En menos de tres semanas, desde el 24 de octubre, el PSOE ha firmado tres acuerdos con sus socios políticos de Sumar, ERC y Junts encaminados a modificar la estructura política, económica y fiscal de España con un coste de más de 60.000 millones para las arcas del Estado. El pacto rubricado esta semana con Puigdemont colma las viejas aspiraciones independentistas de gestionar el cien por cien de los tributos y tener un cupo similar al del País Vasco.
Pero con la diferencia de que Euskadi representa el 6,41 por ciento del PIB español y Navarra, el 1,6 por ciento, según e cálculo del cupo de 1981, mientras que el porcentaje catalán ascendería al 19 por ciento. Ello abre una espita de unos 20.000 millones en los ingresos del Estado, a los que habría que añadir los 2.168 millones que aporta al Fondo de Compensación Interterritorial. La suma de estas transferencias equivale a los 22.000 millones que la consejera de Economía de la Generalitat, Nuria Mas, estima el déficit fiscal con el Estado, la diferencia entre los que recibe y aporta a éste.
Una iniciativa similar ya fue descartada en pactos de la Transición negociados por Jordi Pujol con Miquel Roca o luego en los del Majestic con Rato y Aznar, porque eran inasumibles para las cuentas públicas.
A partir de ahora, Cataluña se situaría junto al País Vasco y Navarra entre las autonomías con mejor financiación per cápita por parte del Estado, prácticamente el doble que el resto. La gran perjudicada sería Madrid, como ya es habitual con otras medidas del Gobierno. Véase el impuesto de grandes fortunas ó el perdón del 20 por ciento de la deuda autonómica, aportada por el Fondo de Liquidación Autonómica (FLA), al que Madrid no pertenece.
El pacto rompe con los principios de igualdad y de solidaridad recogidos en la Constitución y obligará a reformar la Ley de Financiación Autonómica (LOFCA) introduciendo una excepcionalidad, sin el concurso de las autonomías, como recoge en su articulado. Los inspectores de Hacienda fueron los primeros en poner el grito en el cielo ante una posible participación de la Agencia Tributaria, que dificultaría, además, la persecución del fraude.
Pero eso no es lo peor. El acuerdo bendice el referéndum de independencia convocado el 1 de octubre por Puigdemont y anuncia la celebración de otra consulta en una fecha aún por determinar. Asimismo, acaba con la división de poderes al tratar como prevaricadores a los jueces por las actuaciones legales para perseguir los delitos de los independentistas, que califica como lowfair o iniciativas políticas. Por último, acepta la figura del mediador o verificador internacional para resolver el conflicto, con lo equipara a ésta con al Estado en pie de igualdad.
Una completa capitulación del Gobierno de Sanchez ante un prófugo, perseguido por la Justicia del que había renegado una y mil veces. ¿Por qué cede ahora a todas sus exigencias? La explicación sencilla es porque necesita sus siete votos para ser investido como presidente en la próxima legislatura.
En esta caso, concurre una circunstancia excepcional. El Gobierno está pagando el error de rubricar el compromiso con ERC antes que con Puigdemont. La foto de la firma del acuerdo entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños y el líder de ERC, Oriol Junqueras, provocó que el acuerdo con Junts se retrasara varios días. Este contratiempo , unido al auto del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en el que imputa a Puigdemont un presunto delito de terrorismo por los disturbios callejeros de por los CDR desató la ira del líder independentista, que amenazó con no firmar.
El error de Sánchez encareció la factura del acuerdo. Los de Puigdemont volvieron a reivindicar el referéndum, que había sido abandonado en los últimos discursos, y exigieron la autonomía fiscal completa, de manera que Cataluña recaude y administre todos sus impuestos como si fuera un pequeño Estado soberano, una suerte de autodeterminación fiscal.
