
La Comisión Europea ha recibido este martes la carta del Gobierno en funciones en la que se incluye la propuesta de ley sobre la amnistía, tras ser pactada entre el PSOE y Junts la semana pasada. Un paso tras el cual el Ejecutivo de Sánchez ha solicitado a Bruselas una reunión para poder explicarla.
Concretamente, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha remitido al comisario de Justicia, Didier Reynders y a la a vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Transparencia, Vera Jourova, una carta con el borrador de la nueva normativa, según han confirmado fuentes comunitarias.
Bolaños, además, ha solicitado reunirse con los dos comisarios para explicarle la normativa. Por lo pronto, el texto pasará a ser analizado por los servicios jurídicos del Ejecutivo comunitario en los próximos días antes de emitir valoración alguna al respecto.
Fue en rueda de prensa este miércoles que el portavoz comunitario al cargo de Justicia, Christian Wigand, ha aclarado que una vez que Bruselas haya recibido la información la analizará "a su debido tiempo", descartando dar más detalles de la evolución del proceso. A lo largo de esta semana la Comisión Europea podría llegar la evaluación de Bruselas, una vez haya sido analizada por los servicios jurídicos comunitarios.
En medio de las tensas negociaciones que la semana pasada acapararon la actualidad de la capital comunitaria, el comisario de Justicia pidió al Gobierno español "información más detallada" sobre la ley de amnistía, especialmente en lo relativo a su alcance "personal, material y temporal".
En una carta dirigida a Bolaños y la ministra de Justicia, Pilar Llop, Reynders mostraba "serias preocupaciones" tanto la propia normativa como los numerosos escritos de ciudadanos recibidos por el Ejecutivo comunitario. A falta de una propuesta formal en aquel momento, ponía de relieve la "importancia" de este tema en el debate público.
La respuesta por parte de Bolaños se remitía al registro de la normativa en el Congreso para informar a Bruselas, argumentando que se trataba de una negociación de partido y no del Gobierno. Una vez el proyecto de ley de amnistía ha sido aprobado el Gobierno, el Ejecutivo español en funciones debía enviar la carta con los detalles de la normativa así como la posición del Gobierno, según aclaró el portavoz comunitario.
Implicaciones
La ley de amnistía forma parte del pacto sellado entre PSOE y Junts la semana pasada en Bruselas para poder zanjar un acuerdo de investidura que garantice al líder socialista, Pedro Sánchez, una nueva legislativa al frente del Ejecutivo español. Se aplicará a los actos relacionados con el procés entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023 y dará a los jueces dos meses para aplicarla una vez haya sido aprobada definitivamente.
Pero la normativa ha suscitado un revuelo más allá de las fronteras españolas y entre las propias filas de los socialistas. Ayer mismo el Alto representante de la UE, el socialista Josep Borrell, manifestaba "bastantes preocupaciones lógicas" por los acuerdos cerrados la pasada semana entre ambas formaciones políticas.
"Todos los que me conocen en España, y saben mi trayectoria personal y política previa, pueden imaginar lo que pienso", agregó el jefe de la diplomacia comunitaria evitando entrar en detalles al considerar que el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE no era momento o lugar para ello.
La movilización de los populares también ha llegado a Bruselas. En realidad a Estrasburgo, pues ayer mismo el PP europeo pedía llevar la ley de amnistía al pleno de la Eurocámara de la semana que viene en la ciudad francesa. Critican que la normativa rompe con el Estado de Derecho y la igualdad de los ciudadanos.
"Las disposiciones del pacto de amnistía que han firmado amenazan con vulnerar la separación de poderes y socavar la independencia judicial", han señalado en un comunicado el líder de los populares europeos, Manfred Weber y la vicepresidenta del Grupo PPE y jefa de la Delegación española, Dolors Montserrat.