El expresidente del BBVA se niega a dimitir. Ni la petición del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ni la del presidente de la entidad financiera, Carlos Torres, para que deje "lo antes posible" la entidad parecen hacer mella en Francisco González, que se pasó más de veinte años de su mandato predicando con la reputación y dando lecciones de ética al resto. ¿Cuándo va a poner en práctica su propia teoría en sí mismo? ¡Qué verdad es aquello de que se ve antes la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio!
Sin embargo, el reloj para su salida ha iniciado ya la cuenta atrás, porque tanto el BCE como el Gobierno dieron ya un toque a Torres para que acelere su decisión. El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, exigió públicamente esta semana que se actúe de manera "rápida", al igual que lo hizo la ministra de Economía, Nadia Calviño, en una conversación mantenida con Torres el miércoles pasado en el Foro de Davos.
El consejo de la entidad financiera, que fue aplazado por el viaje de Torres a Davos, abordará este asunto en la reunión prevista esta semana para aprobar los resultados trimestrales y anuales, que se darán a conocer el viernes. Se da la circunstancia de que una mayoría de sus miembros son reacios a prescindir de González hasta que concluya la investigación abierta por el banco, que esta semana desveló la contratación de nuevas auditorías para rastrear los correos de todos los consejeros desde 2005, incluidos los del propio Torres.
González había creado un consejo a su medida, que sigue dándole su apoyo incondicional. Los consejeros deberán percibir antes de la Junta de accionistas, prevista para mediados de marzo, el bono anual por los servicios prestados, entre los que se encuentra la fidelidad al presidente saliente, ahora llamado de honor.
Torres sufre presiones tanto del entorno de FG como del propio expresidente, que se niega a marcharse hasta hallar hechos contundentes en su contra. La entidad asegura que en las investigaciones no han aparecido hasta ahora pruebas de que se realizaran escuchas ilegales, lo que concuerda con la tesis sostenida por el expresidente, quien sostiene que desconocía esas escuchas.
Los informes de Villarejo en poder de elEconomista sí señalan, sin embargo, que se realizaban escuchas de manea ilegal no solo al entorno del expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, y del exministro de Industria, Miguel Sebastián, los dos cabecillas del complot, que Villarejo denominaba con las siglas GH (Grupo Hostil), sino a toda la banca.
Varias cajas de ahorros fueron socias de Sacyr y en una de las conversaciones, la exvicepresidenta, Teresa Fernández de la Vega busca la complicidad de Emilio Botín para expulsar a González. El aún presidente de honor, probablemente, quiso conocer si otras entidades financieras participaron en el asalto. En este sentido, se realizaron seguimientos y escuchas a Juan Abelló, en los viajes realizados a Suiza, Chile o Portugal para mantener encuentros con entidades extranjeras en busca de apoyos para la operación, según los papeles de Villarejo en poder de elEconomista, que iremos desgranado durante las próximas semanas.
Villarejo presume en el informe final de la intervención de más de 16.000 comunicaciones, de las que sólo 869 resultaron relevantes. Además, se presionó con acusaciones falsas o que atentaban contra la intimidad a varios de los integrantes del llamado Grupo Hostil. Entre ellos, el exministro Miguel Sebastián, al que se amenazó con difundir sus relaciones sentimentales con un directivo, que en la actualidad preside una de las grandes empresa que forman parte del Ibex 35.
El documento concluye que "los trapos sucios facilitaron que el asalto al banco se frustara, ya que los afectados prefirieron abandonar el Grupo Hostil par evitar que determinadas informaciones sobre su vida salieran a la luz".
Ante la negativa de González a marcharse y el respaldo obtenido entre los consejeros, Torres se marchó esta semana a Bruselas decidido a esperar los resultados de todas las investigaciones puestas en marcha en busca de pruebas que respalden una u otra tesis. Pero allí se encontró con la presión de los organismos reguladores como el BCE o la ministra Calviño para que evite una crisis reputacional, que puede afectar a todo el sector financiero.
El Banco de España y la CNMV, dirigidos por Pablo Hernández de Cos y Sebastián Albella, respectivamente, son también partidarios de liquidar cuanto antes el asunto, aunque no se pronuncian abiertamente.
En el sector causa perplejidad que Torres aceptara el nombramiento de González como presidente de honor y de la Fundación, dos cargos ligados a la reputación de la entidad, hace solo unas semanas, cuando sabía que iba estallar el escándalo de las escuchas.
"Torres debería dar un golpe de efecto y echar a González"
González adelantó la jubilación del jefe de seguridad de todo el grupo en las últimas décadas y el encargado de dirigir la trama, Julio Corrochano, y la de él mismo, avisado de que Villarejo se disponía a filtrar los documentos.
¿Fue un gol de González? Ahora la pelota está en el tejado de Torres. De él depende que el banco mantenga su buen nombre en el futuro.
Torres debería dar un golpe de efecto y echar a González. Así reafirmaría su autoridad y se acreditaría como un buen presidente, que vela por los intereses de la entidad y de sus accionistas.
¡Tantos años advirtiendo de que la amenaza para BBVA eran Google o Facebook! ¿Quién iba a pensar que el mayor riesgo estaba en el propio González? La reputación, como el honor, se gana con esfuerzo tras largos años de trabajo, pero se pierde en poco tiempo.
PD.-Me causó vergüenza ajena escuchar esta semana a uno de los cabecillas del comité de empresa de los taxis de Barcelona presentar como un éxito frente al progreso tecnológico el decreto firmado por la Generalitat, que prácticamente expulsa a la VTC de la ciudad. Creo que es lo contrario, un regreso al pasado. Si no son las VTC serán los coches, las motos o los patinetes eléctricos los que inunden las ciudades.
Las nuevas tecnologías han llegado para quedarse y oponerse al cambio no acarrea más que retrasos y pobreza. Y más si es a costa de consagrar concesiones públicas como el taxi, plagadas de irregularidades con la reventa de licencias o la defensa de viejos privilegios quieren acabar con los de los demás.
No soy defensor de las VTC como Uber o Cabify, porque tienen muchas cosas que corregir, como la precariedad de sus conductores o el pago de impuestos en paraísos fiscales por ingresos obtenidos en nuestro país. Sus directivos hacen las cosas mal, se saltan las normas como las de la geolocalización y actúan con soberbia y despreció hacia los demás. Las administraciones deben endurecer las sanciones para corregir estos comportamientos, pero no expulsarlos del mercado.
Aún más deplorable es el comportamiento de los taxistas madrileños. Intentaron boicotear Fitur, la feria más internacional y uno de los pocos emblemas que quedan por lucir a la Marca España. Así van a conseguir sólo que los ciudadanos nos hartemos de los taxistas, busquemos alternativas y no volvamos a utilizar sus servicios. Es lo que pienso hacer si continúan con su despropósito.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en vez de traspasar sus competencias a las autonomías, debería haber desrregulado el sector, para que compitiera en total libertad, como pide la CNMC.
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