Los socialistas, presionados por las fechas y ante el temor de que el acuerdo se rompiera en el último momento, aceptaron prácticamente sin rechistar, según fuentes cercanas. Los tiempos son muy importantes en política. "Fue un error de bulto", reconocen.
Ni Junqueras ni Puigdemont escatiman esfuerzo para pisotear la Constitución ni muestran signo alguno de arrepentimiento. El acuerdo con ERC de condonación del 20 por ciento de la deuda viola el artículo 2 de la Ley de Financiación Autonómica porque se toma de manera unilateral.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había prometido revisar de manera equitativa el reparto de la financiación entre las autonomías de régimen común, que lleva caducado desde 2014. Un estudio reciente de la Fundación de los Cajas de Ahorro (Funcas) señalaba a cuatro regiones (Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha) como receptoras de una cantidad inferior a la media.
Ninguna de ellas estará entre las beneficiadas por el acuerdo con Junqueras ó Puigdemont, pese a que tendrían que beneficiarse de una quita superior a la media para compensarlas, lo que encarecerá aún más la factura para el Estado. Los despropósitos contenidos en los compromisos rubricados por los socialistas son inefables para una ministra, que cuando fue titular de la consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, cargaba contra Cataluña por recibir un trato privilegiado.
La cesión de las Rodalíes, los trenes de cercanías, a la Generalitat, se ha hecho sin tener en cuenta las circunstancias ni de la plantilla ni de la empresa. Los sindicatos han convocados paros en el próximo puente de diciembre en señal de protesta. La gran mayoría de la plantilla de maquinistas de las Rodalíes son de fuera de Cataluña y su aspiración a marcharse a otro destino después de tres años en sus puestos, quedaría así frustrada de por vida. La única manera de retenerlos sería mejorando las condiciones del convenio con Renfe con más dinero.
Nadie conoce tampoco cómo ni cuándo se ejecutará la creación de la sociedad a medias entre la Generalitat y Renfe, ni la partida presupuestaria con la que contará. Pero todos coinciden en que no servirá para mejorar el servicio ni para evitar las múltiples interrupciones que sufre por culpa de las obras.
Al revés, se teme mayor descoordinación ya que algunas de las líneas operadas por Adif pasarán al gestor de infraestructuras de la Generalitat. "Es imposible que el acuerdo se ejecute antes de par de años", señala un alto directiva de Renfe.
Esta es la única esperanza que cabe, los documentos firmados no recogen plazos, son meras cartas de intenciones, cuya aplicación llevará años en tramitarse. La vuelta de las empresas a Cataluña ni si quiera se explica cómo se conseguirá. Ninguno de los grandes directivos consultados por elEconomista tiene intención de volver.
Todo va a depender de la duración de la legislatura, pero las dificultades para mantener alineados a tantos partidos con intereses tan diversos auguran una legislatura de transición, pese a que Sánchez defiende lo contrario. El propio Puigdemont advirtió a los socialistas que "la confianza hay que ganársela día a día".
La indignación en el mundo empresarial es notable. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, convocó un comité ejecutivo el lunes para analizar la situación. Si a la cesión de tributos y la condonación de la deuda se une la reducción de la jornada laboral y el alza del Impuesto de Sociedades prometido a Yolanda Díaz ó el incremento de cotizaciones de Escrivá, la presión fiscal para las empresas se va a ser inaguantable. Y quedaba el PNV, que para no ser el pagafantas en la negociación, logró la transferencia de la Seguridad Social, entre otros asuntos.
Las cuentas no salen. Con un déficit en el 4 por ciento y una deuda en el 111 por ciento del PIB, se carece de una hoja de ruta para sanear las finanzas públicas en los próximos años. Todo lo contrario, cada vez hay más promesas de gasto, que serán imposibles de atender.
El futuro es incierto. Si Sánchez y sus socios cumplen sus promesas acabarán con el modelo de democracia de la Transición para dar paso a una economía centralizada e intervenida, de rumbo impredecible, y sin un estado de derecho que la repalde.
