 páginas entre ambas agrupaciones políticas, que deja a un paso la reelección de Sánchez y que establece las "garantías" de los intereses independentistas ligados a los condenados por el referéndum ilegal del 1-O.
El acuerdo pactado entre Sánchez y Puigdemont tiene como eje principal la aplicación de una ley de amnistía "tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos", según explicó en una primera instancia el Secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
¿A quién beneficia la ley de amnistía?
El documento no solo otorgará impunidad a los líderes del procés (Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y otros consellers y diputados independentistas) y a los procesados involucrados directa o indirectamente, En total, se estima que se podrán beneficiar 309 encausados y 73 agentes. Concretamente, beneficiará a aquellos que, desde Junts, consideran que han sido "víctimas de una persecución judicial por el simple hecho de ser independentistas".
¿Se puede recurrir la medida?
La nueva ley configurada por Sánchez y Puigdemont sí puede ser recurrible por partidos políticos ante el Tribunal Constitucional (TC). En esta línea, el Partido Popular, único que podría hacerlo -por su número de diputados- ha anunciado que lo hará y también por las CCAA donde gobiernan. Otro que también puede recurrir es el Defensor del Pueblo.
Cuando la ley complete la tramitación parlamentaria y sea finalmente aprobada, los jueces disponen de dos meses para aplicarla y tienen dos opciones. Por una parte, aplicarla y proceder a archivar y decretar la extinción de la responsabilidad penal de los agraciados. Por otra, presentar una cuestión de inconstitucionalidad al TC o una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que dejaría en suspenso la decisión concreta del juez que lo plantea.
¿Puede regresar ya Puigdemont a España?
Si bien el documento registrado por el PSOE establece que "los jueces no podrían frenar el regreso inmediato" del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a España cuando entre en vigor la norma, está muy lejos de ser un retorno "inminente", sin riesgo de ser detenido, según ha constatado este periódico con fuentes juristas. Y es que el texto legal de 23 páginas tendrá que enfrentar una carrera de "obstáculos" -sobre todo en el Senado, cuyo reglamento ya ha reformado el Partido Popular- antes de llegar al BOE.
En esta línea, solo la tramitación parlamentaria requerirá "como mínimo seis meses y, casi con toda seguridad, un año", de acuerdo con las fuentes consultadas, quienes, además, ponen en tela de juicio que, posteriormente, se cumpla el plazo de dos meses para que los jueces hagan efectivas las exoneraciones para cada uno de los más de 300 encausados, incluido Puigdemont. Durante todo ese tiempo, el expresidente catalán fugado tendrá que mantenerse a distancia.
Vigencia de las acciones legales contra el próces
Cabe mencionar, que sin la mencionada publicación en el BOE, la amnistía es por completo "inoperativa" y todas las acciones legales emprendidas contra el procés mantienen su plena vigencia.
¿Cuándo y cómo entra en vigor la ley de amnistía?
Tras el primer paso de registro de la ley de amnistía acordada por Sánchez y Puigdemont, que se realizó el pasado lunes con el nombre 'Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña', el documento tiene que pasar por las Cortes para su aprobación y posterior aplicación. Un proceso que puede tardar alrededor de un mes en su paso por el Congreso de los Diputados, mientras que en el Senado el tiempo se ampliará debido a la reforma propuesta por el PP para alargar hasta dos meses la tramitación de dicha proposición. Aunque el PSOE planea recurrir al Tribunal Constitucional para anular dicha reforma, por lo que el plazo definitivo de tiempo quedaría en el aire. La Comisión de Reglamento del Senado, en tanto, avaló la reforma, por lo que se aprobó de manera definitiva en el Pleno ayer martes.
En este contexto, Félix Bolaños, ministro de Presidencia en funciones, señaló en su comparecencia en el Congreso que esperan que el texto entre en vigor "a la mayor brevedad posible": "Empezamos hoy la tramitación, pretendemos que sea de urgencia, que a la mayor brevedad se pueda aprobar primero por el Congreso y después por el Senado". Lo único claro es que la nueva y polémica ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
¿Se incluye el concepto 'lawfare' solicitado por Junts?
El partido de Puigdemont presionó con el concepto 'lawfare' para incluir en la medida a personas encausadas por cuestiones ajenas al procés y que, según Junts, han sido procesadas como consecuencia del mismo.
El texto, sin embargo, no incluye la mención explícita al concepto, pero establece que se constituirán comisiones de investigación que tendrán en cuenta situaciones de lawfare susceptibles de aplicar dicha ley.
