El pasado jueves, el PSOE firmó con Junts per Catalunya uno de los acuerdos más criticados, también en cuestiones fiscales, de la democracia. Previamente, unos días antes, el PSOE se había comprometido a condonar 15.000 millones de euros, un 20%, de la deuda pública de la Generalitat, dentro del acuerdo de investidura con Esquerra Republicana de Cataluña, ERC. Este compromiso de condonación se extendería, en principio, a todas las CCAA de régimen común. Por supuesto, la medida de condonar la deuda también ha recibido críticas, pero hay varias diferencias sustanciales respecto del acuerdo con Junts, que, por ser suave, no hay por dónde cogerlo, tampoco en el ámbito económico.
Comenzando por el acuerdo con ERC, la primera pregunta que se hace cualquiera cuando oye hablar de condonar deudas, es la del escritor catalán Josep Pla, "y esto, ¿quién lo paga?". Si el acreedor es el Estado, que a su vez debe el dinero a los titulares de la deuda pública, en principio pagamos todos los contribuyentes. Si las condonaciones no se hacen en igualdad de condiciones, entonces los contribuyentes de un territorio, al que más se le condona, salen beneficiados a costa de los contribuyentes del territorio que obtiene una menor condonación. Y es muy complicado poner de acuerdo a las quince CCAA de régimen común en un reparto de la condonación. Un segundo factor a tener en cuenta es el denominado "riesgo moral", es decir, fomentar la gestión menos responsable, el déficit y el endeudamiento, porque luego vendrá el Estado y repartirá la deuda entre todos: entre exigir a mis contribuyentes más impuestos, dar menos servicios públicos o que "pague el vecino", sería la tercera opción por la que optarían las CCAA.
Un tercer problema es el de los intereses de la deuda. Los intereses que se ahorra la Comunidad Autónoma suponen menos intereses que cobra el Estado, que, de todas formas, tendrá que pagar los intereses de la deuda a sus titulares. Por este sistema, se transfiere capacidad de gasto a las CCAA. Si las CCAA no se gastan este dinero, a efectos de cumplir el déficit, no hay problema. Pero, si se lo gastan, que es lo más probable, especialmente habiendo elecciones a corto plazo en Cataluña, que es la Comunidad más endeudada y con más presupuesto, entonces el cumplimiento del objetivo de déficit de 2024 se complica.
"Nos enfrentamos a un coste económico, social y jurídico sideral"
El próximo año 2024 entran en vigor las reglas fiscales y España se ha comprometido a tener un déficit consolidado inferior al 3% del PIB. A esto hay que añadirle que las CCAA tendrán una liquidación adicional del Sistema de Financiación de unos 14.000 millones de euros. Esto se debe a que, en 2022, debido fundamentalmente a la inflación, se recaudó mucho más de los previsto en IVA e IRPF. Un 50% de estos impuestos corresponde a las CCAA y la diferencia de recaudación se liquida dos años después. Esto, junto con el efecto de los intereses condonados, exigiría que las CCAA no sólo redujesen su déficit, sino que cerrasen en superávit, como ya advirtió la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, incluso antes de que se acordase la condonación. Ahora bien, esta exigencia hay que realizar en unos objetivos de déficit, que, de acuerdo con la actual ley de estabilidad presupuestaria, tienen que aprobar tanto el Congreso de los Diputados como el Senado. Por supuesto, una vez aprobados los objetivos de déficit, lo que podría no ser ni rápido ni sencillo, dadas las mayorías en ambas Cámaras, queda cumplirlos.Otra cuestión adicional es que hay varias CCAA que deben muy poco al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), es decir al Estado. Especialmente, la Comunidad de Madrid y el País Vasco y Navarra no deben nada al FLA. Esto supone que para condonar deuda a Madrid hay que realizar una transferencia, y que el Estado emita deuda nueva. Esto plantea el problema de que hay que modificar la Ley Orgánica de Financiación de CCAA, LOFCA, que prohíbe las condonaciones y sólo excepciona al FLA. Por otra parte, esto aumentaría los gastos financieros de la Administración General del Estado. Y en teoría, un 6,24% en el caso del País Vasco y algo más del 1% en el caso de Navarra, se debería tener en cuenta para el cálculo, respectivamente, del cupo vasco y la aportación navarra. Además de las espinosas cuestiones políticas, habría que emitir más deuda, mientras se complica el objetivo de déficit, todo lo cual podría acabar afectando a la prima de riesgo.
"Éste no es un acuerdo bilateral sino un pacto que reconoce "singularidades""
Con todos los problemas que plantea, una reestructuración, con contrapartidas, no una mera condonación, de la deuda autonómica podría ser el complemento de una reforma en profundidad del sistema de financiación autonómica, que tuviese entre sus objetivos que todas las CCAA se pudiesen financiar en los mercados, lo que incrementaría tanto su autonomía financiera como su corresponsabilidad fiscal. Pero, lo más problemático es que se ha comenzado la casa por el tejado, y, además, no se ha negociado multilateralmente, sino sólo con el partido que gobierna, en minoría, en Cataluña, ERC.
Pero, todo esto queda condicionado, y de forma muy negativa, por acuerdo del jueves entre el PSOE y el partido de Puigdemont. Por una parte, éste no es un acuerdo bilateral que se pretenda extender, sino un acuerdo que reconoce singularidades.
Por otro lado, en estas cuestiones fiscales, y en la del "referéndum" no hay acuerdos, sino que se han pactado desacuerdos, cada parte mantiene su postura. El problema es que esto se negociará de forma permanente y bilateralmente en una mesa con un relator internacional. En la primera reunión, a celebrar en el mes de noviembre, Junts, "de entrada", promoverá "una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción… que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya". Si esto no se cumple, Junts no garantiza la estabilidad de la legislatura.
La excepción a la LOFCA del País Vasco y Navarra se deriva de la Disposición Adicional 1ª de la Constitución. Sin embargo, en el caso de Cataluña, no hay anclaje constitucional. Por otra parte, la cesión del 100% de los impuestos a la Generalitat implicaría, si no se pacta una compensación muy superior al actual cupo vasco (y aportación navarra), dejar herido, probablemente de muerte, al sistema de financiación autonómica, es decir a la garantía de financiación de los servicios públicos fundamentales de sanidad, educación y servicios sociales en toda España. Otra consecuencia inevitable sería la fragmentación de la Agencia Estatal Tributaria, con sus muy negativos efectos de descoordinación, fraccionamiento de bases de datos, aumentos de costes, y en la lucha contra el fraude fiscal.
Este "pacte fiscal" (en palabras de Puigdemont) tendría un coste jurídico, social y económico sideral. Además, la constitucionalidad de todo el acuerdo es más que dudosa. Por ejemplo, si el artículo 138.2 de la Constitución establece que las diferencias entre Estatutos no pueden implicar privilegios económicos y sociales, establecerlos sin tocar el Estatuto de Autonomía sería aún menos constitucional.
Éste y otros aspectos del acuerdo han sido durísimamente criticados por todas las asociaciones de jueces, fiscales, CGPJ… y también por la asociación de mis compañeros, los inspectores de Hacienda, que concluía su comunicado con un llamamiento urgente, al que me uno, "a la recuperación de la racionalidad, del sentido común, de los principios que inspiran nuestro régimen constitucional y de la búsqueda de consensos políticos estables …".
