El pacto de la infamia

El proyecto de cambio de Régimen iniciado por la coalición social comunista desde su acceso al poder en 2019, cuya segunda fase se concretó con el acuerdo programático entre el PSOE y Sumar, ha cerrado el circulo rupturista con el pacto entre el PSOE y Junts. De llevarse a la práctica, la combinación de ambos supone la destrucción de la democracia liberal, el control de la economía por el Estado, la transición hacia un modelo de sociedad y de Estado inédito en el mundo occidental por su corte autocrático-totalitario y sienta las bases para la ruptura de España. El sistema consensuado por todas las fuerzas parlamentarias en 1978 está muerto. Los socialistas y sus aliados han decido romperle con una mayoría precaria, sin dar voz a los ciudadanos españoles y con una sola finalidad: mantener en el poder al líder del PSOE.

De entrada, el texto del acuerdo entre el PSOE y Junts supone la aceptación por el Gobierno de la legitimidad del relato independentista, esto es, la asunción de la opresión del Estado a Cataluña no ya en el pasado, sino desde la instauración de la democracia en España. Esa ficción supone de facto asumir el derecho del Principado a la autodeterminación, la deslegitimación de todas las actuaciones legales y constitucionales desplegadas para preservar el Estado de Derecho en Cataluña y el respaldo a las iniciativas realizadas desde la Generalitat en violación del orden legal y de la Constitución. Que el Gobierno de la nación hay firmado un texto en el que se dice que la Justicia ha empleado la law fear (guerra judicial) contra el independentismo es sencillamente declarar prevaricadores a los jueces y justificar la rebelión contra sus resoluciones.

Por otra parte, que el Gobierno de una democracia europea asuma la presencia de un vigilante internacional para velar por el cumplimiento de los hitos pactados con el independentismo refuerza la tesis central del discurso de aquel, un Estado opresor de Cataluña al tiempo que sitúa en el mismo nivel de legitimidad a quienes tienen la obligación de defender su preservación con quienes siguen manteniendo su voluntad de destruirle. No existe precedente alguno de este tipo en los sistemas democráticos del mundo occidental y habría que remitirse a los acuerdos realizados entre los gobiernos latinoamericanos o africanos y las guerrillas para cesar con las hostilidades bélicas en algunos países localizados en esas áreas geográficas.

Aunque los compromisos concretos están redactados de manera ambigua y, en apariencia, muestran una discrepancia entre socialistas y juntsitas, lo cierto es que se trata de un puro juego literario. Así, el Gobierno dice apostar por un desarrollo del Estatut pero ha puesto su firma en un texto que otorga legitimidad a la demanda por parte del independentismo de un referéndum de autodeterminación. Se plantea la creación de comisiones parlamentarias para revisar si hubo politización en las resoluciones de los jueces, lo que transforma el Parlamento en un órgano de revisión judicial, quebrantando los principios de división de poderes e imperio de la ley, lo que concede al Ejecutivo-Legislativo un poder absoluto.

En la parte económico-financiera, Junts aspira a recibir el 100 por 100 de lo recaudado por todos los impuestos en Cataluña. No se trata de un enfoque parecido al concierto vasco, sino de la profundización en el modelo actual potenciado su falta de corresponsabilidad fiscal. La Generalitat, como hasta ahora, no tendría porque molestarse en elevar impuestos para ingresar más ni en acoplar sus gastos a ello. Simplemente, el Estado actuaría como recaudador por cuenta ajena y transferiría al Govern todo lo obtenido en Cataluña. Y, por supuesto, no hay referencia alguna a la solidaridad. Es decir, se plantea un esquema maximizados de los ingresos tributarios sin coste político alguno para el Principado y, por supuesto, sin reformar la Constitución para hacerlo posible.

Cuando se habla de instrumentar un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios, no parece que la fórmula sea mejorar los incentivos fiscales, regulatorios, de seguridad jurídica etc a los que no se hace referencia. Dado el ideario, el estilo y el comportamiento mostrado por este Gobierno a lo largo de los últimos cinco años, todo sugiere que su ayuda tiene muchas probabilidades de materializarse en el uso de instrumentos menos elegantes para conseguir ese objetivo que oscilan entre la amenaza y el chantaje con un amplio abanico de opciones intermedias. El proyecto de retorno empresarial puede ofrecer al Gobierno central y a la Generalitat una oportunidad para tener mayor influencia y control sobre tejido empresarial, en concreto, sobre algunas grandes compañías.

Y, por supuesto, en el pacto PSOE-Junts no existe referencia alguna a proteger y garantizar los derechos y libertades de los catalanes no independentistas. Y, para más inri, esto se hace en un momento en el que el soporte electoral a las fuerzas que los representan está en franco declive. Aunque los derechos de las minorías han de ser respetados en cualquier democracia liberal, la situación en Cataluña ni siquiera es ésta. ERC y Junts estaban en pleno y marcado retroceso, su apoyo es menor al del constitucionalismo en sentido amplio y, por tanto, fundamentar el acuerdo, como también se hace, en la existencia de una abrumadora mayoría en pro de la independencia es una falacia.

España ha entrado en una dinámica que la aleja cada vez más de las democracias liberales y, también, de preservar una mínima estabilidad estatal. El proceso de deconstrucción de los elementos básicos de un Estado democrático y viable están en serio peligro. Y ese el precio a pagar por una sola razón: el Ego inconmensurable de un autócrata con ínfulas de Caudillo, eso sí, ni responsable ante Dios ni ante la Historia.

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky