De las muchas barbaridades que ha firmado Pedro Sánchez con los separatistas catalanes y vascos la ley de amnistía se ha comido titulares de prensa y los informativos de las televisiones. Pero detrás está también toda una serie de no se sabe si acuerdos o meras declaraciones en el ámbito económico que no hay forma de tragar.
Una de ellas viene de Junts, que propone modificar la ley de financiación autonómica para que se facilite a Cataluña la cesión "del 100% de todos los tributos que allí se pagan". Lo cual abriría la puerta a instaurar un régimen fiscal más parecido al vasco y al navarro que al del resto de las Comunidades.
El prestigioso economista de Fedea, Ángel de la Fuente, ha dicho a propósito de esto lo siguiente:
"El impacto se notaría tanto en el sistema de financiación autonómico como en los ingresos del Estado".
En efecto, la contribución de Cataluña al sistema de financiación autonómico son unos 2.000 millones (mucho menos que lo que aporta la Comunidad de Madrid), pero la aportación de los ciudadanos de Cataluña a través de los impuestos estatales supera los 20.000 millones, más la parte que se le impute del impuesto de sociedades.
El peso de Cataluña en el PIB español es, aproximadamente, el 20% y su peso dentro del total de los impuestos es aún mayor. Renunciar a esos ingresos por parte del Estado significaría un inasumible palo al conjunto de la economía del país y a las catorce Comunidades Autónomas restantes, que son de régimen común.
Ignacio Zubiri, catedrático en la Universidad del País Vasco, ha dicho lo siguiente al respecto:
"Darle un Cupo a Cataluña es doblemente perjudicial porque desmantelaría el sistema de financiación y pondría en peligro la política económica del gobierno central. […] Aunque la propuesta de Junts no define cómo será la cesión, si esta se acompañara de más competencias normativas sobre los impuestos, se abriría una vía para la competencia fiscal y la creación de desigualdades fiscales regionales".
Otro catedrático, Santiago Lago, de la Universidad de Vigo, ha declarado también a El País lo siguiente:
"Generaría un enorme agravio comparativo que no veo posible de gestionar. El sistema foral hoy es una anomalía en el mundo. Y su aplicación injusticia fiscal. Ampliarlo hacia Cataluña, sin ningún tipo de anclaje constitucional, agravaría esa anomalía e injusticia".
¿Y qué decir de la entrega de la gestión de la Seguridad Social al Gobierno vasco? En el País Vasco, los déficits que generan las pensiones no lo cubren ni en un euro los vascos, sino el resto de los españoles, lo cual es, lo diré corto y claro, un verdadero atraco. En tales condiciones, el PNV no quiere hacerse cargo de la financiación de la Seguridad Social, lo que quieren estos aprovechateguis es mangonear allí a su gusto la gestión de la Seguridad Social exigiendo, por ejemplo, que todos los funcionarios hablen vascuence.
Esperemos que se pasen estos calores y que Sánchez, como tantas otras veces, se olvide de lo prometido en materia fiscal y que estas salvajadas se diluyan como humo y, si es posible, se reforme el sistema actual de financiación autonómica, aunque sea un desastre ininteligible.
