El discurso de investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno se ha dirigido a negar la posibilidad de la alternancia con un discurso divisivo y frentista , no a diseñar un proyecto para España de ciudadanos libres e iguales. Hasta el minuto 77 no comenzó a hablar de la amnistía, pero por mucho que intentó esquivarla, todos sabíamos que era el elefante en la habitación de la investidura. Sólo seis minutos dedicó a lo que le permite continuar en el poder.
Varios de los argumentos que ha esbozado el candidato son los recogidos en la exposición de motivos de la Proposición presentada por el Grupo Socialista llamada Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. No me resisto a referirme a dos de ellos.
El primero es que legisla en favor de la amnistía para mejorar la convivencia en nuestro país, pero todos lo sabemos, se ha hecho por conseguir la Presidencia del Gobierno de España. El método ha sido un pacto alcanzado en Bruselas con un prófugo de la justicia española que entrega siete votos y Sánchez paga con la impunidad. Esta norma no se aprueba por el interés de los españoles, ni para restablecer la convivencia en Cataluña. Si así fuese, el PSOE lo hubiera llevado en el programa electoral y no sólo no lo ha hecho, sino que ha negado su posibilidad en plena campaña electoral. Sólo cuando la aritmética parlamentaria ha convertido a los independentistas en imprescindibles para alcanzar el poder, Pedro Sánchez ha sostenido que la amnistía es esencial para reencontrarnos.
El segundo es el esfuerzo en diseñar un ropaje que haga encajar la amnistía en la Constitución. Pero no es posible. Para comprobarlo, basta con acudir a la voluntad del constituyente que rechazó explícitamente su inclusión en el texto constitucional mediante la votación de dos enmiendas que pretendían lo contrario, lo que saben, incluso, quienes hoy defienden que la amnistía cabe en la Constitución del 78. No hace falta ni interpretación literal, ni sistemática, ni de ninguna otra clase, la voluntad del legislador fue clara.
La razón para estar en contra de la amnistía no es que se pretenda aprobar sin ser constitucional, sino porque es contraria a los principios básicos que rigen nuestra convivencia. Hay que entender que la cuestión clave es que el standard ético que lleva a presentar una ley en la que unos políticos indultan a otros políticos es inadmisible en democracia. En otros términos, la pregunta que hay que hacerse es por qué hay que amnistiar en este momento a una élite independentista y sólo es posible encontrar una razón: conseguir siete votos. Punto final.
Con la amnistía Pedro Sánchez ha admitido que los comportamientos de los implicados en la declaración de independencia de Cataluña cometieron delitos de carácter político y a partir de la investidura de Sánchez, con la aprobación de la ley de Amnistía, estos crímenes tienen una naturaleza política e independentista y, por tanto, están automáticamente dispensados, más aún, ni siquiera existieron. Como le ha recordado en el debate Alberto Nuñez Feijóo es inadmisible sostener que en nuestra democracia haya delitos y presos políticos. En España se puede ser incluso contrario a la Constitución o defender la causa republicana o la independencia de una parte del país, pero lo que no se puede es hacerlo sin tener en cuenta las leyes que nos hemos dado.
Es cierto que desde hace unos meses vivimos en un sistema en el que unos políticos (el PSOE y sus socios) aprobaron unas normas destinadas a indultar a otros políticos para que estos dejaran de cumplir condena por los delitos de sedición y malversación, pero también lo es que a partir de la Ley de Amnistía, la sedición y la malversación se legitiman para algunos individuos a los que no se les puede reprochar nada porque lo hicieron en nombre de una causa de carácter político. ¿Qué pensaran quienes cumplen condenas? ¿Qué pensaran los que tengan alguna sanción impuesta por el Estado? ¿Por qué ya no somos todos iguales ante la ley?¿Qué fuerza moral tendrá el Estado para exigir el cumplimiento de las normas? ¿En qué lugar queda el principio de igualdad ante la ley? ¿Qué papel cumple el poder judicial en nuestra democracia?
Conseguir siete votos para continuar en el poder no puede legitimar una Ley de Amnistía, existen límites éticos que no pueden traspasarse en democracia. Hacer de la necesidad virtud, implica en este caso una indecencia para seguir sentado en Moncloa, porque resulta obsceno que unos políticos no respondan por los delitos que cometieron para que un candidato a la presidencia del gobierno alcance su propósito.
El presupuesto ético y político de nuestra democracia es la ley de amnistía de 1977, señaló Rafael Arias Salgado en nombre de UCD en el debate parlamentario que hubo sobre la misma. Aquella norma era necesaria para construir la democracia de la que llevamos disfrutando 45 años, pero ¿qué presupuesto ético está detrás de una amnistía que se dicta para conseguir unos votos en la investidura? Sencillamente ninguno, porque es una indecencia.